STSJ Islas Baleares , 23 de Octubre de 2003
| Ponente | JESUS IGNACIO ALGORA HERNANDO |
| ECLI | ES:TSJBAL:2003:1286 |
| Número de Recurso | 1205/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA T.S.J.BALEARES SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00786/2003 SENTENCIA Núm. .
ILMOS SRS. PRESIDENTE D. Jesús Ignacio Algora Hernando.
MAGISTRADOS D. Gabriel Fiol Gomila.
D. Fernando Socías Fuster.
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veinti tres de octubre de dos mil tres Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares los autos número 1.205 de 2.002 , dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de DON Pedro Jesús , representado por el Procurador de los Tribunales SRA. MUÑOZ VIVANCOS y defendido por el Letrado SR. MAYRATA VICENS ; y como Administración demandada ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el SR. ABOGADO DEL ESTADO.
Constituye el objeto del recurso la Resolución de LA Delegación del Gobierno en esta Comunidad Autónoma, de fecha 19 de agosto de 2.002, por la cual se impuso al actor la sanción de expulsión del territorio nacional por tiempo de diez años.
La cuantía se fijó en Indeterminada.
El procedimiento ha seguido los trámites del Ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala, Don Jesús Ignacio Algora Hernando, quien expresa el parecer de la Sala.
Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio el trámite procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo.
Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados.
Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.
Declarada conclusa la discusión escrita, y no habiéndose solicitado por ninguna de las partes la apertura del período de prueba ni la formulación de escrito de conclusiones o de celebración de vista, se señaló para la votación y fallo de la misma, el día 22 de octubre de 2.003.
Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo el examen de legalidad de la Resolución de la Delegación del Gobierno en esta Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de fecha 19 de agosto de 2.002, por la que se decretó la expulsión del actor del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un período de diez años, en base a "comprobarse que carecía de la documentación necesaria para permanecer en España de forma regular" y con fundamentación en que los hechos citados, "probados ciertos por las actuaciones y comprobaciones llevadas a cabo y documentación incorporada al procedimiento, no han sido desvirtuados por el interesado"; son constitutivos de la infracción grave prevista en el apartado(s) a) del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (B.O.E. del 12) modificada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre (B.O.E. del 23) sancionables con la expulsión del territorio español de acuerdo con el artículo 57.1 de la propia norma, en cuanto "encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada por más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos cuando fueran exigibles, y siempre que el interesado no hubiera solicitado la revocación de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente"; habiéndose tramitado el procedimiento con carácter preferente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la repetida Ley Orgánica y artículos 109 y siguientes de su Reglamento de Ejecución aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio (BOE del 21).
Frente a la legalidad del precedente acto administrativo la parte actora en su demanda, para solicitar la anulación del mismo, alega como principal motivo de impugnación, la falta de motivación de la resolución recurrida al causarle indefensión, en cuanto desconoce los motivos que la misma ha llevado a decretar la orden de expulsión del territorio nacional en lugar...
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