STS, 16 de Mayo de 1991
| Ponente | LUIS ROMAN PUERTA LUIS |
| ECLI | ES:TS:1991:9930 |
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 1991 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
Núm. 1.868.-Sentencia de 16 de mayo de 1991
PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Luis Román Puerta Luis.
PROCEDIMIENTO: Recurso de casación por infracción de Ley.
MATERIA: Delito de robo. Reincidencia: constitucionalidad. Eximente de estado de necesidad.
Cuestión nueva.
NORMAS APLICADAS: Art. 849 Ley de Enjuiciamiento Criminal; art. 10 Código Penal; art. 25 Constitución Española; art. 1 Constitución Española; art. 14 Constitución Española; art. 61 Código Penal; art. 8 Código Penal; art. 2 Código Penal; art. 84 Ley de Enjuiciamiento Criminal .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo, 21 de diciembre de 1984; 22 de julio de 1986; 9 de abril de 1987; 18 de enero de 1989; 21 de enero de 1986; 13 de abril de 1987; Sentencias de Tribunal Constitucional, 8/86, 64/84, 49/85, 52/86 .
DOCTRINA: La doctrina jurisprudencial contraria al acceso en la casación de las «cuestiones nuevas» admite, sin embargo, una excepción para aquellos supuestos en que, aun sin proposición de parte, la narración fáctica de la sentencia recurrida contenga todos los datos que sirvan de soporte para la apreciación de una circunstancia modificativa determinada, en los que el Tribunal de instancia vendría obligado, aun de oficio, a aplicarla.
En la villa de Madrid, a dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y uno.
En el recurso de casación por infracción de Ley, que ante Nos pende, interpuesto por el procesado Pedro Miguel , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que le condenó por delito de robo, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. don Luis Román Puerta Luis, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora señora doña Raquel Rujas Martín.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Instrucción de Valverde del Hierro instruyó sumario con el núm. 2 de 1986, contra Pedro Miguel y otra, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que, con fecha 27 de marzo de 1989, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado: 1.º Resultando: «Probado, y así se declara, que el procesado Pedro Miguel , mayor de edad y anterior y ejecutoriamente condenado, por un delito de robo, en Sentencia de 27 de julio de 1984, aplicándosele los beneficios de la condena condicional el 22 de noviembre de 1984, entre las 2 y 3 horas del 7 de septiembre de 1985 penetró tras romper y forzar la puerta en la vivienda que ocupaba seis meses al año Regina , sita en la calle DIRECCION000 , en San Andrés, apoderándose con ánimo de lucro de diferentes objetos, estando tasados pericialmente en un total de 367.155 pesetas (joyas 94.000 pesetas; mantelerías 195.100 pesetas; cubertería y candados 12.055 pesetas; libros, cazadora, mecheros y pidera: 66.000 pesetas), habiéndose recuperado parte de los efectos, cuya valoración no se ha efectuado; los daños causados en lacerradura ascienden a 700 pesetas. La procedencia ilícita de estos objetos era conocida por la también procesada María Teresa , mayor de edad y sin antecedentes penales, la cual no participó en los citados hechos delictivos cometidos por Pedro Miguel , pero facilitó la ejecución de los mismos al no dar noticias de su relación. Dicha procesada está unida sentimentalmente, desde hace años, con Pedro Miguel , con el que tiene dos hijos y esperan otro.»
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: Fallamos: «Que debemos condenar y condenamos al procesado Pedro Miguel como autor responsable de un delito de robo ya definido, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de tres años de prisión menor, a las accesorias de suspensión de todo cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo y al pago de las costas procesales en una mitad, así como a que abone a Regina la suma de 50.000 pesetas y a María Reyes 45.000 pesetas como indemnización de perjuicios. Declaramos la insolvencia de dicho procesado aprobando el auto que a tal fin dictó el Juzgado Instructor, y para el cumplimiento de la pena principal que se impone en esta resolución le abonamos todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. De otra forma debemos de absolver y absolvemos a la procesada María Teresa , del encubrimiento por el robo de que venía acusada, declarando de oficio la otra mitad de las costas.»
