STSJ Cataluña 73/2006, 25 de Enero de 2006
| Ponente | EDUARDO SAAVEDRA MALDONADO |
| ECLI | ES:TSJCAT:2006:3769 |
| Número de Recurso | 1663/2002 |
| Número de Resolución | 73/2006 |
| Fecha de Resolución | 25 de Enero de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 73
Ilmos.Sres.:
PRESIDENTE
D. EMILIO BERLANGA RIBELLES
MAGISTRADOS
Dña. Mª JESÚS FERNÁNDEZ DE BENITO
D. EDUARDO SAAVEDRA MALDONADO
En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de enero de dos mil seis.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION SEGUNDA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 1663/2002 interpuesto por Sergio representado por la Procuradora JOANA MIQUEL FAGEDA, contra MINISTERIO DEL INTERIOR D.G.P.representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo.Sr. Magistrado D. EDUARDO SAAVEDRA MALDONADO , quien expresa el parecer de la SALA.
Por la representación de la actora se interpuso recurso contra la resolución de 9/8/02 del Ministerio de Interior, Brigada Provincial de extranjeria de Barcelona, que acordaba la expulsión prohibiendo la entrada en territorio español por un periodo de 4 años a Sergio
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando que se dictara sentencia que anulela resolución que se recurre y por no ser ajustada a derecho.
La Administración demandada, en su escrito de contestación a la demanda, solicitó la desestimación del recurso.
Se prosiguió el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron admitidas, se pasó al trámite de conclusiones su cintas, señalándose para votación y fallo el 13 de enero de 2006.
En la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
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PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento resolución administrativa que acordó la expulsión del recurrente del territorio español al aplicar el artículo 53 a) de la ley 4/2000 considerando que se encontraba en situación irregular en nuestro país al carecer de la documentación exigible. Los motivos del recurso son , excepto de los que más tarde se tratará, idénticos a los enjuiciados en el recurso núm 908/02 (y en la mas reciente sentencia dictada en autos 1649/02 ) que fue sentenciado en 9-3-2004 con los fundamentos que se trascriben a continuación dada la similitud de hechos.
En aquella sentencia se decía lo que sigue.
Se impugna en el presente procedimiento resolución administrativa que acuerda la expulsión del territorio español de la recurrente por encontrarse la misma carente de toda documentación o causa que justifique su presencia y estancia en España, fundamentándose la resolución antedicha en los artículos, 53 a) y 57 de la L.O. 4/2000 .
Es habitual, como en el presente supuesto, entender que la resolución administrativa impugnada no es conforme a derecho porque no se cumplen, además de una genérica vulneración del art. 24 CE las previsiones legales previstas para los procedimientos administrativos sancionadores.
Esta circunstancia permite recordar que el Tribunal Constitucional en sus sentencias 94/1993 ; 116/1993 y 24/2000 entre otras ha establecido que la orden de expulsión decretada por la autoridad gubernativa competente no es una pena sino una sanción administrativa que ha de encontrar cobertura en la legislación de extranjería. Asimismo el Tribunal Constitucional (STC 24/2000 ) establece que "debe tenerse en cuenta que los extranjeros sólo gozan del derecho a residir en España en virtud de autorización concedida por autoridad competente, de conformidad con los Tratados internacionales y la ley (arts.13 y 19 CE , SSTC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2 , y 94/1993, de 22 de marzo, FJ 3 ; y Declaración de 1 de junio de 1992, relativa al Tratado de la Unión Europea Por tanto, es lícito que la Ley de Extranjería subordine el derecho de los extranjeros a residir en España al cumplimiento de determinadas condiciones, como son, entre otras, la de no estar implicados en actividades contrarias al orden público, o la de no cometer delitos de cierta gravedad, o estar en posesión de la documentación pertinente y preceptiva.
Esta conclusión se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, sin dejar de recordar que los Estados europeos deben respetar los derechos humanos plasmados en el Convenio de Roma, no ha dejado de subrayar la amplia potestad de que disponen los poderes públicos para controlar la entrada, la residencia y la expulsión de los extranjeros en su territorio (SSTEDH) Abdulaziz, de 28 de mayo de 1985, Berrehab, de 21 de junio de 1988, Moustaquim, de 18 de febrero de 1991 , y Ahmut, de 28 de noviembre de 1996 como este Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de recordar en STC 242/1994, de 20 de julio y ATC 331/1997, de 3 de octubre.
Las STC 94/1993, de 22 de marzo y 242/1994, de 20 de julio han precisado las garantías que protegen a los extranjeros que residen legalmente en España, y que se fundan en los arts.13, 19 y 24 CE, interpretados a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en concreto sus arts. 12 y 13 Precisamente, en este último precepto se establece que " el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que le asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas".
Del referido precepto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se derivan límites a lasposibilidades abiertas al legislador para determinar los supuestos de expulsión de un extranjero que reside legalmente en un país: el primero de ellos, la predeterminación en una norma de las condiciones en que procede la expulsión; el segundo, la apertura de...
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