STSJ Comunidad de Madrid 33/2010, 20 de Enero de 2010
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 33/2010 |
| Fecha | 20 Enero 2010 |
SENTENCIA Nº 33
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN OCTAVA
Presidenta
Ilma. Sra. Dª. Inés Huerta Garicano.
Magistrados
Ilmos. Sres.:
D. Miguel Ángel Vegas Valiente
D. Ricardo Sánchez Sánchez
--------------------------------------------En la Villa de Madrid a veinte de enero de dos mil diez.
VISTOS, por la Sala, constituida por la Ilma. Sra. y los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso administrativo núm. 554/2008 interpuesto por la Procuradora Dª. Paz Santamaría Zapata, en nombre y representación de JANSSEN CILAG S.A., contra la resolución dictada por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 18 de junio de 2007. por la que se comunica a la actora la liquidación practicada de conformidad con la Disposición Adicional 9ª de la Ley 25/1990 (regularización de 2006 ), así como la resolución dictada por el Secretario General de Asistencia Sanitaria de dicho Departamento de 7 de enero de 2009, por la que se desestima el recurso de alzada planteado por la actora contra la anterior.
Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Interpuesto recurso contencioso administrativo y seguidos los trámites pertinentes, la parte actora presentó escrito de demanda en el que tras hacer las alegaciones que estimaba pertinentes terminaba suplicando que en su día se dictase sentencia en la que estimando sus pretensiones se:
-
- Declarase nula, o se anulase o revocase y dejase sin efecto, las resoluciones impugnadas.
-
- Se condenase y ordenase a la Administración a estar y pasar por la anterior declaración y a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada; y, en concreto, que se ordenase la devolución a Janssen Cilag, S.A. de las cantidades ingresadas por la misma en concepto de tales liquidaciones derivadas de la DA 9ª de la Ley del Medicamento (tras la redacción dada por la DA 48ª de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de PGE para 2005 ), junto con los intereses legales que dichas cantidades hubieran devengado desde el día de su ingreso en el Tesoro Público hasta el momento de su efectiva devolución a Janssen Cilag S.A.
-
- Se condenase a la Administración demandada al pago de las costas
El Abogado del Estado contestó a la demanda suplicando se dictase sentencia desestimando el presente recurso y se condenase a la parte actora al pago de las costas procesales.
Habiendo recibimiento a prueba, tras la práctica de la declarada pertinente hicieron sus conclusiones las partes, quedando, posteriormente, las actuaciones pendientes de señalamiento.
Para deliberación, votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 19 de enero de 2010 . Posteriorme3nte la parte actora presentó escrito solicitando el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. El día y hora señalados tuvo lugar la deliberación, votación y fallo.
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.
Siendo Ponente el Magistrado de la Sección Ilmo. Sr. D. Ricardo Sánchez Sánchez.
Alega, en primer lugar, la parte demandante, que la liquidación practicada es ilegal y contraria a Derecho por derivar de una norma claramente inconstitucional.
Las resoluciones-liquidación impugnadas derivan de lo dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en su redacción dada por la Ley 2/2004 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2005 (disposición adicional cuadragésimo octava) que dispone:
"Disposición adicional cuadragésima octava. Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento . Ingresos por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud.
Con efectos de 1 de enero de 2005 y vigencia indefinida se añade una disposición adicional novena a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, con el siguiente contenido:
Disposición adicional novena . Ingresos de los empresarios, grupos empresariales, fabricantes e importadores de medicamentos y sustancias medicinales por descuentos por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud.
1. Las personas físicas, los grupos empresariales y las personas jurídicas no integradas en ellos que se dediquen en España a la fabricación o importación de medicamentos, sustancias medicinales y cualesquiera otros productos sanitarios que se dispensen en territorio nacional a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud, deberán ingresar con carácter cuatrimestral las cantidades que resulten de aplicar sobre su volumen cuatrimestral de ventas los porcentajes sobre los diferentes tramos contemplados en la siguiente escala:
Ventas total PVLPorcentaje de aportaciónAportación total del tramo
Por tramo
Desde
0
3.000.001 6.000.001
15.000.001
30.000.001
60.000.001
120.000.001
300.000.001
Hasta
3.000.000
6.000.000
15.000.000.
