SAN, 21 de Marzo de 2003
| Ponente | MERCEDES PEDRAZ CALVO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2003:7412 |
| Número de Recurso | 755/1997 |
MERCEDES PEDRAZ CALVO CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
SENTENCIA
Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil tres.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo num. 755/97 que ante esta Sala de lo
contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido la Procuradora de los Tribunales
Dª Lydia Leiva Cavero, en nombre y representación de GRANJA LA POLESA S.A., frente a la
Administración del Estado defendida y representada por el Sr. Abogado del Estado, contra la
Resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia el día 3 de junio de 1.997, en
materia relativa a sanción, siendo codemandado la Unión de Pequeños Agricultores, representada
por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque, con una cuantía de 7.100.000 ptas (42.671,86
euros). Ha sido Ponente la Magistrado Dª Mercedes Pedraz Calvo.
La recurrente indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 4-VII -97. La Sala dictó Providencia acordando tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo y la publicación de los correspondientes anuncios en el BOE.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, termino suplicando se dicte sentencia por la que declare nula la resolución impugnada.
El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.
La representación procesal de la codemandada presentó escrito de contestación a la demanda para solicitar su desestimación.
La Sala acordó recibir a prueba el recurso practicándose la documental a instancias de la actora, con el resultado obrante en autos.
Las partes por su orden presentaron sus respectivos escritos de conclusiones para ratificar lo solicitado en los de demanda y contestación a la demanda.
La Sala dictó Providencia señalando par votación y fallo del recurso la fecha del 20 de marzo de 2.003 en que se deliberó y votó habiendose observado en su tramitación las prescripciones legales.
Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo el Acuerdo dictado el día 3 de junio de 1.997 por el Tribunal de Defensa de la Competencia por el que resuelve "4. Declarar que en el presente expediente ha resultado acreditada la realización por las cuarenta y ocho empresas que mas adelante se especifican de una práctica restrictiva de la competencia, prohibida por el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en haberse concertado para aplicar los mismos precios base e idénticas bonificaciones y penalizaciones por calidad de leche en las compras de leche de vaca realizadas con los ganaderos. Intimar a las citadas empresas para que en el futuro se abstengan de realizar tales prácticas. Imponer las siguientes multas:....Granja La Polesa 7.100.000 ptas".
El expediente referido se había incoado como consecuencia de la denuncia formulada por la hoy codemandada la Unión de Pequeños Agricultores, contra la Federación Nacional de Industrias Lácteas, por la realización de una práctica restrictiva de la competencia consistente en la elaboración y difusión de una recomendación de precios, y contra 49 empresas fabricantes de productos lácteos, por la realización de una práctica restrictiva de la competencia consistente en el seguimiento de la recomendación anterior, y la consiguiente aplicación de precios similares en el mercado.
Se declaran probados y se dan por expresamente reproducidos los hechos declarados como tales en el Acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia impugnado.
En primer lugar, la actora alega la caducidad del expediente administrativo. Como ya ha resuelto en anteriores ocasiones esta misma Sala, no es de aplicación la Ley 30/92 a un expediente iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, como es el caso, en que el expediente se inició el día 9 de julio de 1.992, siendo así que la referida norma legal entró en vigor el día 27 de febrero de 1.993, y estando...
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