STSJ Asturias 1820/2006, 28 de Septiembre de 2006
| Ponente | JOSE ANTONIO MERINO PALAZUELO |
| ECLI | ES:TSJAS:2006:2374 |
| Número de Recurso | 362/2003 |
| Número de Resolución | 1820/2006 |
| Fecha de Resolución | 28 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA nº 1.820 -R
ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. JOSE IGNACIO PEREZ VILLAMIL
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. MANUEL BARRIL ROBLES
D. JOSE ANTONIO MERINO PALAZUELO
En Oviedo a veintiocho de septiembre de dos mil seis.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, componentes de la Sección de Refuerzo, ha dictado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 362/03 interpuesto por Dª. Almudena , representado por el Procurador Dª. Consuelo Isart García, actuando bajo la dirección Letrada de Dª. Marta María García García, contra el AYUNTAMIENTO DE OVIEDO, representado por el Procurador D. Luis de Miguel Bueres y Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de D ª. Patricia Ibaseta Diaz, siendo parte codemandada MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S. representada por el Procurador Dª. Ana Felgueroso Vazquez, actuando bajo la dirección Letrada de Dª. Norma Garcia Martinez. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSE ANTONIO MERINO PALAZUELO.
Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia por la que estimando el recurso, se declare nula y contraria a derecho la resolución impugnada, acordando la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada y condenándola a indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios sufridos, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
Por Auto de dos de septiembre de dos mil tres , se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el pasado día, en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
La recurrente, Dña. Almudena , representada por la Procuradora Sra. Isart García, interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Concejal Delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo de 07.01.2003 (Expediente nº 1531-2002-15), desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por daños personales presentada por la misma el 28.02.2002, formalizando demanda en la que suplica se declare nula y contraria a derecho la resolución impugnada acordando la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada y condenándola a indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios sufridos, que previamente fija en la cuantía de 14.700 #, más el interés legal de la cantidad exigible desde el momento en que fue reclamada por el damnificado hasta su completo pago.
La Administración demandada se opone a la demanda, al igual que MAPFRE INDUSTRIAL S.A.S, que emplazada de acuerdo con lo prevenido en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, comparece y es tenido como parte demandada, a los efectos prevenidos en el artículo en el artículo 21.1.c ) de la misma norma.
El instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está regulado legalmente en los artículos 139 a 144 de la LRJAP y PAC 30/1992 , encontrando fundamento de rango superior en el artículo 106.2 de la Constitución . A partir de una copiosa jurisprudencia existente sobre la materia se ha estructurado una compacta doctrina que, sintéticamente expuesta, requiere los siguientes presupuestos básicos de imputación:
-
Un servicio público, entendido en el sentido amplio de actividad administrativa ("giro o tráfico administrativo", "gestión, actividad, quehacer administrativo").
-
Funcionamiento normal o anormal del servicio público.
-
Lesión en cualesquiera bienes y derechos de los particulares, que no tengan el deber jurídico de soportar, teniendo que ser el daño indemnizable, efectivo, evaluable económicamente, e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, pudiendo ser físico o corporal, material y moral.
-
Finalmente ha de existir una relación de causalidad entre aquel funcionamiento normal o anormal y la lesión, causalidad que se interrumpe cuando concurre culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor. A ello debe añadirse que la lesión efectiva en los bienes y derechos de los particulares que genera la obligación a cargo de la Administración debe ser entendida como un daño o perjuicio antijurídico, que los afectados notienen la obligación de soportar por no existir causa alguna que lo justifique, lesión que tiene que ser consecuencia de hechos idóneos para producirla (S.TS. 19.12.1996) y si bien es cierto que con frecuencia, al analizar la concurrencia del nexo de causalidad, se ha exigido que exista una relación de causa a efecto directa, inmediata, material y exclusiva entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso producido, en realidad puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, siempre que pueda colegirse tal nexo de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño o perjuicio, aunque, como correlato, cuando se den todas las notas anteriormente indicadas la reparación a cargo de la Administración será íntegra, absoluta y total, pero si existen otras concausas, se moderará proporcionalmente aquélla (S.TS. 25.01.1997). Según la S.TS. de 13.10.1998, "entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquellas que explican el daño por la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba