STSJ Cantabria , 11 de Junio de 2004

JurisdicciónEspaña
Fecha11 Junio 2004

T.S.J.CANTABRIA SALA CON/AD SANTANDER SENTENCIA: 00443/2004 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SENTENCIA Iltmo. Sr. Presidente Don César Tolosa Tribiño Iltmos. Sres. Magistrados Doña María Teresa Marijuán Arias Doña María Josefa Artaza Bilbao ? 9472^ 72 En la Ciudad de Santander, a 11 de Junio de 2004. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso de apelación n º 65/04 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander, de fecha 19 de Enero de 2004, por DON Raúl y DOÑA Lorenza , siendo parte adherida a la apelación el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD . Es ponente el Ilmo. Sr. Don César Tolosa Tribiño, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El recurso de apelación se interpuso el día 13 de Febrero de 2004, contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander, dictada en fecha 19 de Enero de 2004, que en su fallo establece "Desestimo el presente recurso contencioso-administrativo y declaro conforme a Derecho los actos impugnados. Sin condena en costas".

SEGUNDO

Del recurso de apelación se dio traslado a que formuló oposición al mismo y solicitó de la Sala su desestimación.

TERCERO

En fecha 26 de abril de 2004 se dictó providencia elevando las actuaciones a esta Sala y no habiéndose solicitado la apertura de período probatorio, ni celebración de vista o conclusiones por escrito, se declaró el recurso concluso para sentencia, señalándose para la votación y fallo el día 10 de Junio de 2004, en que se deliberó, votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Una cuestión similar a la presente ya fue objeto de resolución por esta Sala en sentencia de 12 de febrero de 2004, señalando que:

" SEGUNDO: Los demandantes cotitulares de la Oficina de Farmacia nº NUM000 de Castro Urdiales, recurren las liquidaciones de facturaciones realizadas ellos en tal actividad profesional en relación a las recetas dispensadas a cargo de los fondos estatales afectos a sanidad correspondientes a los reseñados, pues, entienden que las deducciones y descuentos realizados a los mismos y de las que resultan los actos impugnados tienen unas características, entre otras que, obedecen a la aplicación de unos porcentajes en aplicación del RD Ley 5/2000, de 23 de Junio, de medidas Urgentes de Contención del Gasto Farmacéutico, que aprecia inconstitucional por lo que luego se dirá; Se efectúan únicamente sobre la facturación correspondiente al de las recetas dispensadas a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y no sobre la totalidad de la facturación de la Oficina de Farmacia; El descuento se realiza sobre el importe mensual, no sobre la media anual; La facturación mensual se calcula en términos de precio de venta al público incrementado con el impuesto sobre el valor añadido; A la facturación mensual objeto de descuento no se le restan los gastos necesarios para su obtención y; El objeto de descuento es el total de la facturación de la Oficina de Farmacia, sin que se tenga en cuenta que es una copropiedad de dos (2) farmacéuticos, es decir, que la facturación es de dos personas físicas. Además, alega lo siguiente, los anteriores descuentos se han hecho, incluso, sobre los importes de las recetas correspondientes a especialidades farmacéuticas de precio superior a 125,01 (20.800 pesetas), I.V.A., incluido, de las de mis principales solo habían percibido 33,54 (5.580 pesetas) por envase Art. 2 R.D.L. 5/2000, de 23 de junio), resultando que el descuento soportado fue superior a los 33,54 euros (5.580 pesetas) cuando el precio de venta al público, el I.V.A., del envase de la especialidad farmacéutica dispensada, había superado los 372,63 euros, precio en el que el descuento es igual al beneficio.

La motivación que sostiene la parte recurrente para articular su pretensión enunciada en el Suplica de la demanda que deriva de una situación ilegal para ellos tras las liquidaciones giradas con las características mencionadas antes, se funda en base a una pretendida inconstitucionalidad de la normativa aplicada, RD Ley 5/2000, de 23 de Junio, de Medidas Urgentes de Contención del Gasto Farmacéutico (R.D.Ley 5/2000, en lo sucesivo), cuyas argumentaciones son del tenor literal enunciativo y sintético, por razones obvias, ya que se conocen por ambas partes, las siguientes: Vulneración del Artículo 31.1 de la Constitución, respecto al principio de capacidad económica; Los artículos 14 y 31.1 de la Constitución, en cuanto a la vulneración del principio de igualdad tributaria; Los artículos 31.1 y 33.3 de la Constitución, en relación a la infracción de la prohibición de la confiscatoriedad de las normas tributarias; Los artículos 1.1, 9.1 y 31.1 de la Constitución, respecto a la vulneración del principio de justicia de las normas tributarias; El artículo 31.3 y 86 de la Constitución, en cuanto a la nulidad de las deducciones por violar la prohibición constitucional de la creación ex novo de un nuevo tributo por Decreto Ley.

