STSJ Cataluña 1262/2009, 15 de Diciembre de 2009
| Ponente | ENRIQUE GARCIA PONS |
| ECLI | ES:TSJCAT:2009:15158 |
| Número de Recurso | 623/2008 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 1262/2009 |
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Rollo de apelación nº 623/2008
SENTENCIA Nº 1262/2009
Ilmos. Sres.:
Presidente:
DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO
Magistrados:
DON JAVIER AGUAYO MEJIA
DON ENRIQUE GARCÍA PONS
En la Ciudad de Barcelona, a quince de diciembre de dos mil nueve.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso de apelación arriba referenciado, interpuesto por la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA, representada y asistida por la Abogacía del Estado, siendo parte apelada D. Pedro, representado por el Procurador de los Tribunales D. Joaquim Sans Bascu y asistido por el Letrado D. Manuel Bernaldo Rusiñol. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. ENRIQUE GARCÍA PONS, quien expresa el parecer de la Sala.
En el recurso contencioso-administrativo nº 444/2006, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona por los trámites del Procedimiento Abreviado, se dictó Sentencia en fecha 17 de diciembre de 2007, cuyo fallo fue parcialmente estimatorio del recurso interpuesto por la parte actora y en el presente recurso parte apelada.
Contra la referida Sentencia se interpuso recurso de apelación por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, que fue admitido a trámite, dándose traslado a la representación de D. Pedro, que presentó escrito oponiéndose al recurso y solicitando su desestimación.
Elevadas las actuaciones a esta Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación y tras los trámites procesales pertinentes, no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada ni la celebración de vista, por Providencia se designó Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. D. ENRIQUE GARCÍA PONS y se señaló fecha para la votación y fallo del recurso. CUARTO. En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Constituye el objeto del presente recurso de apelación la Sentencia dictada en primera instancia, el día 17 de diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ciudadano nacional de India D. Pedro contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de fecha 23 de mayo de 2006, por la que se desestimó el recurso de reposición presentado contra la resolución de dicha Subdelegación del Gobierno, de fecha 2 de enero de 2006, por la que se acordó la expulsión del territorio nacional de D. Pedro, prohibiéndole la entrada en España por un período de 4 años, a contar desde la fecha en que se lleve a cabo la expulsión.
A fin de centrar el objeto de debate en el presente recurso resulta pertinente dejar constancia de los siguientes hechos acreditados en las actuaciones:
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D. Pedro fue denunciado el día 23 de julio de 2005 por funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional al comprobar, en la calle Sant Pau de Barcelona, que se hallaba irregularmente en España, y que su pasaporte no tiene sello de entrada. (folio 2 del expediente administrativo).
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Incoado expediente sancionador contra el denunciado (en el que consta la inexistencia de trámite alguno tendente a su regularización), y nombrados intérprete y Letrado designados por el turno de oficio, presentó escrito de alegaciones su Letrado, aportando, entre otros documentos, documento de filiación de la Comisaría de Policía de Ceuta, certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Barcelona, con fecha de inscripción el día 29 de abril de 2005, fotocopia de parte del pasaporte, pero no del sello acreditativo de lugar y fecha de entrada regular en España, y Resolución, de fecha 7 de mayo de 2005, de inadmisión a trámite de la solicitud de residencia y trabajo presentada en el proceso de normalización del año 2005.
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A la propuesta de Resolución de expulsión del territorio nacional, prohibiéndole la entrada en España por un período de 4 años, no presentó nuevo escrito de alegaciones.
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El expediente concluyó mediante la Resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de fecha 2 de junio de 2006, en la que, tras constatar que el recurrente se hallaba incurso en la infracción prevista en el art. 53, apartado a), de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se resolvió en el sentido de acordar la medida de expulsión y prohibición de entrada en España por un período de 4 años.
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Contra la precedente Resolución D. Pedro presentó recurso de reposición, que fue desestimado por la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de fecha 23 de mayo de 2006.
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Interpuesto contra la precedente Resolución recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de instancia, al que volvió a aportar la documentación ya aportada en vía administrativa, fue parcialmente estimado por la Sentencia dictada por el Juzgado a quo, que anuló la Resolución recurrida en cuanto a la sanción de expulsión y prohibición de entrada en España por un período de 4 años impuesta al interesado, que sustituyó por la sanción de multa de 301 euros.
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La Administración recurrente alega en su escrito correspondiente al presente recurso la incorrecta ponderación por la Sentencia de instancia del principio de proporcionalidad, atendidas las circunstancias acreditadas en las actuaciones, solicitando la estimación integra del recurso.
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La representación de D. Pedro entiende la conformidad a Derecho de la Sentencia impugnada, solicitando la desestimación del recurso.
Situado el objeto de debate del presente recurso de apelación en los términos expuestos, resulta pertinente contextualizar como punto de partida (STC 140/2009, F.D. 3º ):
"Comenzando el análisis de fondo por la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ), que el recurrente imputa a la resolución administrativa sancionadora por no haberse motivado la imposición de la sanción de expulsión frente a la de multa ni haberse valorado la alegada existencia de arraigo, al considerar que era una cuestión irrelevante a esos efectos, debe recordarse que es doctrina reiterada de este Tribunal que las garantías procesales establecidas en el art. 24 CE son aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores, en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva del Estado, con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza (por todas, STC 17/2009, de 26 de enero, FJ 2 ), incluyendo en esas garantías el deber de motivación. A esos efectos, ha recordado este Tribunal que, si bien el deber motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de la legalidad...
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