30.000.000
60.000.000
120.000.000
300.000.000
en adelante
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
45.000
60.000
225.000
450.000
1.050.000
2.400.000
8.100.000
Las cuantías resultantes de la aplicación de la escala anterior se verán minoradas en función de la valoración de las compañías en el marco de la acción PROFARMA según los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:
No valoradas 0,00
Aceptables5%
Buenas10%
Muy buenas 15%
Excelentes 25%
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en función de lo previsto en el apartado anterior y sobre las ventas del ejercicio del año inmediatamente anterior, comunicará la cantidad a ingresar a cada fabricante e importador afectado, así como el plazo de ingreso de dicha cantidad. En el primer plazo del ejercicio siguiente se llevarán a cabo las oportunas liquidaciones.
3. El 50 por 100 de estas cantidades se ingresará en la Caja del Instituto de Salud Carlos III, destinándose a la investigación en el ámbito de la biomedicina que desarrolla este Organismo. El resto de los fondos se ingresará en el Tesoro Público, destinándose al desarrollo de política de cohesión sanitaria, al desarrollo de programas de formación para facultativos médicos así como a programas de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional o responsable de medicamentos, según la distribución que determine el Ministerio de Sanidad y Consumo previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Considera la parte actora que esta norma (DA 48ª LPGE para 2005) de la que deriva la resolución-liquidación que ahora se impugna, resulta claramente inconstitucional y como prueba de ello expone que consta en el Boletín Oficial del Estado que ha sido presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2005 y, dentro de la misma, en particular, contra la disposición adicional cuadragésimo octava, entre otras, que ahora nos ocupa. Sin embargo, el hecho de que exista esa presentación e incluso de que haya sido admitida a trámite no significa, per se, que la norma alegada sea inconstitucional, ni que este Tribunal no pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada. Eso sí, de considerar esta Sección que la norma puede ser inconstitucional debería espera a que resolviera el Tribunal Constitucional e incluso plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero no, en otro caso, sin perjuicio de lo que, en su día, pueda resolver dicho Tribunal.
Sin embargo, entendemos que tanto la norma citada, como la resolución-liquidación practicada están dentro del marco de nuestra Constitución como vamos a ir razonando a continuación.
Se expresa ya en la Exposición de Motivos de la Ley 25/1990 que "esta disposición persigue primordialmente objetivos sanitarios, pero también implica objetivos económicos y empresariales (...) Mantiene las potestades de la Administración para la intervención directa de los precios de las especialidades farmacéuticas, justificada por la presencia de fallos del mercado muy importantes. También incluye los preceptos precisos para permitir una política de fomento de la transparencia del mercado": (...) "o la competencia estatal en materia de ordenación económica, en cuanto al marco que esta Ley diseña para la industria farmacéutica y, señaladamente, en cuanto a la intervención administrativa de los precios de los medicamentos".
Vemos pues, como hemos destacado en negrita, que la propia intencionalidad de la Ley parte del interés en crear un mercado del medicamento cuyos precios estarían fuertemente intervenidos, con las consecuencias para los actores en dicho mercado que de tal circunstancia derivan y, en particular, la de someterse a las disposiciones que en materia de precios dictase unilateralmente la Administración. Por ello, en el texto articulado en su art. 1.1 dispone que "la Ley regula, en el ámbito de competencias que corresponden al Estado, la fabricación, elaboración, control de calidad, circulación, distribución, régimen de precios, comercialización, información y publicidad, importación, exportación, almacenamiento, prescripción, dispensación, evaluación, autorización y registro de los medicamentos de uso humano y veterinario, así como la ordenación de su uso racional y la intervención de estupefacientes y psicótropos".
Nuevamente hemos destacado en negrita esa competencia del Estado en el régimen de precios de los medicamentos. Pero es que, la manifestación de esta política gubernamental de intervención de los precios de los medicamentos se ha plasmado en diversas normas -cuya...
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