AAP Madrid 966/2009, 2 de Diciembre de 2009
| Ponente | FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES |
| ECLI | ES:APM:2009:16462A |
| Número de Recurso | 916/2009 |
| Procedimiento | APELACION AUTOS |
| Número de Resolución | 966/2009 |
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 16ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCION DECIMOSEXTA
Rollo nº RT 916-09
D.P. nº 2331-08
Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid.
AUTO 966/09
AUDIENCIA PROVINCIAL
Iltmos. Sres. De la Sección Decimosexta.
MAGISTRADOS
Dña. Elena Perales Guilló.
Dña. Rosa E. Rebollo Hidalgo.
D. Francisco David Cubero Flores (Ponente)
En Madrid, a dos de Diciembre de dos mil nueve.
Con fecha 1 de Junio de 2009 el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid dictó auto de sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones. Contra dicho auto interpuso recurso de reforma y subsidiaria apelación el Ministerio Fiscal, resuelto, negativamente, mediante auto de fecha 20 de Octubre de 2009, por el que, a su vez, se tenía por interpuesto el presente recurso de apelación.
Tramitado en forma dicho recurso de apelación tuvo entrada en esta sección de la Audiencia Provincial el día 30 de Noviembre de 2009, sometiéndose inmediatamente a deliberación.
Ha sido Ponente el Ilmo Sr. Magistrado D.Francisco David Cubero Flores.
El artículo 779 de la L.E.Crim . obliga al Juez, practicadas sin demora las diligencias pertinentes, a ordenar el sobreseimiento provisional de las actuaciones si considera que no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo, al amparo de lo previsto en el artículo 641.1 de la L.E.Crim .
Igualmente la conocida sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28.9.1987 señala que quien ejercita una acción en forma de denuncia o de querella no tiene, en el marco del artículo 24.1 de la Constitución Española, un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino sólo a un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora, sobre la calificación jurídica del hecho, expresando, en su caso, las razones por la que inadmite su tramitación o archiva, libre o provisionalmente, las actuaciones.
Es decir el mero hecho de interponer una denuncia no implica la apertura de un procedimiento penal con todas sus consecuencias y menos la apertura de juicio oral, sino que, si, de manera clara y practicadas diligencias de prueba, se determina que no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo, el Juez de Instrucción está obligado a archivar, sobreseer provisionalmente la causa, explicando, eso sí, los motivos y razones por los que los hechos denunciados no han sido suficientemente acreditados.
En definitiva lo que pretende el legislador evitar es que, bajo pretexto del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española, la mera denuncia, sin más comprobaciones, lleve a una persona a sentarse en el banquillo, a sufrir la apertura de un juicio oral público, con lo que ello supone de estigma, preocupación, afección personal y quebranto psíquico.
Por ello nuestro sistema procesal penal crea no sólo la figura del Juez instructor, dotado de imparcialidad, alejado de tintes inquisitoriales, sino una necesaria fase previa, de instrucción, de filtro y trascurrida la cual y practicadas las diligencias esenciales para averiguación de los hechos denunciados, se obliga al Juez de Instrucción a efectuar un pronunciamiento motivado sobre continuación del procedimiento o archivo del mismo, básicamente. Es algo esencial a nuestro sistema de garantías respetar dicha previsión del legislador y no ser ligero o descuidado con indebidas aperturas de juicio oral. Tampoco se debe incurrir en lo contrario, es decir, en ser extremadamente riguroso, dejando indefensa a la víctima. La clave radicará en la correcta ponderación por...
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