STS 172/2012, 12 de Marzo de 2012

Ante la sentencia absolutoria el recurrente en el primer motivo pretende alterar los términos del hecho probado, acudiendo al error facti ( art. 849.2 de la LECriminal ) como cauce procesal para lograrlo.

1. - Como documentos imprescindibles, cita tres dictámenes periciales que una reiterada jurisprudencia ha venido considerando como documentos a efectos casacionales. Con todo ello el recurrente quiere desvirtuar los argumentos o interpretaciones que el Tribunal realiza de las pericias invocadas en los folios 13 y 14 de la sentencia recurrida.

   Los documentos o dictámenes periciales serían los tres siguientes:

   1. El obrante a los folios 466 y ss. relativo al informe grafístico sobre la autoría de las firmas estampadas por el representante de Rotoprint S.A., Jon , en el que se pretende acreditar si le pertenecen al mismo o han sido estampadas por el acusado Miguel Ángel .

      El informe del folio 466 y ss. es continuación de dos previos emitidos el 24 de enero de 2006 y 14 de marzo de 2007 , en la que los peritos carecían de suficiente material de contraste para emitir el dictamen. Para ello se acude a un cuerpo de escritura que efectuó Miguel Ángel . Con el nuevo cuerpo de escritura indubitada los peritos dictaminaron que "las firmas dubitadas objeto de estudio han sido extendidas por su titular D. Miguel Ángel a tenor de la documentación indubitada de la que se ha dispuesto".

      Tal dictamen después del tiempo transcurrido de los dos anteriores, se ha efectuado en unos términos que, a juicio del tribunal de instancia, la conclusión es que las firmas supuestamente estampadas por el vendedor y en el lugar donde figura el nombre y apellidos del mismo, confirma que todas ellas han sido puestas por el acusado Miguel Ángel , por lo que dicho informe resulta irrelevante. Pues bien, con tales dictámenes el recurrente se propone demostrar un error del Tribunal entendiendo que las firmas del comprador Jon fueron estampadas por el acusado.

   2. Certificado obrante a los folios 388 y 490. En dicho certificado remitido por Rotoprint S.A. se acredita que el acusado facilitó el papel necesario para la impresión de las revistas, cosa distinta es que fuera todo él empleado o que se depositara o no en los almacenes de la empresa Rotoprint. En cualquier caso del certificado se acredita que dejó de utilizarse una cantidad importante de papel durante la vigencia de los diversos contratos (487.371 kgs). El engaño pretende residenciarlo la querellante en que los contratos los firmó en la creencia de su autenticidad, desembolsando por los mismos la cantidad expresada en ellos.

   3. Informe pericial de D. Victor Manuel (folios 433 a 445). En él llega a la conclusión de que la cantidad de papel comprado en cada uno de los contratos estaba dentro del rango previsible de papel necesario para la realización de los trabajos previstos.

      Frente a tal dictamen el recurrente hace notar que el precio medio del contrato es superior al precio de mercado del papel ofrecido por diferentes distribuidores. Esta práctica es habitual cuando es la empresa de artes gráficas la que se encarga de comprar, almacenar y gestionar el papel necesario para el trabajo. Normalmente no suele superar el 20%.

      Además del precio del papel, con base en tal dictamen pone en entredicho la cantidad de papel comprado para realizar la producción prevista en los contratos y el realmente empleado, así como las discrepancias entre los contratos y las facturas.

2. - El cauce procesal utilizado, como es patente, tiene como finalidad, reiterada una y otra vez por la jurisprudencia de esta Sala, provocar la rectificación del factum de una sentencia para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia se impone incontestablemente del particular del documento designado, o bien excluir del relato probatorio un hecho que el Tribunal declaró probado erróneamente, en tanto su inexistencia resultaba del mismo modo incuestionable del particular documental que el recurrente designa. En este sentido la pretensión modificativa pretendía excluir del relato histórico la expresión "No consta quien es el autor de la firma correspondiente a dicho testigo ". Y por el contrario en su lugar declarar probado que fue el acusado quien falsificó las firmas de los últimos cuatro contratos de suministro de papel, atribuidas al representante de Rotoprint S.L ( Jon ).

   Es cierto que también esta Sala, ante la pretensión modificativa sustentada en dictámenes periciales ha declarado que con carácter excepcional la prueba pericial puede operar como documento: "siempre que existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo de otras pruebas, el Tribunal los tenga en cuenta como base única de los hechos declarados probados pero incorporándolos al factum de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, alterando relevantemente su sentido originario; o bien cuando contando sólamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal haya llegado a conclusiones divergentes, sin expresar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable".

