SAN, 18 de Abril de 2005
| Ponente | CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2005:7005 |
| Número de Recurso | 463/2002 |
SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
SENTENCIA
Madrid, a dieciocho de abril de dos mil cinco.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional ha promovido Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., y en su nombre y
representación la Procuradora Sra. Dª Carmen Palomares Quesada, frente a la Administración del
Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 8 de mayo de 2002, relativa a IVA, siendo la cuantía del
presente recurso de 13.735136,99 euros.
Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª Carmen Palomares Quesada, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 8 de mayo de 2002, solicitando a la Sala, declare la nulidad de la liquidación que nos ocupa.
Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.
Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.
No habiéndose solicitado recibimiento a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día seis de abril de dos mil cinco.
En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.
Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de de 8 de mayo de 2002 que se desestiman las pretensiones de la hoy actora, relativa al IVA de los ejercicios de 1996 y 1997.
En esencia las cuestiones de fondo discutidas en autos son tres: tratamiento de las comisiones por gestión de cobro de efectos financieros entregadas por entidades financieras que son las titulares de dichos efectos; inclusión en el denominador de la prorrata de las minusvalías por la compra de efectos financieros transmitidos con pacto de recompra y tratamiento de los créditos de dudoso cobro.
Previamente al examen de tales cuestiones hemos de analizar la argumentación relativa a la caducidad del expediente y por ello a la prescripción de la deuda. Pues bien, como correctamente señala el Abogado del Estado en la diligencia de 10 de abril de 2001, se consignó la paralización a los efectos del artículo 29.2 de la Ley 1/1998 por causa imputable al interesado durante 76 días en el IVA, especificándose las distintas diligencias en las que se solicita nueva documentación sin que la misma hubiese sido aportada, considerándose dilación imputable al obligado. Por otra parte, se notificó el 10 de septiembre de 2001 el acuerdo de 6 del mismo mes y año, por el que se acordaba la ampliación del plazo para las actuaciones inspectoras en 12 meses más, conforme al artículo 29 de la Ley 1/1998. De ello resulta que descontando el tiempo de interrupción de las actuaciones por causa imputable a la recurrente, no se han superado los 24 meses autorizados por el artículo 29, incluida la prórroga.
En cuanto a la motivación de la prórroga: volumen de operaciones, sociedad dominante de grupo y operar en todo el territorio, se ajustan a los requisitos del artículo 29.1 de la Ley 1/1998:
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular, se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación como grupos consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.
Es evidente que las circunstancias descritas tienen cabida en el citado precepto.
La primera cuestión que hemos de examinar es la relativa al tratamiento de las comisiones por gestión de cobro de efectos financieros entregadas por entidades financieras que son las titulares de dichos efectos. Las tesis actoras se centran en entender que dicha operación de gestión de cobro es accesoria de la principal cual es el descuento por la entidad financiera que realiza la entrega para la gestión de cobro, y toda vez que tal descuento se encuentra exento, también debe estarlo la accesoria de gestión de cobro.
Tales planteamientos encuentran su origen en la Resolución vinculante de la Dirección de Tributos de 24 de noviembre de 1986, que entendía exenta la cesión de créditos cuando determine la transmisión de la titularidad que se producía cuando el adquirente asumía el riesgo de la insolvencia del deudor, así como la concesión de créditos mediante anticipo de fondos sobre el importe de los créditos cedidos en comisión de cobranza. Así mismo entendía no sujeta los anticipos de fondos que en realidad sean contraprestaciones de créditos adquiridos en firme con asunción de riesgo de insolvencia e igualmente los servicios de gestión de cobro de créditos propios por haber sido adquiridos a terceros.
Si se entendía sujeto y no exento los servicios de gestión de cobro de créditos de titularidad ajena.
Posteriormente otra resolución de la Dirección de Tributos de 31 de julio de 2001, alteró parcialmente el planteamiento en cuanto entendió que la cesión de efectos suponía la concesión de un crédito por la entidad financiera adquirente.
Partiendo de tales planteamientos la recurrente entiende que la gestión de cobro de efectos propios de la entidad financiera que la encarga, es una operación accesoria que ha de estar no sujeta. Con independencia de que tal gestión de cobro pueda o no considerarse accesoria, lo cierto es que todo el planteamiento de la actora parte de la exención o no sujeción de la operación principal, pero ello no puede sostenerse desde la sentencia de 26 de junio de 2003, dictada en el asunto C-305/2001 por el TJCE.
Efectivamente, en los aspectos que nos interesan hemos de recordar la doctrina declarada por tal sentencia:
««El factoring en sentido propio (compra de créditos con asunción completa del riesgo de insolvencia de los deudores) no representa para la empresa de factoring una actividad empresarial, pues la empresa no realiza una prestación a título oneroso ni con la compra de los créditos ni con su cobro (véase la sentencia del Bundesfinanzhof -BFH- de 10 de diciembre de 1981, V R 75/76, in: BFHE 134, 470; BStBl II 1982, 200).»
El factoring impropio se da cuando el cliente, denominado adherente [Anschlusskunde] cede efectivamente al factor sus créditos derivados de la entrega de bienes o de la prestación de servicios, pero responde totalmente en lo que respecta a la solvencia del deudor. Desde el punto de vista económico, el adherente continúa siendo el titular de los créditos. La actividad del factor en favor del adherente en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 16 de Septiembre de 2010
...de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núm. 463/2002. Ha comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del ANTECEDENTES DE HECHO PRIME......