SAP Burgos 53/2010, 22 de Febrero de 2010
| Ponente | MARIA TERESA MUÑOZ QUINTANA |
| ECLI | ES:APBU:2010:275 |
| Número de Recurso | 275/2009 |
| Procedimiento | APELACION JUICIO DE FALTAS |
| Número de Resolución | 53/2010 |
| Fecha de Resolución | 22 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Burgos, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
BURGOS
ROLLO DE APELACIÓN Nº 275 /2009
Órgano Procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION Nº 1 de BRIVIESCA
Proc. Origen: JUICIO DE FALTAS Nº 92 /2009
S E N T E N C I A NUM. 00053/2010
En la ciudad de Burgos, a veintidós de Febrero del año dos mil diez.
Vista en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por la Magistrada Ilma. Sra. Dª Mª Teresa Muñoz Quintana, la causa procedente del Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos), seguida por una FALTA DE DAÑOS, en virtud de recurso de apelación interpuesto por Elsa, asistida en la segunda instancia por la Letrada Dª Mª Dolores García Gil, figurando como apelado el Ministerio Fiscal y Feliciano, en nombre de S.M. el Rey, pronuncia la presente sentencia, con base en los siguientes:
Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución dictada en la instancia, expuestos en la sentencia recurrida.
El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia en fecha 29 de Julio de 2.009, en cuyos antecedentes se declaran probados los siguientes:
HECHOS PROBADOS.
ÚNICO.- No se considera probado y así se declara, que se produjeran los daños objeto de denuncia formulada el 21 de Marzo de 2.009 en las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Briviesca, y que dieron lugar al presente expediente de juicio de faltas.
La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia, de fecha 29 de Julio de
2.009, acuerda textualmente lo que sigue:
"FALLO: Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a D. Feliciano de la falta de daños que hasta el momento se le imputaba, declarando de oficio las costas causadas."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Elsa, bajo la dirección técnica de la Letrada Dª Mª Dolores gARCÇOA Gil, alegando los motivos que a su derecho convino, siendo admitido a trámite en ambos efectos y, previo traslado del mismo a las restantes partes personadas, fueron remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, turnándose la ponencia y quedando los autos sobre la mesa del ponente para examen.
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HECHOS PROBADOS.
Se aceptan como hechos probados los recogidos en la sentencia dictada en primera instancia y que en la presente sentencia se reproducen en su integridad.
Una vez emitida sentencia condenatoria con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hechos de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por parte de Elsa, fundamentándolo en error en la apreciación de las pruebas, basando su postura en las fotografías correspondientes al vehículo de su propiedad, donde se aprecia el corte de la rueda por una navaja o cuchillo, y en la declaración de la misma. Insistiendo en la practica de la testifical de Julián, no practicada en instancia por causa no imputable a la recurrente.
En relación con lo cual, debe tenerse en cuenta que en nuestro derecho procesal penal rige el sistema de libre valoración de la prueba, así consagrado por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza al Juez o Tribunal a formar su íntima convicción, sin otro límite que el de los hechos probados en el juicio oral, a los que ha de hacer aplicación de las normas pertinentes, siguiendo sus mandatos, así como con el empleo de las normas de la lógica y de la experiencia. Este principio de la libre valoración de la prueba ha sido reconocido y complementado por la doctrina del Tribunal Constitucional, al socaire sobre todo de la interpretación y aplicación de la presunción de inocencia, integrada en el artículo 24 de la Constitución, como derecho fundamental, en relación con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Pueden considerarse como requisitos esenciales de aquella doctrina que: a) la prueba que haya de apreciarse ha de ser practicada en el juicio oral (principio de inmediación), salvo los supuestos admitidos de prueba anticipada; b) la carga probatoria incumbe a las partes acusadoras y no a la defensa, por corresponder al acusado el beneficio de la presunción de inocencia; y c) dicha prueba ha de ser de cargo, suficiente para desvirtuar aquella presunción (sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de Mayo de 1.990 ). Para que pueda ser acogido el error en la apreciación de las pruebas es necesario que aparezca de modo palmario y evidente que los hechos en que se haya fundamentado la condena carezcan de todo soporte probatorio, o que en manera alguna pueden derivarse lógicamente del resultado de tales pruebas, no pudiendo equipararse a tal error la mera discrepancia en cuanto a la valoración de tales pruebas que ha hecho el juzgador de instancia en aplicación de lo prevenido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Por lo que se refiere al presente caso el Juez de Instancia concluye, tras analizar las versiones contradictorias de las partes, que no se ha practicado prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ostenta el denunciado.
Por lo que ante la valoración de la prueba testifical por parte la Juez de Instancia, cabe tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y de Audiencias Provinciales en relación con la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de Instancia en uso de la facultad que le confieren los arts. 741 y 973 de la L.E.Cr ., y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el acto solemne de juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (art.
24.2 de la Constitución Española), pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente resultado, así como la forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí, que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación de conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el art. 741 de la L.E.Cr ., y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987 y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve el manifiesto y claro error del Juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Más concretamente, podemos decir que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizada por el Tribunal a quo, de acuerdo con las reglas de la lógica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el Juzgador (sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Enero de
1.990 ). En la misma línea el Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de Noviembre de 2.001, o del Tribunal Supremo de 14 de Mayo de 2.000 .
De modo que estando esta Sala a la prueba practicada y analizada por el Juzgador de Instancia, la denunciante Elsa refiere que tenía estacionado el vehículo en frente de su casa, siendo las 2-3 de la tarde, viendo al denunciado pasar por delante de su coche agachándose, y como le pinchaba la rueda (teniendo un corte de navaja). Admitiendo...
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