STSJ Islas Baleares , 27 de Junio de 2003
| Ponente | FERNANDO SOCIAS FUSTER |
| ECLI | ES:TSJBAL:2003:925 |
| Número de Recurso | 1079/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 552 En la Ciudad de Palma de Mallorca a veintisiete de junio de dos mil tres.
ILMOS SRS. PRESIDENTE D. Jesús I. Algora Hernando MAGISTRADOS D. Pablo Delfont Maza.
D. Fernando Socías Fuster.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears los autos N° 1079/2001, dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de Dª
Carina , representada por la Procuradora Dª. Concepción Zaforteza Guasp y asistida del Letrado D. Juan Ignacio García Campos; y como Administración demandada la General del ESTADO representada y asistida del Abogado del Estado.
Constituye el objeto del recurso la resolución dictada por la Excma. Sra. Delegada del Gobierno, de fecha 07.08.2001, por la que se impone a la recurrente, nacional de Nigeria, sanción de expulsión del territorio nacional.
La cuantía se fijó en indeterminada.
El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. Fernando Socías Fuster, quien expresa el parecer de la Sala.
Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo.
Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, el acto administrativo impugnado.
Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.
No recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, acordándose mediante providencia que las partes se pronunciasen sobre la motivación de la resolución sancionadora en cuanto a la decisión de imponer la sanción de expulsión y no la de multa. Evacuadas las alegaciones, se señaló para la votación y fallo, el día 26.06.2003.
PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN LITIGIOSA.
Se impugna resolución dictada por la Delegación del Gobierno en Illes Balears, por medio de la cual se acuerda imponer a la ahora recurrente la sanción de expulsión del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un período de tres años, a resultas de imputarse infracción grave prevista en el apartado a) del art. 53 de la LO. 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO. 8/2000, de 22 de diciembre, esto es, por "encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido o tener caducada por más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documento análogos cuando fueran exigibles, y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de los permisos en el plazo previsto reglamentariamente".
La parte recurrente alega que en caso de estimarse cometida la infracción, procedía sanción de multa o en su caso motivar las razones por las que se impone la más gravosa sanción de expulsión.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA SANCIONADORA Y CORRELATIVA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR LA IMPUESTA.
Admitido que la LO. 4/2000 (en su redacción tras la LO. 8/2000), prevé que ante las infracciones que se detallan en su art. 57.1° "podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo ", la duda radica en si este "podrá " implica el ejercicio de un derecho de opción o elección favor de la Administración, carente de cualquier control jurisdiccional.
En este punto, no cabe duda de que la idoneidad de la elección es verificable a través de las técnicas de control jurisdiccional, máxime cuando nos encontramos con una decisión dictada en el seno de un procedimiento administrativo sancionador en el cual, la elección afecta a la gravedad de la sanción.
Cuando la norma contempla dos sanciones posibles y una es más gravosa que otra -como ocurre en el caso en el que la sanción de expulsión lo es con respecto a la sanción económica-, la Administración debe realizar un juicio de proporcionalidad o de individualización de la sanción en atención a las circunstancias del infractor -criterio de prevención especial- y de la infracción misma -criterio de prevención general-. En definitiva, a la resolución sancionadora le es de plena aplicación lo previsto en el art. 131 de la Ley 30/1992 en cuanto que recoge el principio de proporcionalidad en materia sancionadora en el sentido de que la sanción aplicada deberá guardar la debida adecuación con la gravedad...
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