SAN, 15 de Octubre de 2003
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 4ª |
| ECLI | ES:AN:2003:1854 |
SENTENCIA
Madrid, a quince de octubre de dos mil tres.
VISTO por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
el recurso contencioso-administrativo número 27/03 promovido por COTO MINERO DEL NARCEA,
S.A., representada por el Procurador D. Francisco de las Alas Pumariño, contra orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 8 de enero de 2003, sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración, habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada por
el Abogado del Estado; cuantía 33.777,37 euros.
Interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante esta Sección fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la demanda, lo que así hizo en escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando que se dicte sentencia por la que se declare el derecho de la demandante a ser resarcida en los importes correspondientes a los gastos de constitución, mantenimiento de los avales constituidos en ejecución provisional de sentencia de la Audiencia Nacional, y que alcanzan la cuantía de 5.620.081 pesetas/ 33.777,37 euros.
Emplazado el Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una Sentencia desestimatoria del recurso interpuesto y confirmatoria de la resolución impugnada.
No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba y evacuado por las partes el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 8 de octubre de 2003, en que tuvo lugar.
VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, y siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. ERNESTO MANGAS GONZALEZ Magistrado de la Sección.
La Constitución Española, artículo 106.2, reconoce a los particulares, en los términos establecidos por la Ley, el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Al propio tiempo, el texto constitucional, artículo 149.1.18ª, atribuye al Estado competencia exclusiva para establecer el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
Dicha previsión constitucional vino a hacerse realidad a través de la Ley 30/1992, artículos 139 y siguientes, al sentar el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de su bienes y derechos , salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que se trate de lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, según puntualiza la expresada Ley en su artículo 139.2.
Así pues, como sucedía bajo la legislación precedente, para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración es necesaria una actividad administrativa (por acción u omisión - material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado, y relación de causa-efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama, a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de fuerza mayor, cuando se alegue como causa de exoneración (Sentencias de 14 de julio 1986, 29 de Mayo de 1987, 14 de septiembre de 1989).
.Con fecha de 7/04/1988, la Sociedad demandante solicitó de la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de cotizaciones efectuadas por las contingencias de desempleo, Formación Profesional y Fondo de Garantía Salarial. Desestimada cuya solicitud por silencio administrativo, formuló reclamación...
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