SAP Baleares 50/2011, 14 de Febrero de 2011
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Febrero 2011 |
| Número de resolución | 50/2011 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5
PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00050/2011
Rollo: NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 0000014 /2010
SENTENCIA Nº 50
Ilmo. Sr. Presidente Acctal:
D. MATEO RAMÓN HOMAR
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ
Dª. COVADONGA SOLA RUIZ
En PALMA DE MALLORCA, a catorce de Febrero de dos mil once.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Quinta de la Audiencia Provincial de PALMA DE MALLORCA, los Autos de RECURSO DE NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL 2/2009, emitido por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), a los que ha correspondido el Rollo de Sala 14/2010, en los que aparece como parte Recurrente la entidad "BELAUNDE TOP RESIDENCES, S.L.", representada por la procuradora Dª. ÁUREA ABARQUERO BURGUERA, y asistida por el Letrado D. JAVIER TEBAS MEDRA NO, y como parte Recurrida D. Martin, representado por la procuradora Dª. MAGDALENA CUART JANER, y asistido por el Letrado D. Martin .
ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. MATEO RAMÓN HOMAR.
Por el Procurador Dª. Áurea Abarquero Noguera en nombre y representación de la entidad Belaunde Top Residences SL se presentó ante esta Audiencia Provincial demanda de anulación del laudo arbitral dictado con fecha 18 de junio de 2.010 por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, siendo parte demandada D. Martin, alegando la inexistencia de compromiso arbitral y que el laudo se dictó fuera de plazo, con proposición de la prueba documental que consta en este escrito.
Admitida la demanda por estimar que se presentó en el plazo legal, se emplazó al demandado, y presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda. Seguidamente se solicitó la remisión de testimonio del procedimiento arbitral al CAIB y se señaló juicio verbal a celebrar el día 7 de febrero de 2.010, y al mismo comparecieron los Abogados y Procuradores de las partes, quedando las actuaciones vistas para sentencia.
La presente demanda de nulidad del laudo arbitral dictado por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares de 18 de junio de 2.010 se funda en dos motivos: inexistencia de convenio arbitral y laudo dictado fuera de plazo. Con carácter previo debemos recordar, como se señala en la sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2.008, que el Tribunal no está facultado, en el seno de estos autos de anulación de laudo, para entrar en el examen de la fundamentación del laudo en orden a expresar la conformidad o discordancia con el mismo, como si se tratase de un recurso de apelación. Ello conlleva que sean irrelevantes a los efectos de esta litis las argumentaciones efectuadas por la parte demandada relativas al fondo del asunto, esto es, la adecuación de la minuta reclamada, y que en este procedimiento únicamente es posible entrar en el examen de los motivos previstos en la Ley de Arbitraje, que son los dos antes indicados. Por tanto, en este proceso de nulidad no está permitido discutir los fundamentos ni el mayor o menor acierto del laudo, siempre que éste no rebase la materia sometida a compromiso, pues la misión de este recurso es dejar sin efecto lo que pueda constituir extralimitación, pero no corregir las deficiencias en la decisión de los árbitros ni interferir en el proceso de su elaboración.
La representación de la entidad demandante Belaunde Top Residence SL alega la inexistencia de convenio arbitral con base en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, en excepción que fue desestimada por el árbitro, y como principales argumentos alega que el encargo de servicios profesionales como Abogado lo fue con D. Jose Daniel, plasmado en documento de 22 de enero de 2.008, cuyo objeto era la interposición de un recurso contencioso administrativo contra varios Decretos de la Alcaldía de Santa Eulalia del Río, que suspendieron unas licencias de obras concedidas por dicho Ayuntamiento, fijándose unos honorarios de Abogado por importe de 30.000 euros, y contiene dicho documento una cláusula arbitral limitada a las partes contratantes; que D. Jose Daniel falleció el día 23 de agosto de 2.008, siguiendo la tramitación del procedimiento su hijo, también Abogado, D. Martin ; que al haberse firmado una hoja de encargo a título personal y al haber fallecido dicho Abogado ya no podía dirimirse frente a un árbitro dichos honorarios, que deberán dirimirse en la jurisdicción ordinaria; que D. Martin no ha celebrado ninguna cláusula compromisoria de arbitraje con la ahora demandante; es irrelevante que en el poder general para pleitos estuviere incluido dicho Abogado ahora demandante.
De lo actuado se infiere: A) En el documento de 22 de enero de 2.008 suscrito entre la entidad actora y el Abogado D. Jose Daniel, que tiene por objeto la "interposición de un recurso contencioso administrativo contra Decretos de Alcaldía de Santa Eulalia del Río de 14 de enero de 2.008 DPIU 05,06 y07", se plasma una relación jurídica entre las partes de arrendamiento de servicios profesionales como Abogado con dicho cometido y se fijan unos honorarios de 30.000 euros. B) Conforme a dicho encargo, la entidad Belaunde Top Residences SL otorga poder para pleitos, entre otras personas, a favor del Abogado D. Martin, hijo del anterior, y quien ejerce su labor profesional en el mismo despacho que su padre. C) D. Jose Daniel presentó petición de recurso contencioso administrativo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Palma bajo el número 17/2.008, junto a las que solicitó unas medidas "cautelarísimas", que fueron denegadas por un auto de 5.02.2.008. C) D. Jose Daniel falleció el día 23 de agosto de 2.008. D) La entidad actora tras conocer el...
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