STSJ Castilla y León 122/2011, 25 de Enero de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 122/2011 |
| Fecha | 25 Enero 2011 |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 00122/2011
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
VALLADOLID
65591
C/ ANGUSTIAS S/N
Número de Identificación Único: 47186 33 3 2010 0101110
PROCEDIMIENTO:
RECURSO DE APELACION 0000054 /2010
Sobre EXTRANJERIA
De: Emiliano
Representante: PROCURADOR MARIA JESUS SENOVILLA SANCHO
Contra: SUBDELEGACION DE GOBIERNO DE VALLADOLID
Representante: ABOGADO DEL ESTADO
En la Ciudad de Valladolid a veinticinco de enero de dos mil once.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, constituida por los Iltmos. Sres. Magistrados D. AGUSTÍN PICÓN PALACIO, Doña MARÍA ANTONIA LALLANA DUPLÁ, Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ y Don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO, siendo Ponente de la misma el señor FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO, ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A Nº 122
En el recurso de apelación contencioso-administrativo número 054/10 interpuesto por D. Emiliano representado/a por el/la Procurador/a Sr/Sra. Senovilla Sancho, y defendido/a por el letrado/a Sr/Sra. Díez Ovejero contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Valladolid, de 24.09.2009, dictada en el recurso contencioso- administrativo nº 188/09 seguido por los trámites del procedimiento abreviado; habiendo comparecido como parte apelada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr/Sra. Abogado/a del Estado en virtud de la representación que por Ley ostenta.
Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Valladolid se dictó sentencia el 24.09.2009, que puso fin, en instancia, al recurso contencioso-administrativo nº 188/09 seguido por los trámites del procedimiento abreviado.
La mencionada sentencia confirmaba la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid de
04.03.2009 que acordaba la expulsión del Territorio Nacional del actor/a así como le prohibía la entrada en el mismo durante un período de 10 años).
No conforme con la sentencia referida, D. Emiliano, interpuso recurso de apelación contra aquella suplicando de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo su revocación .
Tras la admisión del recurso se confirió traslado a la parte recurrida y hoy apelada para que formalizase su impugnación o adhesión a la apelación interpuesta, habiendo presentado la Administración del Estado escrito de oposición al recurso de apelación.
Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y desestimada la recepción del recurso a prueba, se señaló el día
20.01.2011 para votación y fallo, lo que se efectuó.
Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Es magistrado ponente de la presente sentencia el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO, quien expresa el parecer de esta Sala.
Posiciones de las partes.
Pretende D. Emiliano la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Valladolid, de 24.09.2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 188/09 que confirmaba la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca de 05.02.2009 que acordaba la expulsión del Territorio Nacional del actor/a así como le prohibía la entrada en el mismo durante un período de 10 años. Sustancialmente argumenta su pretensión revocatoria sobre la base de las siguientes consideraciones:
-
Que la sentencia de instancia ha valorado incorrectamente la prueba practicada en relación con la falta de motivación de la resolución recurrida así como la falta de proporcionalidad de la misma, alegando que la sanción impuesta resulta desproporcionada por ser pertinente la imposición de una sanción de multa, en aplicación de los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica 4/2000 y 131 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre .
-
Que la sentencia de instancia no ha valorado la alegada inadecuación del procedimiento con la indefensión que eso le produjo.
La administración demandada, como es legalmente preceptivo (art. 7 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas), defiende la plena conformidad a derecho de la resolución impugnada.
Sobre la proporcionalidad de la expulsión.
Sobre esta cuestión, esta Sala viene aplicando la reiterada doctrina del Tribunal Supremo sobre el particular -citada en la sentencia de instancia- (por todas, STS de 29 de noviembre de 2008 ), en cuya virtud "Hemos dicho en multitud de sentencias, de ociosa cita por su reiteración, que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero (artículos 49-a), 51-1 -b) y 53-1 ), en regulación mantenida por la reforma operada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre (artículos 53-a), 55-1-b) y 57-1 ), prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras a), b), c), d) y f) del artículo 53 "podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español", e introduce unas previsiones a cuyo tenor "para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia".
De esta regulación se deduce:
-
- Que el encontrarse ilegalmente en España (una vez transcurridos los noventa días previstos en el artículo 30-1 y 2 de la Ley 4/2000, reformada por la Ley 8/2000 ya que durante los primeros noventa días no procede la expulsión sino la devolución), repetimos ese encontrarse ilegalmente en España, según el artículo 53 -a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto del artículo 53 -a) sino también del artículo 63-2 y 3, que expresamente admite que la expulsión puede no ser oportuna (artículo 63-2 ) o puede no proceder (artículo 63-3 ), y ello tratándose, como se trata, del caso del artículo 53 -a), es decir, de la permanencia ilegal. Por su parte, el Reglamento 864/2001, de 20 de Julio, expresamente habla de la elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que "podrá acordarse la expulsión del territorio nacional, salvo que el órgano competente para resolver determine la procedencia de la sanción de multa",...
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