ATS, 17 de Julio de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Julio 2008 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil ocho. HECHOS
Por la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Colmenarejo Jover, en nombre y representación de "PERQUIN INGENIERIA S.L. "UNIPERSONAL", se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 24 de septiembre de 2007, dictada por Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional en el recurso nº 181/2006, relativo al Impuesto sobre Sociedades.
Por Providencia de 10 de abril de 2008 se acordó conceder a las partes un plazo de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible causa de inadmisión siguiente: Estar exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 150.000 euros, pues aunque la cuantía quedó fijada en la sentencia de instancia en la cantidad de 174.644,97 euros, sin embargo el débito principal, sin necesidad de otras consideraciones, asciende, según consta en el expediente administrativo, a 141.818,73 euros y ninguno de los restantes conceptos son superiores a aquél (artículos 86.2 .b), 42.1.a) y 41.3) LRJCA) ; el referido trámite ha sido evacuado por ambas partes.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D José Manuel Sieira Míguez Magistrado de la Sala
La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de "PERQUIN INGENIERIA S.L. "UNIPERSONAL" contra la resolución del T.E.A.C de 25 de noviembre de 2005 que desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la liquidación practicada por la Oficina Nacional de Inspección de la A.E.A.T de las Palmas, de fecha 1 de julio de 2002, por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 a 1998, ambos inclusive, por un importe total de 174.644,97 euros .
El artículo 86.2.b) de la Ley Jurisdiccional exceptúa del acceso a la vía casacional las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 150.000 euros, en relación con los procesos contencioso-administrativos iniciados en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2002, ante la aplicación supletoria del artículo 477.2 y disposición adicional segunda de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como del Real Decreto 1417/2001 que desarrolla esta última disposición -el recurso contencioso-administrativo deducido en la instancia se interpuso el 14 de febrero de 2006 (por todos, Auto de 2 de febrero de 2006, recurso de queja 296/2002 ), excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, que no es el caso.
Por otra parte, el artículo 41.3 de la LRJCA precisa que en los casos de acumulación de pretensiones, tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional, aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación, a lo que debe añadirse que, con arreglo al artículo 42.1.a) de la misma Ley precisa que para fijar el valor de la pretensión se tendrá en cuenta el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.
En el presente caso, aunque la cuantía del recurso quedó fijada en la instancia en 174.644,97 euros, sin embargo el acto administrativo recurrido tiene su origen en la liquidación Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 a 1998, ambos inclusive, cuyo principal asciende, según consta en el expediente administrativo, a la cantidad de 141.818,73 euros y los intereses de demora a 32.826,24 euros.
En consecuencia, sin necesidad de acudir a la regla contenida en el artículo 41.3) LRJCA, no superando el importe total de las cuotas reclamadas ni ninguno de los restantes conceptos la "summa gravaminis" prevista para acceder a la casación, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo
93.2.a) LRJCA declarar la inadmisión del presente recurso.
No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia al efecto conferido, en las que mantiene, en síntesis, que a efectos de cuantía ha de tenerse en cuenta el importe de la deuda tributaria en su conjunto ya que en dicha deuda van indisolublemente unidos la cuota y los intereses de demora, pues no cabe desconocer que es doctrina reiterada de esta Sala en la materia que nos ocupa, que para la determinación de la cuantía se tendrá únicamente en cuenta -ex artículo 42.1.a) de la vigente Ley Jurisdiccional- el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, expresión compresiva de las sanciones e intereses de demora como se ha dicho reiteradamente, dado su carácter accesorio respecto del principal reclamado (por todos, Autos de 20 de enero y 29 de septiembre de 2000, 10 de octubre de 2001 y 1 de marzo de 2002 ), salvo que cualquiera de éstos, y salvo error u omisión de esta Sala, fuera de importe superior a 150.000 euros, que no es el caso.
Por último, las posibles restricciones en la recurribilidad de determinadas resoluciones no son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, siempre que se articulen por ley . Téngase presente, además, que resulta doctrina reiterada de esta Sala que no se quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia.
En este sentido debe recordarse que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los recursos puede resumirse en los siguientes términos, siguiendo la STC 37/1995 : "El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal STC 140/1985, 37/1988 y 106/1988 ). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos; que la regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983 ), que el principio hermenéutico "pro actione" no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder la sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a tal pretensión que es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos y que es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías STC 3/1983 y 294/1994 (...)".
Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, declarándose que la cantidad máxima a reclamar en concepto de honorarios de letrado por la parte recurrida es de 600 euros, atendida la actividad profesional desarrollada por el referido letrado en el presente recurso de casación, al igual que esta Sala ha resuelto en supuestos similares.
Por lo expuesto,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por PERQUIN INGENIERIA S.L. "UNIPERSONAL", contra la Sentencia de 24 de septiembre de 2007, dictada por Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional en el recurso nº 181/2006 ; resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida en concepto de honorarios de letrado la de 600 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
-
STSJ Castilla y León 2192/2012, 21 de Diciembre de 2012
...respecto del justiprecio (por todos, Autos de 8 de enero de 2001 y 11 de marzo de 2002, entre muchos) ". Y en el mismo sentido el ATS de 17 de julio de 2008 cuando señala que " No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia al efecto ......
-
STSJ Castilla y León 2014/2011, 23 de Septiembre de 2011
...respecto del justiprecio (por todos, Autos de 8 de enero de 2001 y 11 de marzo de 2002, entre muchos) ". Y en el mismo sentido el ATS de 17 de julio de 2008 cuando señala que " No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia al efecto ......
-
STSJ Castilla y León 702/2012, 10 de Abril de 2012
...respecto del justiprecio (por todos, Autos de 8 de enero de 2001 y 11 de marzo de 2002, entre muchos) ". Y en el mismo sentido el ATS de 17 de julio de 2008 cuando señala que " No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia al efecto ......