   No cabe pasar desapercibido un condicionante genérico, cuya concurrencia se impone como requisito de la estimación de un motivo de esta naturaleza y es el carácter del documento, que debe estar adornado de la nota que se ha dado en llamar "literosuficiencia", lo que significa que el contenido documental en el particular señalado debe prevalecer de modo directo por su inequívoco tenor o dicción, esto es, debe imponer sus términos por su propio poder demostrativo directo sin precisar de la adición de ninguna otra prueba complementaria ni recurriendo a conjeturas, argumentaciones o personales interpretaciones.

3. - Dicho lo anterior e incidiendo el motivo sobre la autenticidad de la firma del representante de Rotoprint S.A., hemos de hacer las siguientes afirmaciones:

   1. Cuando el perito o peritos comparecen a juicio y se someten a un interrogatorio con la debida contradicción sobre la base documental del dictamen, se ha producido o puede haberse producido una inevitable matización de los dictámenes cuyo alcance y sentido sólo puede valorarse por el tribunal de origen que los ha percibido con inmediación o como afirma la S.T.S. nº 427/2010 de 26 de abril de 2010 : "los peritos acudieron al juicio oral y su pericia ha sido objeto de valoración, desde el contexto de su emisión en la inmediación del Tribunal de instancia. De ahí que haya perdido la condición de equiparable a lo estrictamente documental".

      El recurrente acude a estas tres pericias porque discrepa de la interpretación que de esos hechos realiza el Tribunal de instancia a los folios 13 y 14 de la sentencia. Pero tal interpretación tiene a su vez, en lo referente al primero de los dictámenes, -que constituye la base de los vicios de los dos siguientes-, una serie de datos o circunstancias probatorias que avalan la convicción del Tribunal de que tal dictamen resulta irrelevante porque lo único que dijo el perito es que donde debía figurar la firma del vendedor ( Miguel Ángel ), aparecía la firma auténtica del mismo, dado que fue el cuerpo de escritura redactado por éste el examinado por los peritos y no el de Jon .

      Alguna de las razones argumentales acerca de esta fundada convicción de la Audiencia Provincial se pueden concretar en las siguientes, que el Fiscal oportunamente refiere:

      A.- Se dice que las firmas estudiadas fueron extendidas "por su titular". Es evidente que el acusado Miguel Ángel no puede ser calificado como titular de las firmas de Jon , so pretexto de cuál fue la pericia que se le solicitó inicialmente.

      B.- Al folio 472, en el mismo informe, precisa la Policía Científica que va a proceder al estudio comparativo entre las firmas dubitadas e indubitadas de D. Miguel Ángel . En momento alguno hace referencia a firmas dubitadas de D. Jon .

      C.- Dentro del estudio, al folio 477, se hace "especial mención" a la firma "atribuida a Miguel Ángel " en la primera página de uno de los contratos cuestionados y acto seguido se procede al análisis del primer elemento de la firma dubitada que se identifica con la letra "C". Dicha letra es la primera del nombre del acusado pero no aparece, como mayúscula, ni en el nombre ni los apellidos de D. Jon .

      D.-

   1. Que cuando se quiere comprobar la autenticidad de una firma, esto es, demostrar que se ha estampado por la persona a la que se atribuye ( Jon ), los rasgos grafísticos que deben examinarse en primer término son los del que se supone que es su autor, en los que surgen los rasgos personales de su propia escritura. Eso no se hizo en nuestro caso.

   2. Es prácticamente imposible determinar que esa firma se suplantó por la de Miguel Ángel , ya que si éste pretende falsificarla, haría esfuerzos para deformar o prescindir de sus propias características o rasgos caligráficos, para aproximarse a las de la firma imitada. Faltaría la espontaneidad de una firma en la que pudieran detectarse los rasgos idéntitarios propios de quien la realiza, cuando su voluntad es deformarlos, ajustándolos al resultado falseado que quiere conseguir.

4. - Respecto al dictamen de los folios 388 y 490, en el que se demuestra que el acusado facilitó el papel necesario para la impresión de las revistas, cualquier incidencia contractual, esto es, si fue todo él empleado en ello o se sirvió o depositó el sobrante en algún lugar, son vicisitudes puntuales de un contrato que claramente está reflejado en un documento al que debían someterse las partes.

   En los contratos se habla de la cantidad de papel que se vende y cualquier presunto engaño dimanante de la ausencia de firma del representante de Rotoprint S.A., en tanto no se acreditó falsedad o suplantación alguna, no puede prosperar porque no se ha producido, y además choca con los términos de los contratos y las facturas de venta del papel, a lo que se añade la testifical del representante legal de Rotoprint. Existiendo prueba en contrario, el dictamen pericial no puede ser interpretado en un sentido torcido, como pretende el recurrente, faltando una de las condiciones legales del documento ( art. 849.2 de la LECriminal ).