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por el procesado Pedro Miguel que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
La representación del procesado Pedro Miguel , formuló los siguientes motivos de casación:
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: Por infracción de Ley. Al amparo del núm. 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el concepto jurídico de aplicación indebida de la circunstancia agravante núm. 5 del art. 10 del Código Penal . Pública y notoria es, aunque todavía no constituya jurisprudencia en sentido estricto, la inconstitucionalidad de la circunstancia agravante de reincidencia del núm. 15 del art. 10 del Código Penal, por violar el art. 14 de la Constitución; 2.º: Por infracción de Ley. -Al amparo del núm. 1 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por el concepto jurídico de violación por no aplicación de la circunstancia eximente 7.a de estado de necesidad, del art. 8 del Código Penal . Es notoria la jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite la posibilidad de revisar en casación la apreciación o no estimación de la concurrencia de cualquier circunstancia modificativa de la personalidad y de la responsabilidad del delincuente, si existen suficientes elementos probatorios de su existencia en autos.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos para señalamiento de fallo, cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento para fallo, se celebró la votación prevenida el día 10 de mayo de 1991.
Fundamentos de Derecho
El primer motivo, por la vía del núm. 1.° del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia infracción de Ley «por el concepto jurídico de aplicación indebida de la circunstancia agravante núm. 15 del art. 10 del Código Penal ».
Alega la parte recurrente, en apoyo de este motivo, que, aunque todavía no constituya jurisprudencia en sentido estricto, es pública y notoria la inconstitucionalidad de la circunstancia agravante de reincidencia, «por violar el art. 14 de la Constitución ».
Dice también la parte recurrente que «el núm. 2 del art. 25 de la Constitución impone, taxativamente, que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y la reinserción social del delincuente», y, por ello, afirma que «no tiene sentido que Pedro Miguel , padre ya de tres niños menores de edad, y que ha logrado encontrar un medio de trabajo estable para él y su familia, vea ahora de nuevo truncada su vida y que tenga que ingresar de nuevo en prisión, después de que han transcurrido más de cuatro años desde que tuvieron lugar los hechos enjuiciados».
No es la primera vez que se plantea ante esta Sala la cuestión de la posible inconstitucionalidad de la circunstancia agravante de reincidencia ( art. 10.15.ª del Código Penal ), que las partes recurrentes pretenden fundamentar en variados argumentos jurídicos, entre ellos el aquí alegado (vulneración del principio de igualdad).
No desconoce esta Sala el debate que sobre esta cuestión se mantiene actualmente en el campo doctrinal; mas la doctrina jurisprudencial, clara y constante, se viene negando a estimar este tipo derecursos, por entender que las razones y argumentos expuestos en apoyo de los mismos contemplan la cuestión debatida desde la perspectiva de lege ferenda, pero no desde la lex data, que es la que procede tener en cuenta en casación.
Llegados a este punto, importa destacar que la redacción actualmente vigente de la circunstancia agravante de «reincidencia» ( art. 10.15.a del Código Penal ) es posterior a la aprobación del texto constitucional^ al haber sido llevada a cabo mediante las Leyes Orgánicas 8/1983, de 25 de junio, y 3/1988, de 25 de mayo .
En cualquier caso, debe reconocerse que la aplicación de la agravante de reincidencia no lesiona el principio de «igualdad ante la Ley» (v. arts. 1 y 14 de la Constitución ). Tal principio se refiere a la igualdad «ante la Ley» y «ante la aplicación de la Ley» (v. Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 8/1986 ), y en modo alguno prohibe que el legislador contemple diferenciar situaciones distintas y darlas tratamientos diversos (v. Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 64/1984, 49/1985 y 52/1986 ), cosa que, sin duda, sucede en el supuesto de la reincidencia.
