SAN, 5 de Mayo de 2011

PonenteFERNANDO DE MATEO MENENDEZ
EmisorAudiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª
ECLIES:AN:2011:2253
Número de Recurso25/2010

SENTENCIA

Madrid, a cinco de mayo de dos mil once.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-

administrativo número 25/10 , interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Gamazo Trueba, en nombre y

representación de FRIGORIFICOS FANDIÑO, S.A. , contra la desestimación presunta y expresa de 9 de septiembre de 2009 de

la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, por la que desestima reclamación por responsabilidad

patrimonial de la Administración del Estado. Ha sido parte LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , representada por el Abogado

del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Admitido el recurso en la Sección Cuarta de esta Sala y, previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el día 6 de octubre de 2008 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara sentencia estimatoria del recurso anulando el acto impugnado en el presente recurso.

SEGUNDO .- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante el pertinente escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitando la desestimación del recurso, y que se declarara la plena adecuación a derecho del acto administrativo impugnado.

TERCERO .- Mediante Auto de 7 de enero de 2009 se acordó el recibimiento del recurso a prueba, llevándose a cabo las pruebas propuestas por la parte actora declaradas pertinentes. Mediante providencia de 11 de diciembre de 2009 de la Sección Cuarta de esta Sala se remitieron las actuaciones a esta Sección. Una vez presentados los escritos de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, que tuvo lugar el 3 de mayo del presente año.

SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don FERNANDO DE MATEO MENENDEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La parte demandante impugna la desestimación presunta y expresa de 9 de septiembre de 2009 de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, por la que desestima reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado como consecuencia del defectuoso funcionamiento del servicio de Sanidad Exterior en los preceptivos controles del PIF del Puerto de Vigo solicitándose una indemnización de 81.564,95 euros, sin perjuicio de lo que pudiera resultar del periodo probatorio, debiendo actualizarse la indemnización resultante con arreglo al IPC, más los intereses devengados por la misma hasta la fecha de su efectivo pago.

SEGUNDO .- En la demanda se sigue el planteamiento adoptado por la previa reclamación administrativa y termina con la misma súplica, a la que se ha opuesto el Abogado del Estado en los términos que son de ver en su escrito de contestación a la demanda.

Pues bien, es de notar que el actual recurso tiene la misma traza que los recursos números 7/2010, 27/2010 y 21/2010, tramitados ante este Tribunal y en los que ha recaído Sentencia, por lo que -en unidad de doctrina, que cuenta con el respaldo de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley- vamos a seguir el discurso mantenido en las referidas Sentencias de 25-11-2010 y 24-1-2011 .

Visto lo anterior, en la antedatada Sentencia dictada en el recurso número 7/2010 se dijo que ante esta jurisdicción se reclamaba responsabilidad patrimonial por funcionamiento de los servicios de PIF del Puerto de Vigo en el control sanitario de las mercancías, servicios que -según alegaba la actora- acumulaban importantísimas demoras ocasionando graves daños y perjuicios a la recurrente como importadora de productos congelados durante 2006 y 2007. En la demanda se entendía que era suficiente el plazo de 72 horas para la realización de los controles y la acumulación de demoras en la inspección de los contenedores le habían supuesto mayores costes como consecuencia de las cantidades que debió abonar a las navieras por la inmovilización de los contenedores a la espera de que los mismos fueran inspeccionados.

En la precitada sentencia de 25-11-2010 se continuó diciendo que aquel procedimiento tenía las mismas fundamentaciones fácticas y jurídicas que el seguido ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 (recurrente TALAFOOD SL) y que dio lugar al recurso de apelación nº 18/2010 de esta Sala, Sección Primera, en la que se dictó Sentencia de fecha 30-4-2010 revocando la estimatoria de instancia.

Los argumentos en dicha sentencia esgrimidos -se decía- se reproducen a continuación por ser compartidos y perfectamente aplicables al caso de autos, en aras al principio de unidad de doctrina:

"PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de apelación, por Talafood SL la sentencia del Juzgado Central de lo contencioso nº 2 de 9 de diciembre de 2009 que estima la demanda interpuesta por Talafood SL en reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial presentada el 27 de abril de 2007 ante el Ministerio de Sanidad y Consumo y condena a la Administración a abonar a la misma la suma de 21.352,68 euros, que deberá actualizarse conforme a las variaciones del IPC.

Tal sentencia, acogiendo íntegramente la doctrina de la sentencia del Juzgado nº 7 de 2 de junio de 2009 (Rec. 78/2008 ), dictada, según se expone, en un supuesto idéntico, basa su pronunciamiento estimatorio, esencialmente, en lo siguiente:

(...) en primer lugar tenemos que la parte actora ha sufrido un daño en su patrimonio al tener que soportar un gasto consistente en el pago a los agentes y a las navieras por mantener sus productos en el contenedor hasta que se efectúan los controles sanitarios, daño que se determinan en la demanda, de forma correcta teniendo en cuenta los días que en circunstancias normales de prestación del servicio se llevarían a cabo, plazo que es de tres días, según recoge el Informe del Jefe de la Dependencia Provincial de Sanidad y que se ha superado en los expedientes referidos en la reclamación.

En segundo lugar, el exceso de gasto que hubo de soportar la actora en relación al que procedería si hubiera funcionado el servicio con normalidad.

En tercer lugar, el daño tiene su origen directo en la tardanza excesiva de los servicios de inspección en llevarlas a cabo. Este defectuoso funcionamiento de los servicios prestados por el PIF de Vigo ha quedado demostrado con el Informe de la Dirección General de Salud Publica que obra en le expediente y que recoge la importante sobrecarga de trabajo que pesaba sobre los funcionarios encargados de realizarlo; en parecidos términos se pronuncia el Jefe de la Dependencia Provincial de Sanidad, quien manifiesta que existieron retrasos y enumera sus posibles causas; otro tanto se reconoce en el informe de la Dirección General de Servicios y Coordinación de la AGE; muy ilustrativos son los mensajes remitidos en la fecha a que se refiere la reclamación por TERMAVI, concesionaria operadora del Puerto, mensajes que se producen como consecuencia de la congestión que padece el PIF de Vigo; finalmente los recortes de prensa aportados por la actora corroboran la difícil situación creada en el Puerto.

(...) No puede por tanto discutirse la existencia de relación causal, y como quiera que se ha probado que los daños derivan de la excesiva tardanza en practicar las inspecciones que eran cometidas por el PIF de Vigo, debió ser precisamente la Administración quien probara la existencia del hecho que cumplía el nexo causal entre los referidos daños y el incumplimiento de su obligación (...) carga de prueba que en modo alguno ha cumplido, puesto que ninguna prueba ha aportado ni ha solicitado su práctica, encaminada a demostrar que la tardanza no le era imputable.

SEGUNDO.- Hallándonos ante una reclamación de responsabilidad patrimonial, derivada de los artículos 106 CE y 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , es aplicable al supuesto la consolidada doctrina del...

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