STSJ Castilla y León 1516/2011, 24 de Junio de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1516/2011 |
| Fecha | 24 Junio 2011 |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 01516/2011
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: 001
VALLADOLID
65590
C/ ANGUSTIAS S/N
Número de Identificación Único: 47186 33 3 2006 0104445
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001867 /2006
Sobre ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D/ña. AUTOBUSES DE LEON, S.A.
Representante: YOLANDA GALLEGO GARRIDO
Contra - TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEON
Representante: ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 1516
ILTMOS. SRES.:
MAGISTRADOS:
Doña Mercedes Pedraz Calvo
Don José María del Riego Valledor
Doña Yolanda de la Fuente Guerrero
En Valladolid, a 24 de junio de dos mil once.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados arriba indicados, el presente recurso en el que se impugna:
La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 27 de septiembre de 2006 (reclamación 47/2060/2003 y acumulada 47/0135/2004), sobre IRPF desde el 2º T del año 1997 hasta el 4º T del año 1999, siendo la cuantía del recurso 115.435,40 euros.
Son partes en dicho recurso: Como recurrente : AUTOBUSES DE LEÓN SA, representado por el Procurador D. José María Ballesteros González.
Como demandado : El TEAR de Castilla-León y la Administración del Estado, representados por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Dña. Yolanda de la Fuente Guerrero.
Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una Sentencia de estimación del recurso.
En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, el Abogado del Estado, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia de desestimación del recurso.
No solicitado el recibimiento del proceso a prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se sustituyó ésta por el tramite de conclusiones.
Conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó el trámite por ambas y, finalmente, se señaló para votación y fallo el día 22 de junio de 2011.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley, aunque no los plazos en ella fijados, dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
El orden de despacho y decisión de este proceso resulta de dar cumplimiento al Acuerdo nº 65 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 25 de enero de 2011.
En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León de fecha 27 de septiembre de 2006 que desestima las reclamaciones económico-administrativas núm. 47/02060/2003 y 47/00135/2004, interpuesta la primera de ellas contra el acuerdo dictado el 19 de septiembre de 2003 por la Inspección Regional de la Delegación Especial de Castilla y León de la AEAT en relación al acuerdo de liquidación por el concepto IRPF ( Retenciones a cuenta del trabajo personal), ejercicios 1997 a 1999 y la segunda de ellas contra el Acuerdo de imposición de sanción de 16 de diciembre de 2003, dictado por el mismo concepto y ejercicios.
Interesa la parte recurrente que con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, se dicte sentencia por la que anule la resolución impugnada, así como la liquidación dictada por el Inspector Regional de la Delegación Especial de Castilla y León por retenciones 1997 a 1999 y la sanción impuesta por dejar de ingresar la deuda tributaria liquidada.
El Abogado del Estado se opone al recurso contencioso-administrativo y solicita su desestimación, con remisión a la resolución impugnada.
Argumenta la parte recurrente, en esencia, y en defensa de su pretensión:
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en relación con la liquidación impugnada y como causas que deben llevar a la anulación:
a)prescripción del derecho de la Administración para liquidar al no haberse interrumpido dicho plazo de prescripción por incumplimiento de la duración máxima de las actuaciones inspectoras: no son correctas las dilaciones que la Inspección imputa a la contribuyente y no ser resultar procedente la ampliación de su plazo máximo de duración;
b)notificación del acuerdo de ampliación de actuaciones, 29 de mayo de 2002 y del acuerdo de liquidación, 23 de septiembre de 2003, transcurridos 12 meses desde el inicio del procedimiento inspector;
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nulidad del acuerdo de ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras por cuando adolece de causa en cuya virtud quede justificado en derecho;
d)caducidad del procedimiento inspector y por tanto, carece de eficacia interruptiva de la prescripción, que alcanza a todos los periodos objeto de comprobación y
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corrección de la liquidación. 2º en relación con la sanción:
a)prescripción del derecho de la Administración a sancionar por estar prescrito su derecho a liquidar:
b)nulidad del acuerdo sancionar por ausencia del elemento objetivo y subjetivo.
En relación con el primero de los motivos de impugnación y referente a las actuaciones inspectoras, trataremos en primer lugar las alegaciones relativas a la caducidad del procedimiento de Inspección y prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
A.- El artículo 31 del RD 939/1986, de 25 abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de Tributos (RGIT), en la redacción dada por el Real Decreto 136/2000, de 4 febrero, que es la aplicable en este caso por razones temporales, establece un plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras de 12 meses, contados desde la notificación al obligado tributario del inicio de las actuaciones hasta la fecha del acto administrativo que resulte de las mismas.
Artículo 31 . Plazo general de duración de las actuaciones inspectoras.
Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento .
En nuestro caso, el Acuerdo de inicio de las actuaciones inspectoras, es de fecha 22 de mayo de 2001. Por Acuerdo del Inspector-Jefe de fecha 22 de mayo de 2002 notificado al interesado el 29 de mayo de 2002, el plazo de duración de las actuaciones inspectoras se amplio a los 24 meses, previstos en el articulo 29 de la Ley 1/98 de 26 de febrero .
El propio artículo 31 RGIT prevé que no se computen en este plazo de 12 meses las dilaciones imputables al obligado tributario ni los períodos de interrupción justificada, en los términos que se especifican en el artículo 31 bis RGIT.
El artículo 31 bis RGIT, apartado 2, indica qué retrasos en el cumplimiento de las solicitudes de información de la Inspección y con qué requisitos tienen la consideración de dilaciones imputables al obligado tributario.
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A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales.
Como antes hemos dicho, las actuaciones inspectoras se inician el 22 de mayo de 2001 y el acuerdo de ampliación de 22 de mayo de 2002 se notificó el 29 de mayo de 2002. Las dilaciones imputables al interesado en este primer periodo alcanzan a 120 dias, según consta en el informe ampliatorio del acto, folio 38 del expediente..Por tanto, el acuerdo de ampliación se dictó antes de que transcurriese el plazo de 12 meses.
Sobre la ampliación de las actuaciones inspectoras: la normativa aplicable se encuentra en el art. 29 de la Ley 1/98 y arts.31 bis y 31 ter del Reglamento de la Inspección de tributos.
Cuestiona la parte actora el Acuerdo de ampliación del procedimiento inspector por un plazo adicional del 12 meses, porque dicho Acuerdo no está motivado, no concurren los motivos para su adopción.
La norma aplicable, en la ampliación de las actuaciones inspectoras, es el artículo 31 ter del RD 939/1986, de 25 de abril, de aprobación del Reglamento General de la Inspección de Tributos (RGIT ), que establece la regla de que las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses, contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas.
Sin embargo, el propio artículo 31 RGIT contempla la posibilidad de ampliación de este plazo máximo, y el artículo 31 ter RGIT, regula dicho supuesto, señalando en su apartado 1 que ese plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras podrá ser ampliado, previo acuerdo del Inspector Jefe, por un plazo no superior al...
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