   Finalmente respecto al dictamen de D. Victor Manuel (folio 433 a 445), se afirma claramente que la cantidad de papel producida se hallaba dentro de los límites de lo razonable. El precio, considerado más alto que el de mercado era posible en estos casos, hasta un 20%, y si se excedió, no se explica como fue aceptado en los nueve contratos celebrados, en cinco de los cuales no se ha puesto tacha de falsedad a las firmas.

   A su vez si todo el papel no se empleó en las revistas, habría que determinar, si se sirvió, donde se depositó, etc..., o en caso de contravenir el contrato en relación a los excedentes, el receptor de la mercancía, que en todo momento no opuso reparo al cumplimiento contractual y a la satisfacción de los pedidos, es el que tiene que acreditar en vía civil, que se ha contravenido o incumplido el tenor de los pactos.

6. - Como conclusión a todo lo dicho, no es posible alterar el factum, al no haberse acreditado ningún error en su redacción.

   En el factum se dice que los nueve contratos se celebraron entre las mismas partes, como los documentos contractuales evidenciaron, por lo que si no intervino ningún otro en sustitución de Rotoprint S.A., y los últimos cuatro contratos se ejecutaron entre esas mismas partes, no se entiende cómo no se preocupó de comprobar esta última sociedad, si había estampado o no su firma su representante legal o en cualquier caso, con su firma o sin ella, cómo no advirtió ninguna irregularidad en el desarrollo sucesivo en el cumplimiento de las obligaciones negociales estampadas en los contratos, incluso en los cuatro últimos.

   El Tribunal con pleno acierto considera que la actuación del recurrente se desarrolló con claros tintes de indolencia, lo que significa que cualquier queja o discusión sólo puede analizarse por la vía civil.

   En cualquier caso las relaciones contractuales se desarrollaron a través de documentos negociales donde se fijan la cantidad de género que se compraba y el precio del mismo, por lo que cualquier desviación de los términos contractuales, a la vista de los documentos que regulaban sus relaciones privadas, cae fuera del ámbito penal, por cuanto ningún engaño afloraba en tales relaciones que hubiera empujado a realizar desplazamientos patrimoniales, no procedentes por parte de la querellante.

   Si por su descontrol pagó más de lo debido, contrató unos precios elevados, pagó facturas incorrectas o no se consumió el papel recibido o incurrió en cualquier otra negligencia, será otra jurisdicción distinta a la penal la encargada de solventar estas cuestiones.

   El motivo no puede prosperar.

En el correlativo ordinal, al amparo del art. 849.1º de la LECriminal , por inaplicación de los arts. 390.1 2 º y 3 º, 248 en relación al 350.1.6, 74 y 77 del Código Penal .

1. - Lógicamente parte de la admisión del motivo primero, que daría lugar a la falsedad documental, como presupuesto de la estafa, siendo la continuidad delictiva y el concurso ideal de delitos una consecuencia de la consideración de los hechos como constitutivos del delito de falsedad y estafa.

   Sobre la falsedad entiende que la alteración documental fue capaz de engañar a un tercero y provocar, como consecuencia de ese engaño, un desplazamiento patrimonial injusto.

2. - La desestimación del primero de los motivos, excluye la falsedad y por ende, la provocación a través de la misma de un engaño.

   Los cuatro últimos contratos son legítimos, no solo porque no se ha demostrado que la firma del representante de Rotoprint S.A. haya sido suplantada, sino porque las dos partes intervinientes, es decir, el acusado y el subdirector gerente de AMA han reconocido la realidad en los nueve contratos de venta de papel. Además la propia entidad Rotoprint, en las manifestaciones de su representante Jon reconoce que, a pesar de no aceptar como propias las firmas de los últimos cuatro contratos, siguió realizando trabajos de impresión de las diferentes revistas.

   Constan igualmente en la causa que:

   1. El acusado suministró el papel necesario para la impresión de las revistas como lo demuestra la certificación de Rotoprint S.A. folios 388 y 490.

   2. En tales contratos se especificaba que el papel adquirido quedara depositado en los locales de la entidad Rotoprint; siendo cuestión distinta si se cumplió o no, lo que debió constituir el propio depósito una de las garantías o razones para el pago del papel.

   3. El hecho de que hipotéticamente puede haberse utilizado una cantidad de papel inferior al abonado, no constituye fundamento de un delito de estafa.

   4. Tampoco integraría el delito de estafa el que se firmaran contratos en que el papel vendido excediera de las necesidades del mercado y por un precio superior al de mercado.