Por lo demás, debe decirse también que la discutida agravante no lesiona el principio de «legalidad», ni el de «proporcionalidad» de las penas, por cuanto la estimación de la misma no implica la imposición de pena superior o distinta de la legalmente prevista para el delito de que se trata; y porque, al determinar su estimación la procedencia de imponer al condenado la pena señalada al delito en sus grados medio o máximo, es evidente que concede al Tribunal el arbitrio de penarle en un grado de la pena aplicable también a los supuestos en que no concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal ( art. 61.4.ª del Código Penal ); permitiendo, en definitiva, imponer la pena proporcionada a la culpabilidad que deba apreciarse en la conducta del condenado.
Por lo demás, las referencias a la finalidad de las penas y la alegada estabilidad familiar y laboral del recurrente, ni constituyen -aquéllos- una peculiaridad del presente caso, ni -ésta- puede tener otro valor que el de una simple alegación de parte.
Procede, pues, la desestimación de este motivo.
El segundo motivo, al amparo del núm. 1.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia igualmente infracción de Ley, «por el concepto jurídico de violación por no aplicación de la circunstancia eximente 7.a de estado de necesidad, del art. 8 del Código Penal »
Afirma la parte recurrente que «de las actuaciones practicadas y muy concretamente de las sinceras e incontrovertidas declaraciones del procesado... se desprende que el recurrente actuó bajo un evidente estado irresponsable de necesidad por su precaria condición económica y por las especiales circunstancias en que vivía, ...»; estimando que, alternativamente, «la Sala de instancia debió al menos utilizar la vía del párrafo 2.° del art. 2 del Código Penal , ...».
Aunque la parte recurrente viene a plantear en este motivo una «cuestión nueva» -no debatida, por tanto, en la instancia.-, dado que, en su calificación definitiva, se limitó a pedir que el procesado Pedro Miguel fuera condenado a la pena de «dos años, cuatro meses y un día de prisión menor», es preciso recordar que la doctrina jurisprudencial contraria al acceso a la casación de las «cuestiones nuevas» admite, sin embargo, una excepción para aquellos supuestos en que, aun sin proposición de parte, la narración fáctica de la sentencia recurrida contenga todos los datos que sirvan de soporte para la apreciación de una circunstancia modificativa determinada, en los que el Tribunal de instancia vendría obligado, aun de oficio, a aplicarla (v. Sentencias de 21 de diciembre de 1984, 22 de julio de 1986, 9 de abril de 1987 y de 18 de enero de 1989, entre otras).
Dicho lo anterior, debe reconocerse que del relato fáctico de la sentencia recurrida no se desprende la concurrencia de los requisitos precisos para la estimación de la eximente de estado de necesidad, que, como resumidamente se dice en las Sentencias de 21 de enero de 1986 y de 13 de abril de 1987, se concretan en un estado de precariedad, penuria o indigencia del sujeto activo o su familia; tras haberse agotado todos los recursos que, en la esfera profesional y familiar, podría utilizar, por lo que no exista otra solución que la de proceder de un modo antijurídico; debiendo, además, aplicarse los bienes así obtenidos a la satisfacción de las necesidades primarias del reo o a los de su familia; sin que, finalmente, se hayan tomado más de los estrictamente necesarios.
Preciso es reconocer también que las afirmaciones hechas por la parte recurrente como fundamento de este motivo, al carecer de todo reflejo en el factum, carecen de toda validez a los efectos de suestimación, habida cuenta de las exigencias propias del cauce procesal elegido (v. art. 884.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ). Y lo mismo cabe decir, finalmente, de la petición alternativa de utilización de la facultad establecida en el párrafo segundo del art. 2 del Código Penal .
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por la representación del procesado Pedro Miguel , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 27 de marzo de 1989 , en causa seguida al mismo y otra, por delito de robo. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la cantidad de 750 pesetas, si viniere a mejor fortuna, por razón de depósito no constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos.-Enrique Ruiz Vadillo.-Luis Román Puerta Luis.-Fernando Díaz Palos.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Luis Román Puerta Luis, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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STS 1220/1998, 30 de Diciembre de 1998
...porque resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas, está plenamente consolidada en la jurisprudencia (entre otras, SSTS de 16 de mayo de 1991, 15 de febrero de 1992, 22 de diciembre de 1993 y 25 de enero de 1995), en el caso del debate se ha apreciado la excepción de litisconsorci......