ATS, 16 de Septiembre de 2010
| Ponente | OCTAVIO JUAN HERRERO PINA |
| ECLI | ES:TS:2010:12179A |
| Número de Recurso | 1040/2010 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Septiembre de dos mil diez. HECHOS
Por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en nombre y representación de D. Jaime, se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 24 de septiembre de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 133/2005 y acumulado nº 355/2005, sobre justiprecio.
Por Providencia de 21 de abril de 2010, se dio traslado a las partes, por plazo común de diez días, para que pudieran formular alegaciones sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso siguiente: no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea haya sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada [artículo 89.2 de la LRJCA y, por todos, Auto de 11 de octubre de 2007 dictado en el recurso nº
4.937/2006 ]; trámite que ha sido evacuado por las partes personadas, a excepción hecha de la representación del Consorcio Urbanístico "El Escorial".
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado de la Sala
La Sentencia impugnada desestima los recursos contencioso-administrativos interpuestos por las representaciones procesales de D. Jaime y del Consorcio Urbanístico "El Escorial" contra la Resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Madrid de 26 de octubre de 2004, que fija el justiprecio de la finca nº NUM000 del expediente expropiatorio "Sector I Ensanche en El Escorial".
El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
La vigente Ley de esta Jurisdicción no hace sino ratificar y ampliar, pues, una consolidada doctrina jurisprudencial surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
En este asunto, el escrito de preparación no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2, pues lo que se dice en él al respecto es que "ninguna de las normas del ordenamiento jurídico infringidas por la sentencia, que fueron invocadas por las partes a lo largo del proceso en fundamento de sus respectivas pretensiones, emanan de la Comunidad Autónoma, siendo en consecuencia preceptos básicamente de la legislación del Estado, concretamente lo establecido en los artículos 23 y 24 en relación con los artículos 27 y siguientes de la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Suelo y Valoraciones, y por tratarse en definitiva las valoraciones urbanísticas del suelo de una materia exclusivamente reservada al Estado, siendo relevante la aplicación del art. 27 LSE a los efectos del fallo de la sentencia recurrida y que se considera infringida (STS 15 de octubre de 2001, STS de 10 de noviembre de 2003 y STS de 25 de febrero de 2004, entre otras). Siendo además reiteradísima la doctrina jurisprudencial según la cual en materia de justiprecio la emisión de un dictamen razonado por el perito procesal con los demás datos e informes obrantes al expediente, incluida la valoración efectuada por el Jurado, otorgan mayor fiabilidad a la prueba pericial efectuada en autos (STS de 24 de febrero de 1993, 93-848, STS de 26 de marzo de 1996, 96-2592, y STS de 24 de junio de 1996, 96-5021, entre otras), y que hacen en definitiva viable la casación. E igualmente derivarse el fallo de la valoración de la prueba, se invoca igualmente a nuestro favor lo establecido en el art.
9.3 CE, en relación con lo establecido en el art. 5.4 LOPJ . Por entender que es admisible al amparo de ambos artículos la casación, por la apreciación que se ha hecho de la prueba, fundamentándose en la infracción de un precepto constitucional" (sic).
Por tanto, es evidente que no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues aunque se citan los preceptos de Derecho estatal que se reputan infringidos, en modo alguno se justifica, que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2 .a), en relación con los artículos 86.4 y 89.2, de la Ley de esta Jurisdicción, al estar defectuosamente preparado.
No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia, incompatibles con la doctrina expuesta, pues el artículo 86.4 condiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -que sean susceptibles de casación- a que el recurso, es decir, el escrito de interposición del mismo, pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal (o comunitario europeo) que sea relevante y determinante del fallo recurrido, y es justamente tal condicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en el artículo 89.2 se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio -en el escrito de preparación del recurso- que la infracción de las normas jurídicas hábiles, que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante y determinante de la sentencia. En otras palabras, el juicio de relevancia tiene su sede propia en el escrito de preparación del recurso, cumpliendo la función de acotar las infracciones normativas que habrán de servir para articular los motivos de casación.
Como se ha dicho reiteradamente, la Ley 29/1998 no ha hecho sino extender el requisito de la justificación a todas las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia y, entre otras, aquéllas en que se hayan impugnado actos o disposiciones emanados de la Administración del Estado. De ahí que la doctrina de esta Sala en interpretación del artículo 93.4 de la LRJCA de 1956 -en su versión de 1992 - sea aplicable íntegramente a la nueva regulación, sin más variación que la de ampliar la exigencia del art. 89.2 a los casos legalmente comprendidos en la nueva regulación, como también lo es la doctrina contenida en el Auto del Tribunal Constitucional de 10 de enero de 2000 .
No estará de más añadir, que el artículo 86.4, en relación con el 89.2 de la LRJCA, impone dicha carga procesal a todas las Sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con independencia de la Administración autora del acto administrativo recurrido y de qué tipo de normativa haya sido la invocada en el proceso de instancia o aplicada por la sentencia recurrida.
Por otra parte, debe indicarse que no se trata de articular en el escrito preparatorio del recurso el motivo o motivos que han de servir de fundamento al recurso de casación, sino de anunciar la norma o normas jurídicas concretas, de Derecho estatal o comunitario europeo, que la parte recurrente entiende han sido infringidas por la Sentencia y de justificar, eso sí, que su infracción, que en la fase de preparación se da por supuesta, es relevante y determinante del fallo.
Es de recordar que la inobservancia del artículo 89.2 afecta a la sustancia misma del escrito de preparación -no se trata de un defecto formal-, razón por la que no puede entenderse subsanada por remisión al contenido de la sentencia, ni en actuaciones posteriores, sin desnaturalizar su significado.
Es de significar asimismo que estas posibles restricciones en la recurribilidad de determinadas resoluciones no son incompatibles, con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, siempre que se articulen por ley . Téngase presente, además, que resulta doctrina reiterada de esta Sala que no se quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto definitivamente en única instancia.
En este sentido debe recordarse que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los recursos puede resumirse en los siguientes términos, siguiendo la STC 37/1995 : "El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal STC 140/1985, 37/1988 y 106/1988 ). No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos; que la regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 3/1983 ), que el principio hermenéutico "pro actione" no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder la sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a tal pretensión que es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos y que es distinto el enjuiciamiento que puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o aquellas otras que limitan la admisibilidad de un recurso extraordinario contra una sentencia anterior dictada en un proceso celebrado con todas las garantías STC 3/1983 y 294/1994 (...)".
Finalmente, cabe precisar que no constituye obstáculo a la inadmisión del recurso que el primer motivo invocado en el escrito de interposición se formule al amparo del artículo 88.1.c) de la vigente Ley Jurisdiccional, respecto del cual carece de significado la carga que al recurrente impone el artículo 89.2
, pues, como se ha dicho en numerosas ocasiones, para que tal motivo pudiera ser considerado tendría que haberse anunciado, y no ha sido así, en el escrito de preparación del recurso (por todos, Autos de 21 de septiembre de 1998, 9 de abril de 1999, 24 de julio de 2002, 8 de julio de 2004 y de 17 de febrero de 2005 ).
Al ser inadmisible el recurso de casación las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, declarándose que la cantidad máxima a reclamar en concepto de honorarios de Letrado por la parte recurrida -la Comunidad de Madrid- es de 600 euros, atendida la actividad profesional desarrollada por el referido Letrado en el presente recurso de casación, al igual que esta Sala ha resuelto en supuestos similares.
En su virtud,
Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Jaime contra la Sentencia de 24 de septiembre de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 133/2005 y acumulado nº 355/2005, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida -la Comunidad de Madrid- en concepto de honorarios de Letrado la de 600 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