   5. Por último, en los propios contratos, se reflejaba expresamente que la entidad Rotoprint S.A. iba a formalizar un contrato de compraventa de papel con la otra empresa, es decir, con Línea 6 Comunicación Editorial S.L., que era a su vez la proveedora de AMA. Todo ello se ha acreditado como proclama la sentencia y ya tuvimos ocasión de anticipar a través de la testifical del representante legal de Rotoprint mediante las facturas de venta del papel obrantes a los folios 169 y 178, fechadas entre el 2 de noviembre de 1995 y 3 de diciembre de 1998 y que ascendían a un total de 135.305.664 pts. IVA incluido; y por último a través de los propios contratos.

   Por todo lo expuesto y reiterando que el relato histórico sentencial no integra delito alguno de falsedad o estafa, procede desestimar el motivo.

El último de los motivos se canaliza a través de la vía prevista en el art. 852 de la LECriminal y 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en los arts. 24.1º 9-3 y 120.3 del Código Penal .

1. - Según el impugnante la obligación constitucional de motivar las sentencias no excluye a las que fueran absolutorias, que deben poseer la adecuada fundamentación, excluyendo cualquier arbitrariedad o justificación irrazonable.

   No obstante acepta que en sentencias absolutorias el grado o nivel argumentativo no deba ser tan exigente como en las condenatorias, bastando con la expresión de la duda acerca de si los hechos ocurrieron como sostiene la acusación, o cuando se apoya en la falta de convicción acerca de la existencia del hecho delictivo o la participación en él del acusado.

   En ese sentido era necesario que el Tribunal hubiera argumentado sobre la prueba pericial, según la cual los precios fijados en los contratos eran considerablemente superiores al precio de mercado, de lo que se desprende que por el hecho de figurar el precio en los contratos y no remitirse al de mercado, se excluya el engaño, ya que según la Audiencia "no se puede engañar con la verdad".

   También las facturas por importes superiores al número de ejemplares editados "deberían haber sido detectadas por los mecanismos ordinarios de control, que cualquier entidad debería tener cuando ha de hacer frente al pago de cantidades nada desdeñables como ocurre en el presente caso".

2. - Ante un motivo de esta naturaleza la sola lectura de la sentencia evidencia las abundantes razones descritas que apoyan la absolución del acusado.

   Entre estas razones destaquemos:

   1. La entidad pagadora tenía inequívocamente a su alcance la posibilidad de comprobar el precio del mercado, y más a la vista de las millonarias cantidades desembolsadas.

      Hace notar la sentencia que en una compra con tan elevado coste no se efectuaran unas mínimas comprobaciones, que no se firmaran los contratos en unidad de acto o que el Director-Gerente de la asociación se limitará a estampar la firma en el contrato, porque los contratos los redactaban el acusado y el Secretario General, Carlos María que falleció al parecer en junio de 2002 y que era también el que aprobaba el precio. Dicho Director Gerente afirmó que "luego pasaban al Consejo de administración para dar cuenta". "El Consejo lo sabía" .

   2. En los contratos se reflejaba expresamente que la entidad Rotoprint S.A. iba a formalizar un contrato de compraventa del papel con la otra empresa, es decir, con Línea 6 Comunicación Editorial S.L., que era a su vez proveedor de AMA.

   3. No existió falsedad en los últimos cuatro contratos, pues la realidad de los mismos ha sido reconocida por los dos de las partes intervinientes es decir, el acusado y el Subdirector-Gerente de AMA.

   4. Sobre la falsedad de la firma Rotoprint no cuenta con otras pruebas que sus propias manifestaciones, cuando además reconoce, que no obstante, siguió realizando los trabajos de impresión de las diferentes revistas.

   5. El acusado facilitó el papel necesario para la impresión de las revistas, como lo demuestra la certificación emitida por Rotoprint (folio 388 y 490). Siendo así es indiferente que el papel no se depositara en los almacenes de dicha empresa o que la cantidad de papel utilizado fuera menor que el abonado.

   6. Rotoprint debió haber hecho en su momento los oportunos controles sobre el papel utilizado, número de ediciones, cantidad de hojas interiores, etc... de la revista "Ama en marcha" cosa que no hizo, pretendiendo ahora realizarlo a posteriori, por la vía penal.

   7. En definitiva, la sentencia concluye que no puede construirse un delito de estafa sobre el dato de que se compraran determinadas cantidades de papel a un precio muy superior al de mercado, cuando en los contratos se hacía constar expresamente cual era el valor del papel adquirido. La sentencia nos dice que "no se puede engañar con la verdad".

      Con todas estas afirmaciones y argumentos expuestos, como más destacados, no puede seriamente afirmarse que el tenor de la resolución impugnada no fue debida y ampliamente motivada.

      La queja no puede merecer acogida.

La desestimación de todos los motivos hace que deba disponerse las costas al recurrente, con pérdida del depósito, todo ello de conformidad al art. 901 de la LECriminal .