AAP A Coruña 480/2011, 25 de Mayo de 2011
| Ponente | IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS |
| ECLI | ES:APC:2011:607A |
| Número de Recurso | 277/2011 |
| Procedimiento | APELACION AUTOS |
| Número de Resolución | 480/2011 |
| Fecha de Resolución | 25 de Mayo de 2011 |
| Emisor | Audiencia Provincial - A Coruña, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
A CORUÑA
AUTO: 00480/2011
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de A CORUÑA
Domicilio: RÚA CAPITAN JUAN VARELA, S/N
Telf: 981.182067-066
Fax: 981.182065
Modelo: 662000
N.I.G.: 15030 37 2 2011 0001334
ROLLO: APELACION AUTOS 0000277 /2011
Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de NEGREIRA
Procedimiento de origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000214 /2007 RECURRENTE: SERVICIOS FUNERARIOS CELTIGOS S.L.
Procurador/a:
Letrado/a:
RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL Sebastián
Procurador/a:
Letrado/a:
AUTO ==========================================================
LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA CORUÑA, CONSTITUIDA ILMOS./ AS. SRES./SRAS DON ÁNGEL MARÍA JUDEL PRIETOPRESIDENTE, DON JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y DON IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS-Magistrados
==========================================================
En A CORUÑA, a 5 de julio de 2011
En la causa referenciada se dictó por JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de NEGREIRA auto de fecha 04-02-11 .
Contra dicho auto se interpuso por SERVICIOS FUNERARIOS CELTICOS S.A., respectivamente, figurando como apelados el MINISTERIO FISCAL, Sebastián Y María del Pilar recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, remitiéndose en su virtud a este Tribunal los autos originales.
Personada en tiempo y forma la parte apelante se sustanció el recurso por todos sus trámites, quedando pendiente las actuaciones de votación y fallo.
Siendo Ponente el/la Iltmo./a. Sr./Sra. D/Doña. IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS.
La prevaricación administrativa en la que se incardinaría a efectos de investigación la conducta denunciada sería la prevista en el artículo 404 del Código Penal, sancionatoria de la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. El bien jurídico objeto de protección en esa figura es el recto y normal funcionamiento de la Administración conforme a los valores proclamados en los artículos 103 y 106 de la Constitución, que establecen la obligación de servir con objetividad a los intereses generales con sometimiento al principio de legalidad de la misma actividad administrativa, tutelando el correcto ejercicio de la función pública (entre muchas, SSTS de 21/XII/1999, 18/VI/2002, 22/IV y 17/V/2004, 28/VI y 25/IX/2007 y 19/XI y 15/ XII/2008 ). Los requisitos que la integran son: 1º) una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 2º) contraria a derecho o ilegal; y con tal entidad que no pueda ser explicada con una...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba