STSJ Islas Baleares , 30 de Septiembre de 2003
| Ponente | JESUS IGNACIO ALGORA HERNANDO |
| ECLI | ES:TSJBAL:2003:1200 |
| Número de Recurso | 1045/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA T.S.J.BALEARES SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00756/2003 SENTENCIA Núm. .
ILMOS SRS. PRESIDENTE D. Jesús Ignacio Algora Hernando.
MAGISTRADOS D. Pablo Delfont Maza.
D. Fernando Socías Fuster.
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a treinta de septiembre de dos mil tres Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares los autos número 1.045 de 2.002 , dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de DON Carlos María , representado por el Procurador de los Tribunales SRA RIBOT MONJO y defendido por el Letrado SRA PERELLO FERRER ; y como Administración demandada ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el SR. ABOGADO DEL ESTADO.
Constituye el objeto del recurso la Resolución de la Delegación del Gobierno en esta Comunidad Autónoma, de fecha 18 de marzo de 2.002, por la que se acuerda imponer al actor la sanción de expulsión del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un período de tres años.
La cuantía se fijó en Indeterminada.
El procedimiento ha seguido los trámites del Ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala, Don Jesús Ignacio Algora Hernando, quien expresa el parecer de la Sala.
Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio el trámite procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo.
Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados.
Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.
Declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, y no habiéndose solicitado por ninguna de las partes la formulación de escrito de conclusiones o la celebración de vista, se señaló a continuación para la votación y fallo de la misma, el día 30 de septiembre de 2.003.
Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo el examen de legalidad de la Resolución de la Delegación del Gobierno en esta Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de fecha 18 de marzo de 2.002, por la que se decretó la expulsión del actor del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un período de tres años, en base a "comprobarse que había sido rechazada su entrada en Gran Bretaña el 26/10/01 carece de la documentación necesaria para permanecer en España, donde ingresó por entrada no habilitada al no constar sello", y considerar que los hechos citados, son constitutivos de la infracción grave prevista en el apartado a) del artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (B.O.E. del 12) modificada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre (B.O.E. del 23) sancionables con la expulsión del territorio español de acuerdo con el artículo 57.1 de la propia norma, "habiéndose tramitado el procedimiento con el carácter preferente previsto en el artículo 63 del repetido texto legal", y artículos 109 y siguientes de su Reglamento de Ejecución aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio (BOE del 21).
Frente a la legalidad del precedente acto administrativo la parte actora en su demanda, para solicitar la anulación del mismo, alega como motivos de impugnación, que si en el pasaporte no consta sello de entrada, es porque es habitual que no se haga, que se encuentra intentando regularizar su situación, y que la sanción es excesiva y desproporcionada.
Como tiene declarado de modo uniforme y constante la jurisprudencia constitucional (por todas la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, de 26 de abril),...
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