TERCERO

Por su parte la Administración Autonómica opone en contra de la anterior argumentación la plena legalidad ordinaria y constitucional del RD Ley 5/2000, cuya normativas contiene medidas orientadas tanto a la contención del Gasto Farmacéutico Público como a la promoción del uso racional de los medicamentos, todo lo cual se encuentra incardinado en el ámbito de las potestades propias de la Administración y constituyen un instrumento necesario y adecuado para poder controlar el gasto por consumo de naturaleza pública dentro del Sistema nacional de la salud dada " la considerable 9incidencia del Gasto farmacéutico en el gasto sanitario total" con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, coherente con el contenido de la Constitución Española.

CUARTO

Precedentes reguladores de las especialidades farmacéuticas y respecto de la normativa cuestionada lo han sido en la legislación Española, el RD 271/1990, de 23 de Febrero y, sobre todo y más próximo el RD 165/1997,de 7 de Febrero, por el que se establecieron nuevos márgenes correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de uso humano y, sobre la cual ya ha tenido ocasión de pronunciarse Nuestro Alto Tribunal Supremo, en varias ocasiones, entre ellas, acerca del primero, RD 271/90, en Sentencia de 13 de Julio de 1.998 y, en cuanto al segundo, sobre su constitucionalidad y de la Ley Estatal del Medicamento(Ley 25/1990, de 20 de Diciembre, modificada por Ley 22/1993, de 29 de Diciembre(Arts. 100 a 104)que norma el régimen de intervención de precios de los medicamentos y así en la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 5 de Noviembre de 1999, se comienza sentando el criterio de la existencia de los especiales títulos competenciales del Estado como poder publico para la intervención en materia de legislación "sobre productos farmacéuticos" en virtud del Art. 149.1.16 y Arts. 41 y 43 de la Constitución Española que les obliga en orden al derecho de la protección de la salud a organizar unos servicios sanitarios que ofrezcan a los ciudadanos prestaciones tanto de carácter preventivo como asistencial, para cuya efectividad el Alto Tribunal entiende que se encuentran indudablemente condicionados por los recursos públicos escasos que se deben administrar y gestionar adecuadamente a través del componente que representan los precios de los productos y especialidades sanitarias, como, los márgenes comerciales o profesionales de su dispensación y se razona acerca del mencionado margen comercial, régimen jurídico, competencia del Estado, inexistencia de vulneración del principio de reserva de Ley, intervención administrativa de los precios y justificación, desestimando el recurso interpuesto y así se manifiesta en ella:

"3PRIMERO.- El Real Decreto que se impugna (RCL 1997\306) establece los márgenes correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de uso humano, reduciéndolos al 27,9% sobre el precio de venta al público. Derogó así (disposición derogatoria única), no sólo el Real Decreto 86/1982, de 15 de enero (RCL 1982\105 y ApNDL 5874), por el que se regulaba la fijación de márgenes profesionales de las especialidades farmacéuticas, sino también la Orden de 26 de julio de 1988 (RCL 1988\1626), por la que se había establecido el margen en cuantía del 29,9%.

"3

  1. Es el Título VIII de la Ley Estatal del Medicamento (LM, en lo sucesivo), Ley 25/1990, de 20 de diciembre (RCL 1990\2643) y modificada por Ley 22/1993, de 29 de diciembre (RCL 1993\3600) (arts. 100 a 104) el que regula el régimen de intervención de los precios de los medicamentos, y dentro de él se incluyen no sólo el precio industrial máximo con carácter nacional, para cada especialidad farmacéutica, sino también los precios correspondientes a la distribución y dispensación de especialidades médicas, disponiéndose que el precio del venta al público se establezca mediante la agregación del precio industrial y de los conceptos correspondientes a la comercialización. Y es en uso de esta habilitación como se aprueba el Real Decreto impugnado.

    Por consiguiente, la supuesta incompetencia estatal para la regulación de márgenes por dispensación de especialidades farmacéuticas, como uno de los componentes comerciales de los precios de estos productos, habría que residenciarla en la LM; de manera que una respuesta positiva a las dudas que mantiene la actora sobre la inconstitucionalidad de esta regulación legal por vulnerar el bloque de constitucionalidad (arts. 148 y 149 CE [RCL 1978\2836 y ApNDL 2875] y Estatuto de Autonomía, artículo 31.19 del de la...

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