SAN, 12 de Febrero de 2002
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2002:861 |
SENTENCIA
Madrid, a doce de febrero de dos mil dos.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 8/1770/2000, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª CAYETANA
DE ZULUETA LUCHSINGER, en nombre y representación de "TRANSBORDOS Y
CONSIGNACIONES, S.A.", frente a la Administración General del Estado, representada por el Sr.
Abogado del Estado, contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio de Fomento, emitida por
delegación, de fecha 29 de Noviembre de 2.000 que inadmite a tramite el recurso interpuesto
"TRANSBORDOS Y CONSIGNACIONES, S.A.", (que después se describirá en el primer
fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ.
:
Por la recurrente expresada se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado en fecha 29 de Diciembre de 2000, formulado contra la desestimación del recurso interpuesto contra liquidación practicadas por la Autoridad Portuaria de Huelva por la Tarifa T-3 e importe total de 1.101.417 pesetas (un millón ciento una mil cuatrocientas diez y siete pesetas), 6.619,65 EUROS acordándose su admisión por Providencia de fecha 12 de Enero de 2.001.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 11 de Abril de 2001, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de la liquidaciones practicadas y con reconocimiento del derecho a la devolución de la cantidad solicitada por basarse en Ordenes Ministeriales nulas y en consecuencia se proceda a la devolución del importe controvertido más los intereses legales correspondientes.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 20 de Junio de 2.001, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando la declaración de falta de competencia de este Tribunal, la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad de la reclamación y firmeza de las liquidaciones recurridas o, subsidiariamente, su desestimación. También solicita que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad del articulo 70 de la Ley 27/92 o alternativamente que se suspendan las actuaciones hasta que se conozca la decisión del Tribunal Constitucional en el recurso 406/2.000.
Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 5 de Febrero de 2002, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
II.-
Se impugna la Resolución de fecha 29 de Noviembre de 2.000 (Ref. 01850/00 PM) que inadmite el recurso ordinario interpuesto con fecha 28 de Abril de 2.000, contra liquidaciones por un importe total de 1.101.417 pesetas (un millón ciento una mil cuatrocientas diez y siete pesetas) 6.619,65 EUROS practicadas por la Autoridad Portuaria de Huelva por Tarifa T-3 carga o descarga de mercancías por un importe de 1.101.417 pesetas nº de liquidación 3001/00, puerto Huelva nombre del barco DORSCH (ME) fecha 16 de Marzo de 2.000.
Y ello al entender la entidad recurrente que puesto que tales liquidaciones traen causa en la Orden de 30 de Julio de 1.998 e incurrir ésta en vicio de nulidad radical por infracción de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución; interpretado conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1.995, de 14 de Diciembre; debe ser anulada la liquidación indicada con reconocimiento del derecho a su devolución.
Pretensión que la actora fundamenta además, abordando el tema desde la entrada en vigor de la Ley 27/1.992, de 24 de Noviembre (artículo 70), en que el mero hecho de descargar mercancías no es un servicio prestado por el Puerto indicado sujeto al régimen de tarifas correspondientes a precios privados.
La primera de las cuestiones que se plantean en este recurso se refiere a la falta de competencia de este Tribunal.
Lo aquí planteado aunque se centra en la impugnación de determinadas liquidaciones, se fundamenta en la ilegalidad de la Orden Ministerial en virtud de la cual aquella se practica.
Se impugna por tanto indirectamente la Orden Ministerial, a través del recurso presentado contra un acto que la aplica; y ello estando vigente, tanto la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común como la Ley 29/1.998, de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de aplicación a este recurso.
El artículo 107, 3 de la Ley 30/92, ya estableció que los recursos contra un acto administrativo que se funde únicamente como es el caso en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el Organo que dictó dicha disposición.
Es legítimo, por tanto, que fundamentada la interposición del recurso administrativo contra la liquidación en nulidad de diversas ordenes ministeriales, la Entidad recurrente acudiese directamente al Ministro para pretender la anulación de las liquidaciones basandose exclusivamente en la nulidad de las Ordenes que aplica.
A más razón la nueva Ley Jurisdiccional viene también a confirmar la consideración anterior, partiendo de una interpretación conjunta de los artículos 13 párrafo c. y 27.1. Por el primero de los preceptos indicados la atribución de competencia por razón de materia prevalece sobre la efectuada en razón del Organo administrativo autor del acto. En este caso aunque los actos emanen de las Autoridades portuarias, la "materia" que da origen a la impugnación viene referida a la ilegalidad de una Orden Ministerial. Pues bien es voluntad del legislador en la nueva Ley que en todas los casos en que se plantee la ilegalidad de una disposición general, esta sea declarada por el Tribunal que tiene competencia para declararla, obligando incluso al Juez o Tribunal de lo Contencioso- Administrativo a plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente (artículo 27.1 de la Ley 29/1.998), lo que viene a confirmar la conclusión anteriormente alcanzada y rechazar la falta de competencia de este Tribunal, que plantea la Abogacía del Estado.
La propia Resolución impugnada así lo reconoce al otorgar recurso ante esta Audiencia Nacional.
También es adecuado rechazar la extemporaneidad de la reclamación en vía administrativa habida cuenta de que la Administración no notificó a la entidad recurrente la resolución como un acto de naturaleza tributaria, sino que se limitó a trasladarselo como una factura, de naturaleza privada, sin ofrecerle por tanto, el recurso administrativo correspondiente a una liquidación tributaria y sin darle la debida concentración jurídica.
La Administración tiene que concretar si el precio era privado, público o tenía la naturaleza de tasa, ofreciendo los recursos pertinentes. Es más la propia Administración niega el carácter de tasa, con lo que conforme a sus propios actos no procedería recurso administrativo.
Sentado lo anterior la cuestión fundamental cuyo análisis ha sido reiterado en repetidas y precedentes sentencias se centra en determinar si lo abonado por la recurrente tiene naturaleza de tasa o de precio privado, y en razón de ello concluir si las actuaciones impugnadas constituyen auténticos actos administrativos de naturaleza tributaria, revisables ante esta jurisdicción o se trata de actos jurídico privados enjuiciables en vía civil, como razona la Administración
Del conjunto de posibles prestaciones alcanzables en los puertos marítimos comerciales la de descarga de mercancías -a la que precisamente se refieren la liquidación impugnada- es patente que determina la instalación de medios mecánicos o instalaciones especializadas que ocupan espacios de dominio público portuario. Esta ocupación provoca que al efectuarse sobre un limitado espacio físico dedicado a las operaciones de carga y descarga la ocupación con instalaciones tenga un carácter excluyente para el resto de quienes pretendan realizar este tipo de servicios y...
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