ATS, 17 de Septiembre de 2009
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2009:12827A |
| Número de Recurso | 903/2009 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 17 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil nueve HECHOS
Por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar Crespo Núñez, en nombre y representación de D. Luis Enrique, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 10 de noviembre de 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima), en el recurso nº 259/2007.
Por Providencia de 29 de abril de 2009 se acordó conceder a las partes un plazo de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible causa de inadmisión siguiente:
Estar exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 150.000 euros, pues aunque la cuantía del recurso quedó fijada en la instancia en indeterminada, sin embargo nos encontramos ante un asunto de cuantía determinable, y aunque el importe de la liquidación relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1988, única que supera el límite legal de 150.000 euros establecido para acceder al recurso de casación, asciende a la cantidad de 180.081,07 euros, sin embargo el débito principal de la referida liquidación asciende, según consta en el expediente administrativo, a la cantidad en pesetas de 9.575.804 pesetas, y ninguno de los restantes conceptos son superiores a aquél (arts. 86.2 .b), 42.1.a) y 41.3 LRJCA). En este sentido, entre otros muchos, Auto de este Tribunal de 10/01/2008, recurso 1.407/07 .
Este trámite fue evacuado en plazo por la parte recurrente.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, Magistrado de la Sala
La Sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Luis Enrique, contra la resolución de 1 de marzo de 2007 del Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre derivación de responsabilidad subsidiaria.
El artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas (a salvo el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, que no hace al caso), siendo irrelevante, a los efectos de la inadmisión del expresado recurso, como se ha dicho reiteradamente, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia u ofrecido al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa no supere el límite legal establecido, estando apoderado este Tribunal para rectificar fundadamente -artículo 93.2.a) de la mencionada Ley - la cuantía inicialmente fijada, de oficio (o a instancia de la parte recurrida). Por su parte, el artículo 41.3 de la Ley de la Jurisdicción precisa que en los casos de acumulación de pretensiones -es indiferente que tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional- aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación, a lo que debe añadirse que, con arreglo al artículo 42.1.a) de la misma Ley, para fijar el valor de la pretensión se tendrá en cuenta el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.
En efecto, aunque la Sala de instancia fijó la cuantía como indeterminada, sin embargo, el acto recurrido trae causa del Acuerdo de la Dependencia Regional de Recaudación en Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre derivación de responsabilidad subsidiaria por deudas tributarias, por varios impuestos y diferentes ejercicios, no superando ninguno de los conceptos que los integran el límite legal para tener acceso al recurso de casación.
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del presente recurso de casación, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.a) de la Ley de la Jurisdicción, por no ser susceptible de impugnación la sentencia recurrida por defecto de cuantía.
Los anteriores razonamientos no resultan desvirtuados por las alegaciones vertidas por la representación procesal de la parte recurrente en el trámite de audiencia, en las que pone de manifiesto, en síntesis, la inexistencia de acumulación de pretensiones, al haberse impugnado un único acto administrativo, el de declaración de responsabilidad subsidiaria, que fija una única cuantía y que el valor económico habrá de fijarse en base al débito principal de la reclamación, pues la expresada tesis se opone frontalmente a la reiterada doctrina de esta Sala en interpretación del artículo 41.3 de la Ley Jurisdiccional, aplicable al supuesto de la acumulación de pretensiones, como aquí sucede, pues lo que caracteriza a esta figura procesal es, precisamente, la reunión de dos o más pretensiones en un mismo procedimiento para ser resueltas en una sola decisión, que es justamente lo que aquí ha ocurrido.
Como ha dicho reiteradamente este Tribunal, la exigencia de que la cuantía del recurso supere la cantidad de 25 millones de pesetas es materia de orden público procesal que no puede quedar a la libre disponibilidad de las partes, de aquí que su examen y control corresponda inicialmente al Tribunal "a quo" y en último término a este Tribunal, que está apoderado -artículo 93.2.a) de la Ley Jurisdiccional - para rectificar fundadamente, incluso de oficio, la cuantía inicialmente fijada.
Además, es también doctrina reiterada de este Tribunal, que resulta irrelevante, a efectos de admisibilidad del recurso por razón de la cuantía, que lo impugnado sean las liquidaciones por parte del inicial deudor o el requerimiento de pago efectuado al responsable, pues si así fuera se produciría injustificadamente un diferente trato procesal en función de un dato por completo ajeno al propósito perseguido por la normativa legal delimitadora del ámbito del recurso de casación por razón de la cuantía litigiosa, como sería que el recurrente fuera el sujeto pasivo o deudor principal o un tercero responsable solidario o subsidiariamente de la deuda reclamada (por todos Autos de 21 de septiembre y 17 de noviembre de 1998, 26 de abril y 31 de mayo de 1999, 20 de octubre y 27 de noviembre de 2000 y 12 de marzo de 2001, y de 15 de marzo de 2007 ).
Igualmente procede desestimar las alegaciones vertidas por la parte recurrente consistentes en que de estimarse la causa de inadmisión se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva al quedar vedado el acceso al recurso de casación.
En este sentido, debemos recordar que, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia nº 252/2004, de 20 de diciembre, puede resumirse en lo siguiente: "... como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril, "mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995, 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal (SSTC 140/1985, 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983 )' (STC 37/1995, FJ 5 ). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión' que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' (SSTC 37/1995, 58/1995, 138/1995 y 149/1995 ).
De conformidad con lo previsto en el artículo 93.5 de la Ley de la Jurisdicción, deben imponerse las costas procesales a la parte recurrente.
Por lo expuesto,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Luis Enrique, contra la Sentencia de 10 de noviembre de 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima), en el recurso nº 259/2007, resolución que se declara firme; con imposición de las costas procesales causadas en este recurso a la parte recurrente.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
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ATS, 13 de Febrero de 2014
...número 2065/2011 -. TERCERO .- Por otra parte, según reiterada doctrina de este Tribunal (AATS de 17 de septiembre de 2009 -recurso de casación número 903/2009 - y de 10 de diciembre de 2009 -recurso de casación número 1800/2009 -, entre otros), no se quebranta el derecho a la tutela judici......
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ATS, 30 de Enero de 2014
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