STSJ Extremadura 83/2007, 17 de Enero de 2007
| Ponente | JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ |
| ECLI | ES:TSJEXT:2007:10 |
| Número de Recurso | 254/2006 |
| Número de Resolución | 83/2007 |
| Fecha de Resolución | 17 de Enero de 2007 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 00083/2007
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
ROLLO DE APELACIÓN Nº 254/2006
RECURRENTE:
Héctor
Procurador Don Raul Martínez Ostenero
RECURRIDO
Ayuntamiento de Alcobendas
Procuradora Doña Alicia Martínez Villoslada
S E N T E N C I A
Nº R/ 83
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Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. Juan F López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos
Dª Sandra González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
En la Villa de Madrid a diecisiete de Enero del año dos mil siete.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el rollo de
Apelación nº 254 de 2.006 dimanante del Procedimiento Ordinario número 113 de 2.004, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de los de Madrid, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Héctor representado por el Procurador Don Raul Martínez Ostenero y asistido por el Letrado Don Ignacio Palacios Flores contra la Sentencia dictada en el mismo. Han sido parte la apelante y como apelado el Ayuntamiento de Alcobendas representado por la Procuradora Doña Alicia Martínez Villoslada.
El día 28 de Noviembre de 2.004, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de los de esta ciudad, en el procedimiento Ordinario número 113 de 2.004, dictó Sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que desestimando el recurso contencioso administrativo formulado por D. Héctor, representado por el Procurador D. Raúl Martinez Ostenero y asistido por el Letrado D. Indalecio Palacios Flores, contra el Decreto nE 6263 de 25.06.04 del Concejal Delegado por delegación del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) por el que se deniega la solicitud formalmente cursada para que, en cumplimiento del art. 6 del Decreto 110/86, de 22 de octubre, de la Comunidad de Madrid, proceda a la venta de la vivienda arrendada al recurrente, sita en Alcobendas, calle DIRECCION000 nE NUM000 BE A, con efectos de la fecha del cumplimiento de los quince años de vigencia del contrato y otros extremos. Dicho recurso fue admitido a trámite, por las reglas del Capitulo I del Titulo IV de la LJCA 29/98 de 13 de julio, reclamándose el expediente administrativo, DECLARO la conformidad a Derecho, de la resolución impugnada y en consecuencia la confirmo.- Sin hacer expresa condena en costas.- Notifíquese a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos por escrito ante este Juzgado en el plazo de quince dias a contar desde su notificación.- Asi por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Por escrito presentado el día 22 de Diciembre de 2.005 el Procurador Don Raul Martínez Ostenero en representación de Héctor interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando que en su día y previos los trámites legales se dictara Sentencia revocando la apelada y declarando no ser conforme a Derecho se sirva dictar Sentencia por la que, con estimación íntegra del recurso de apelación, se revoque la Sentencia apelada, declarando la nulidad del Decreto municipal 6263/04, de 25 de junio y estimando íntegramente la demanda en la forma detallada en dicho escrito y en el de conclusiones de esta parte demandante.
Por providencia de fecha 2 de Enero de 2.006 se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por la Procuradora Doña Alicia Martínez Villoslada en representación del Ayuntamiento de Alcobendas escrito el día 7 de Febrero de 2.006 se opuso al mismo y solicitó su desestimación y la confirmación de la Resolución recurrida.
Por Providencia de 8 de Febrero de 2.006 se elevaron las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección segunda, siendo designado Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don Juan F López de Hontanar Sánchez, señalándose 16 de Enero de 2.007 para la deliberación votación y fallo del recurso de apelación, día y hora en que tuvo lugar.
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1.998.
Previamente al conocimiento del fondo del asunto se ha de resolver acerca de la petición de trámite de conclusiones formulado por la apelante. El número 8 del citado artículo 85 establece que la Sala acordará la celebración de vista o la presentación de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba, así como cuando lo estimare necesario, atendida la índole del asunto, en el caso presente, no se ha practicado prueba, y no se solicita por todas las partes el trámite de conclusiones ya que el Ayuntamiento de Alcobendas se opone a dicho trámite y el Tribunal no lo estima necesario por lo que no es procedente dicho trámite.
Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 26 de Octubre de 1,998 el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia -Sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993, etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.
Por tanto el enjuiciamiento de esta Sala debe limitarse al estudio de los motivos alegados por la recurrente sin extender su enjuiciamiento a otros que fueron objeto de discusión y debate en la instancia. La Sentencia de Instancia deniega la solicitud de la recurrente de que le fuera ofrecida en venta y al precio legal la vivienda arrendada en virtud de contrato suscrito en su día con la Corporación Local al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 100/86 de la Comunidad de Madrid. El apelante en su recurso establece como motivos de apelación, en primer lugar, la vulneración de los artículos 24.1, 24.2 y 25.1 de la Constitución Española y de los artículos 56.4 y 60 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa en relación con los artículos 271.1 y 272 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por haberse admitido a título informativo las sentencias dictadas, para otros arrendatarios, por diferentes Juzgados y haber copiado dichas sentencias como único fundamento de la decisión adoptada careciendo de motivación propia. En segundo lugar, se alega el error en la apreciación de la prueba respecto de la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento entendiendo que el Ayuntamiento asumió la cualidad de vivienda de protección oficial de promoción pública y del contrato de arrendamiento de VPO de promoción pública a la vista del clausulado del contrato y su redacción análoga al Decreto 100/86 de la Comunidad de Madrid así como de diversa documentación administrativa contenida en el expediente y en la prueba aportada que llevan a dicha conclusión y a la innecesariedad de la obtención de la calificación definitiva ello en relación con el Real Decreto 3148/1978 y Decreto 2114/1968.
El Ayuntamiento, por su parte, expresa la legalidad de la sentencia tanto por los fundamentos contenidos en la misma como por entender que resulta inaplicable el Decreto 100/86 de la Comunidad de Madrid habida cuenta la competencia específica de las entidades locales para la gestión y promoción de viviendas.
La cuestión ha sido resuelta en la Sentencia dictada por este Tribunal (sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), el 28 de noviembre de 2006, en el Rollo de...
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