STSJ Comunidad de Madrid 1483/2007, 20 de Septiembre de 2007
| Ponente | FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS |
| ECLI | ES:TSJM:2007:14237 |
| Número de Recurso | 458/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1483/2007 |
| Fecha de Resolución | 20 de Septiembre de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 01483/2007
Recurso de apelación 458/05
SENTENCIA NUMERO 1483
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
Dñª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos.
Dñª. Sandra María González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop.
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En la Villa de Madrid, a veinte de septiembre de dos mil siete.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso de apelación número 458/05, interpuesto por la mercantil COBEDENT SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana María Rueda Valverde, contra la Sentencia de 28 de febrero de 2.005 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 16 de Madrid, en procedimiento ordinario nº 16/04, sobre licencia de actividad. Siendo parte el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, representado por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque.
El día 28 de febrero de 2.005, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 16 de los de Madrid, en sus autos de Procedimiento ordinario nº 16/04, cuyo fallo es del siguiente tenor literal " desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Ana Rueda Valverde en nombre y representación de COBEDENT SL contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2003, del Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que deniega la licencia solicitada, en expediente 78/02 y ratifico íntegramente dicha resolución, por considerar la misma de conformidad a Derecho, sin expresa condena en costas".
Por escrito fecha 15 de abril de 2005, la representación de la mercantil COBEDENT SL, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. Suplicando su admisión y estimación.
Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a la representación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para alegaciones, que evacuaron oponiéndose.
Admitido a trámite se acordó elevar las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección segunda, siendo designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Dº Francisco Javier Canabal Conejos, señalándose el día 6 de junio de 2006, para la deliberación votación y Fallo del recurso de apelación, siendo suspendido al recibirse la apelación a prueba por Auto de 26 de junio de 2006. Tras practicarse la prueba con el resultado obrante en autos, se volvieron a señalar los autos para deliberación, votación y fallo el día 20 de septiembre de 2007 en que tuvo lugar.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los arts. 80.3 y 85 de la Ley Jurisdiccional 29/98.
El presente recurso de apelación se ha interpuesto contra la Sentencia de 28 de febrero de 2.005, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 16 de los de Madrid, en sus autos de Procedimiento ordinario nº 16/04, cuyo fallo es del siguiente tenor literal " desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Ana Rueda Valverde en nombre y representación de COBEDENT SL contra la resolución de fecha 18 de noviembre de 2003, del Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que deniega la licencia solicitada, en expediente 78/02 y ratifico íntegramente dicha resolución, por considerar la misma de conformidad a Derecho, sin expresa condena en costas".
La apelante ataca la resolución antes reseñada sobre la base de la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia al no haber valorado ni la documentación aportada tanto en el procedimiento administrativo como en fase judicial que determina la nulidad de la resolución combatida por falta de motivación cuando el local reunía todas las condiciones necesarias y requeridas para el ejercicio de la actividad pretendida. Además, añade la existencia de infracción de las normas procesales por denegación indebida de prueba útil y pertinente para determinar la arbitrariedad de la decisión administrativa
Como principio general debemos partir de la base de que el recurso de apelación es un "novum iudicium" (Sentencia del TC 1998\101, de 18 de mayo [RTC 1998\101 ]), que permite la revisión "ex novo" de los hechos y de las pruebas practicadas y, por consiguiente, valorar aquellos y éstas en conciencia, pudiendo llegar a un pronunciamiento contrario al efectuado en la instancia (Auto del TC 1998\122, de 1 de junio [RTC 1998\122 AUTO] y las varias sentencias del propio TC que allí se citan). Como sostiene el Tribunal Supremo, el recurso de apelación transmite al Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para resolver y decidir todas las cuestiones planteadas en la primera instancia, lo que significa un examen crítico de la sentencia apelada, para llegar a la conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, "... la indebida o defectuosa apreciación de la prueba..." o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada (STS de 17 de enero de 2000 [RJ 2000\264 ]).
El Tribunal Constitucional viene examinando el vicio de la ausencia de congruencia de las resoluciones judiciales desde una triple perspectiva: a) Incongruencia positiva ("ne eat iudex ultra petita partium"), cuando el fallo de la sentencia contenga mas de lo pedido por las partes; esto es, cuando la sentencia concede o niega lo que nadie ha pedido, dando o rechazando mas, cuantitativa o cualitativamente, de lo que se reclama. b) Incongruencia negativa, omisiva, o "ex silentio" ("ne eat iudex citra petita partium"), cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; esto es, cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales, teniendo normalmente sólo un contenido cualitativo - al ser difícil el perfil cuantitativo, de dar o menos de lo pedido por las partes--, tratándose de un vicio que se identifica con la vulneración del principio de exhaustividad y que implica la falta de pronunciamiento sobre alguna petición oportunamente deducida por las partes. c) Incongruencia mixta ("ne eat iudex extra petita partium"), cuando el fallo de la sentencia contenga algo distinto de lo pedido por las partes, cuando las sentencias se pronuncian sobre pretensión distinta u objeto diferente al pretendido, lo cual no significa que el tribunal no pueda modificar el punto de vista jurídico de la cuestión planteada, de conformidad con el artículo 218.1, párrafo 2º, LEC..
La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 EDJ 2003/80849, siguiendo la de fecha 5 de noviembre de 1992, dictada por la Sala Tercera del TS, señaló los criterios para apreciar la congruencia de las sentencias, advirtiendo que en la demanda contencioso administrativa se albergan pretensiones de índole varia, de anulación, de condena etc., que las pretensiones se fundamentan a través de concretos motivos de impugnación o cuestiones, y que las cuestiones o motivos de invalidez aducidos se hacen patentes al Tribunal mediante la indispensable argumentación jurídica. Argumentos, cuestiones y pretensiones son, por tanto, discernibles en el proceso administrativo, y la congruencia exige del Tribunal que éste no solamente se pronuncie sobre las pretensiones, sino que requiere un análisis de los diversos motivos de impugnación y de las correlativas excepciones u oposición que se han planteado ante el órgano jurisdiccional. No así sucede con los argumentos jurídicos, que no integran la pretensión ni constituyen, en rigor, cuestiones, sino el discurrir lógico-jurídico de las partes, que el Tribunal no viene imperativamente obligado a seguir en un iter paralelo a aquel discurso. El artículo 67 LJCA (80 LJ) establece que la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso; precepto que tiene un claro paralelismo con el art. 359 LEC/1981 (art. 218 LEC/2000 ). Y los artículos 33.2 y 65.2 LJCA (arts. 43.2 y 79.2 LJ ) que tienden a conceder una cierta libertad al juzgador para motivar su decisión siempre que someta previamente a la consideración de las partes los nuevos motivos o cuestiones para salvaguardar los principios de contradicción y congruencia. Pues, como recuerda una sentencia de dicho Tribunal de fecha 27 de marzo de 1992, para que los Tribunales de este orden jurisdiccional puedan tomar en consideración nuevos motivos, no alegados por las partes, es preciso, so pena incurrir en incongruencia, que los introduzcan en el debate, ya en el trámite de vista o conclusiones -art. 79.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional -, ya en el momento inmediatamente anterior a la sentencia artículo 43.2 de la misma, siendo indiferente a estos efectos la naturaleza de tales motivos, de mera anulabilidad o de nulidad absoluta, pues sólo así queda debidamente garantizado el principio de contradicción. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero, el vicio de incongruencia omisiva "sólo tiene relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción provocando una denegación de justicia, denegación que se comprueba examinando si existe un desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes, sin que quepa la verificación de la lógica de los argumentos empleados por el Juzgador para fundamentar su fallo (SSTC...
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