SAN, 11 de Febrero de 2003
| Ponente | FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2003:4921 |
| Número de Recurso | 2638/2001 |
ELISA VEIGA NICOLEJOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERAFRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHISANA ISABEL MARTIN VALEROJOSE LUIS SANCHEZ DIAZ
SENTENCIA
Madrid, a once de febrero de dos mil tres.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) de la Audiencia Nacional ha visto los autos del recurso contencioso-administrativo nº 2638/01 , interpuesto por la Procuradora Dª.
Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de la entidad mercantil "COMPAÑÍA MARITIMA LAMED, S.A.", contra la Administración General del Estado (Ministerio de Fomento),
representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso es indeterminada.
Es ponente el Iltmo. Sr. Don Francisco José Navarro Sanchís, quien expresa el criterio de la Sala.
La representación procesal de la sociedad mercantil recurrente interpuso recurso contencioso administrativo el 28 de diciembre de 2001 contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso ordinario deducido ante el Ministro de Fomento contra dos liquidaciones de la tarifa portuaria T-3, giradas por la Autoridad Portuaria de Valencia, cuyo importe global asciende a 1.625.223 pesetas (9.767.79 euros), recurso que fue admitido a trámite por esta Sala mediante providencia de 9 de enero de 2002, en la que asimismo se reclamó el expediente administrativo.
Mediante escrito de 30 de septiembre de 2002, la parte actora formalizó demanda en la que, tras alegar los hechos y exponer los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso y la anulación del acto recurrido, por ser contrario al ordenamiento jurídico, dejando sin efecto las liquidaciones portuarias practicadas, con devolución de su importe. Igualmente se solicitó fuera planteada por esta Sala, ante el Tribunal Constitucional, cuestión de inconstitucionalidad de la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2000 .
El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito de 28 de noviembre de 2002, en el que, tras alegar los hechos que estimó aplicables y aducir los fundamentos jurídicos que consideró pertinentes, terminó suplicando la inadmisión o la desestimación del recurso, por ser ajustado a Derecho el acto administrativo que se impugna, con imposición de las costas procesales a la recurrente.
No solicitado ni recibido el proceso a prueba, ni tampoco interesado el trámite de conclusiones orales o escritas, esta Sala señaló como fecha para la votación y fallo de este recurso el día 21 de enero de 2003, día en que efectivamente se deliberó, votó y falló, lo que se llevó a cabo con el resultado que ahora se expresa.
Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la denegación presunta, por silencio administrativo, del recurso ordinario a que antes se ha hecho mención, interpuesto por la "Compañía Marítima Lamed, S.A.", si bien con posterioridad a la interposición del recurso recayó resolución expresa, dictada el 16 de abril de 2002 por el Subsecretario del Ministerio de Fomento, en virtud de delegación del titular del Departamento, por la cual se inadmite a trámite el citado recurso ordinario, dirigido frente a dos liquidaciones practicadas por la Autoridad Portuaria de Valencia, en concepto de tarifa T-3, cuyo importe total asciende a 1.625.223 pesetas (9.767'79 euros). El Ministerio de Fomento, aunque formalmente inadmite el recurso ordinario, argumenta en lo sustancial acerca del fondo de la cuestión planteada y, en especial, en lo relativo al principio de reserva de Ley una vez entrada en vigor la Ley 14/2000 , momento en que se practicaron las liquidaciones que hoy nos ocupan.
La empresa demandante considera que tales liquidaciones son nulas de pleno derecho por serlo también las disposiciones reglamentarias que les sirven de cobertura, esto es, las Ordenes Ministeriales de 17 de marzo de 1992, 13 de abril de 1993, 17 de enero de 1994, 19 de abril de 1995, 30 de enero de 1996 y 30 de julio de 1998, mediante las cuales se estableció la regulación sustancial de las tarifas portuarias, a todas las cuales se imputa infracción del mandato establecido en el artículo 31.3º de la Constitución , interpretado conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifestada en numerosas sentencias, de las que son exponente las dictadas con fechas 24 de enero y 8 de febrero de 1996 , en las que se parte del presupuesto de que la tarifa T-3, atendida la naturaleza del servicio que se retribuye, tiene la consideración de tasa y no de precio privado.
El Abogado del Estado, en su contestación a la demanda, mantiene la legalidad de la resolución recurrida, en su doble versión tácita y expresa, alegando al respecto que tras la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre , la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998 ha visto elevado su rango al de Ley formal o, si se prefiere, el contenido de dicha Orden ha sido íntegramente asumido por una Ley, de manera que no cabría admitir un recurso administrativo como el intentado contra aquella disposición, por no tratarse de una disposición reglamentaria.
Centrado en los anteriores términos el debate, cabe señalar que las liquidaciones impugnadas fueron giradas a la sociedad recurrente de conformidad con las reglas establecidas en la disposición transitoria tercera de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre , de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en la redacción dada a dicha norma por la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social , para la retribución de servicios portuarios asimismo prestados tras la entrada en vigor de esta última Ley, tal como se hace constar en la resolución expresa del Subsecretario de Fomento de 25 de marzo de 2002, dictada antes de la formalización de la demanda.
No obstante, la parte actora mantiene en su escrito de demanda los mismos argumentos ya expresados en otros recursos contencioso-administrativos sustancialmente coincidentes con el que ahora examinados, sobre impugnación de tarifas T-3, y que ya han sido resueltos por esta Sala en numerosas sentencias, pero que venían referidos a liquidaciones giradas por servicios portuarios prestados al amparo de la legislación anterior a dicha modificación legislativa.
La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social , ha introducido una nueva disposición adicional, la vigésima segunda, a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , modificada antes por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre , la cual queda redactada del siguiente modo:
Disposición Adicional Vigésima segunda. Del pago de las tarifas
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Exigibilidad.
Las...
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STS, 28 de Abril de 2006
...por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Octava- en el recurso de dicho orden jurisdiccional número 2638/2001 , en el que se impugnaba la resolución presunta de la Administración General del Estado y posterior expresa de fecha 16 de abril de 2002, refer......