SAP Sevilla 214/2011, 9 de Mayo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 214/2011 |
| Fecha | 09 Mayo 2011 |
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla
Avda. Menéndez Pelayo 2
Tlf.: 955005021 / 955005023. Fax: 955005024
NIG: 4109143P20070159500
RECURSO:Apelación Sentencias Procedimiento Abreviado 1616/2011
ASUNTO: 100239/2011
Proc. Origen: 512/2008
Juzgado Origen :JUZGADO DE LO PENAL Nº12 DE SEVILLA
Negociado:L
Apelante:. Desiderio
Abogado:.ROCIO VALDES PACHECO
Procurador:.RAFAEL CAMPOS VAZQUEZ
Apelado: Almudena
Abogado:MONTSERRAT GONZALEZ TORRES
Procurador:Mº TERESA BLANCO BONILLA
S E N T E N C I A Nº 214/2011
ILMOS SRES.
PRESIDENTE:
JOAQUIN SÁNCHEZ UGENA
MAGISTRADOS:
MARIA DOLORES SANCHEZ GARCIA ( PONENTE)
JUAN ANTONIO CALLE PEÑA
JUZGADO DE LO PENAL Nº12 DE SEVILLA
APELACIÓN ROLLO NÚM. 1616/2011
ASUNTO PENAL NÚM. 512/2008
En la ciudad de SEVILLA a nueve de mayo de dos mil once.
Visto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos de Procedimiento Abreviado seguidos en el Juzgado de Lo Penal referenciado, cuyo recurso fué interpuesto por la representación de Desiderio . Es parte recurrida Almudena y el MINISTERIO FISCAL.
El Ilmo Sr. Magistrado Juez de lo Penal del JUZGADO DE LO PENAL Nº12 DE SEVILLA, dictó sentencia el día 17-02-10 en la causa de referencia, cuyo Fallo literalmente dice: " QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A Almudena del delito de falso testimonio del que acusaba el Ministerio Fiscal y la acusación particular, con todos los pronunciamientos favorables y dejando sin efecto cuantas medidas cautelares sobre la persona o bienes de los acusados se hubieran adoptado, y con declaración de oficio de las costas causadas..."
Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, por la representación de Desiderio y admitido el recurso y conferidos los preceptivos traslados, se elevaron los autos a esta Audiencia. Formado el rollo, se señaló el día de la fecha para la votación y fallo, quedando visto para sentencia.
En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
Ha sido Ponente la Ilma Sra. Magistrada DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ GARCIA, quien expresa el parecer del Tribunal.
HECHOS PROBADOS
Se aceptan los Hechos Probados de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos en esta segunda instancia.
Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, la representación procesal de Desiderio, interpone recurso de apelación en el que, alegando error en la valoración de la prueba e indebida aplicación del artículo 458 del C.P . solicita su revocación, instando la condena de la acusada conforme al escrito de acusación presentado.
En el recurso, de manera confusa, se alega error en la valoración de la prueba sin concretar cuales son los extremos del relato fáctico sobre los que se discrepa, máxime si tomamos en consideración que en el mismo se transcriben cuales fueron las declaraciones de la denunciada ante el Juzgado de Violencia el 19 de abril de 2007, describiendo a continuación lo que en realidad se reputa acontecido, con lo que no parece disentir el apelante.
Las dificultades se ven incrementadas cuando en un mismo motivo se entremezclan cuestiones de hecho y de derecho, pues junto a la, inexplicada, errónea valoración probatoria, se adiciona la indebida (in)aplicación del artículo 458 del C.P .
En cualquier caso, respecto de la primera de las cuestiones planteadas, errónea valoración probatoria, en el presente supuesto no se pueda obviar que la sentencia recurrida absuelve a la imputada del delito de falso testimonio por el que había sido acusada, y que en ella han tenido incidencia la valoración de pruebas personales, declaraciones de los implicados y testigos.
A este respecto se hace imprescindible recordar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance de las facultades del órgano de la segunda instancia cuando la sentencia recurrida es absolutoria y el material probatorio está integrado por pruebas de carácter personal respeto a las que el Tribunal de apelación carece de la inmediación y contradicción de las que sí gozó la primera instancia, que tienen una innegable preeminencia cuando en apelación se plantean cuestiones de hecho, lo que impide la modificación del sustrato fáctico.
Esta doctrina ( STC 167/2002, de 18 de septiembre, SSTC 208/2005, de 18 de julio ; 203/2005, de 18 de julio ; 202/2005, de 18 de julio ; 199/2005, de 18 de julio ; 186/2005, de 4 de julio ; 185/2005, de 4 de julio ; 181/2005, de 4 de julio ; 178/2005, de 4 de julio ; 170/2005, de 20 de junio ; 167/2002, de 18 de septiembre 272/2005, de 24 de octubre ) puede ser resumida, en los términos utilizados en STC de 20 de diciembre del 2005 de la siguiente manera: resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial que las valora.
Consecuencia de lo anterior será que la determinación de en qué supuestos se ha producido vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (concretado ahora en la garantía de la inmediación) es eminentemente circunstancial, pues lo decisivo es si la condena de quien había sido absuelto en la instancia trae causa en primer lugar de una alteración sustancial de los hechos probados y, de ser así, si tal apreciación probatoria encuentra fundamento en una nueva reconsideración de medios probatorios cuya correcta y adecuada apreciación exige la inmediación; esto es, que sea el órgano judicial que las valora el órgano ante quien se practican. Contrariamente cabrá entender vulnerado el principio de inmediación cuando el órgano de apelación pronuncie su Sentencia condenatoria a base de sustituir al órgano de instancia en aspectos de la valoración de la prueba en los que éste se encuentra en mejor posición para el correcto enjuiciamiento de los hechos sobre los que se funda la condena debido a que la práctica de tales pruebas se realizó en su presencia.
Por ello no cabrá efectuar reproche constitucional alguno en los siguientes supuestos:
-
- Que la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la Sentencia de apelación empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia del órgano a quo.
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- Si a pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración.
-
-Cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la Sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad quem deduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales.
En suma, no cabe que esta instancia, sin presenciar prueba alguna, se aparte de la convicción obtenida por quien presenció directamente la prueba y se encuentra en mejores condiciones para valorarla lo que se delimita por la imposibilidad de que la Audiencia Provincial pueda valorar por sí misma cualquier prueba sometida a los principios de inmediación, publicidad y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, de forma distinta a como lo ha hecho el Juez que la presenció (STC 230/2002
; STC 167/2002, de 18 de septiembre ; STC 198/2002, de 28 de octubre, FJ 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ; asimismo, STEDH de 29 de noviembre de 1991 -caso Jan-Ake Anderson contra Suecia -), o las sentencias del mencionado Tribunal 198/2002, 200/2002 y 230/2002 en las que considera válida la doctrina expuesta incluso cuando el órgano de apelación había fundado básicamente su convicción en pruebas documentales, pero en las que también tenía incidencia el resultado de las declaraciones de los acusados y testimonios prestados en el juicio, lo que determinó en todos los casos el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho fundamental.
En este mismo sentido, la ...
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