SAN, 19 de Noviembre de 2002
| Ponente | ANA ISABEL MARTIN VALERO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2002:7176 |
| Número de Recurso | 2492/2001 |
ELISA VEIGA NICOLEJOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERAFRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHISANA ISABEL MARTIN VALEROJOSE LUIS SANCHEZ DIAZ
SENTENCIA
Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil dos.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 2492/2001 que ante esta Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido el/la Procurador/a Dª Cayetana
de Zulueta Luchsinger en nombre y representación de INTERPEC SUR, S.A frente a la
Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra
desestimación presunta del Ministerio de Fomento de los recursos interpuestos en fechas 5 y 26 de
julio de 2001 contra las liquidaciones por tarifa T-3 practicadas por la Autoridad Portuaria de Cádiz -
resoluciones expresas de fecha 14 de marzo de 2002 -(que después se describirá en el primer
fundamento de Derecho) siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. DOÑA ANA MARTÍN VALERO,
quien expresa el parecer de la Sala.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso administrativo, mediante escrito presentado en fecha 3 de diciembre de 2001, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Providencia de fecha 31 de enero de 2002, y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 7 de junio de 2002, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 23 de julio de 2002, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso.
Por providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 12 de noviembre de 2002, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
INTERPEC SUR, S.A interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del Ministerio de Fomento de los recursos interpuestos en fechas 5 y 27 de julio de 2001 contra las liquidaciones por tarifa T-3 practicadas por la Autoridad portuaria de Cádiz por importe total de 9.554.788 pesetas (57.425,43 euros).
Una vez interpuesto el presente recurso recayeron resoluciones expresas de fecha 14 de marzo de 2002 (expedientes nº ref: 3368/01 y 3186/01) que inadmiten a trámite los referidos recursos.
La recurrente entiende que tales liquidaciones son nulas de pleno derecho, por serlo las disposiciones que les sirven de base, esto es, las Ordenes Ministeriales de 17 de marzo de 1992, 13 de abril de 1993, 17 de enero de 1994, 19 de abril de 1995, 30 de enero de 1996 y 30 de julio de 1998 , por las que se regularon las tarifas portuarias, por infracción de lo dispuesto en el artículo 31.3º de la Constitución , interpretado conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre y a la doctrina del Tribunal Supremo plasmada en numerosas sentencias de las que son exponente las dictadas con fechas 24 de enero y 8 de febrero de 1996 , puesto que la tarifa T-3 tendrían el carácter de tasa.
El Abogado del Estado alega que tras la entrada en vigor de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre , la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998 , ha visto elevado su rango al de Ley formal, o si se prefiere, el contenido de dicha orden Ministerial ha sido íntegramente asumido por una Ley, de forma que no cabe admitir un recurso como el intentado contra la misma, por no tratarse de una disposición reglamentaria.
Las liquidaciones impugnadas fueron giradas el 22 de enero y 26 de junio de 2001 respectivamente, de conformidad con la normativa establecida en la disposición transitoria tercera de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la redacción dada por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social , por servicios prestados tras la entrada en vigor de dicho texto legal, tal y como se indica en las facturas emitidas y en las resoluciones expresas del Ministerio de Fomento de fecha 14 de marzo de 2002, dictadas antes de la formalización de la demanda.
No obstante, la parte actora mantiene en su escrito de demanda los mismos argumentos invocados en otros recursos sobre impugnación de tarifas T-3, resueltos por esta Sala, en relación con liquidaciones practicadas por servicios portuarios prestados al amparo de la normativa anterior a dicha modificación legislativa
La modificación operada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, consiste en introducir una nueva Disposición Adicional, la vigésima segunda, a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre , la cual queda redactada del siguiente modo:
Disposición Adicional Vigésima segunda. Del pago de las tarifas
-
Exigibilidad.
Las tarifas serán exigibles desde que se solicite la prestación del servicio, o bien cuando el buque haya entrado en puerto, atraque en el muelle o se inicien las operaciones de embarque, desembarque y transbordo. En el caso de mercancías que entren y salgan del puerto por medios terrestres, cuando el vehículo correspondiente entre en la zona de servicio del puerto.
El plazo máximo para hacer efectivas las deudas originadas por la aplicación de las tarifas será de veinte días naturales desde la fecha de notificación de las facturas correspondientes. En el supuesto de que el último día del plazo de pago fuera festivo, dicho plazo vencerá en el inmediato hábil posterior.
Una vez transcurrido el plazo de pago establecido en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 28 de Febrero de 2006
...por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Octava- en el recurso de dicho orden jurisdiccional número 2492/2001 en el que se impugnaban las resoluciones presuntas de la Administración General del Estado y posteriores expresas de fecha 14 de marzo de 2002,......