STSJ Comunidad de Madrid 1585/2003, 22 de Diciembre de 2003
| Ponente | Dª. FRANCISCA MARIA DE FLORES ROSAS CARRION |
| ECLI | ES:TSJM:2003:17290 |
| Número de Recurso | 548/2003 |
| Número de Resolución | 1585/2003 |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
D. ALFREDO ROLDAN HERRERODª. CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIADª. FRANCISCA MARIA DE FLORES ROSAS CARRIONDª. MARIA JESUS VEGAS TORRESD. JOSE FELIX MARTIN CORREDERAD. FRANCISCO JAVIER SANCHO CUESTA
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.1
MADRID
SENTENCIA: 01585/2003
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
RECURSO Nº 548/03
SENTENCIA NÚM. 1.585
PRESIDENTE:
D. Alfredo Roldán Herrero
MAGISTRADOS:
Dª. Clara Martínez de Careaga y García
Dª. Francisca Rosas Carrión
Dª. María Jesús Vegas Torres
D. José Felix Martín Corredera
D. Francisco Javier Sancho Cuesta
En la Villa de Madrid, a veintidos de diciembre de dos mil tres.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 548/03, interpuesto por el Procurador D. Jose Periañez González, en nombre y representación de D. Alonso contra la resolución de la Delegación del Gobierno de fecha 26.2.03, sobre expulsión; siendo parte la DELEGACION DEL GOBIERNO EN MADRID, representada por el Sr. Abogado del Estado.
Admitido el recurso y previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la parte demandada para contestación a la demanda, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinen tes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
No solicitado el recibimiento a prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, ni solicitado por las partes la presentación de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 11 de diciembre de 2003, fecha en que tuvo lugar.
Siendo PONENTE la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Francisca Rosas Carrión.
Don Alonso, nacional de Rumanía, ha interpuesto el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada en fecha de 26.2.2003 por la Delegación del Gobierno en Madrid, mediante la que se decretó su expulsión del territorio nacional por infracción grave tipificada en el art. 53.a) de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, reformada por L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, al encontrarse irregularmente en territorio español.
En las actuaciones administrativas ha quedado reflejado el dato objetivo de que el recurrente carecía de documentación justificativa de su estancia o residencia legal en España. Este hecho no ha sido conocido de referencia por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le detuvieron e instruyeron las actuaciones, los cuales no han de ser considerados como simples particulares, sino como funcionarios públicos que han actuado en el cumplimiento de las funciones de su cargo : El precitado dato de hecho ha sido percibido real, objetiva y directamente por aquéllos a través de lo manifestado por el recurrente cuando fue requerido para que presentara la documentación, y estas circunstancias dotan al contenido objetivo consignado en las actuaciones administrativas de las que dimana este proceso de un carácter directo y de imparcialidad que habría de ser destruido mediante prueba en contrario.
Sin embargo en este proceso no ha sido practicada prueba alguna que cuestione o enerve los hechos objetivamente acreditados en las actuaciones administrativas, como tampoco lo fue en vía administrativa, siendo de significar que, una vez constando en el expediente administrativo el hecho constitutivo del tipo de la infracción, conforme a las reglas sobre la carga de la prueba reforzadas en este caso por el principio de facilidad probatoria, es al recurrente a quien corresponde la carga de aportar - como impeditivos u obstativos de las consecuencias jurídicas del hecho consignado en el expediente - su documentación y los datos que puedan evidenciar la legalidad de su situación en España o, en su caso, las actuaciones tendentes a regularizar su situación, por lo que, ante el fracaso de su carga probatoria, parece razonable considerar en la presente resolución como definitivamente acreditado que el recurrente carecía de documentos para justificar su situación de estancia o residencia legal en España o para regularizar su situación, de donde se concluye que ha quedado enervada la presunción de inocencia.
La resolución impugnada en este proceso no evidencia tampoco la falta de motivación que se le imputa , ya que la decisión administrativa ha sido adoptada en el caso de autos con expresión de sus fundamentos, es decir, de los presupuestos de hecho en que se apoya y de las normas en cuya aplicación se ha justificado la decisión, con lo...
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