STS 1053/1999, 1 de Septiembre de 1999

En el motivo único del recurso de casación de Frida, al amparo del art. 5.4 de la L.O.P se denuncia la vulneración del principio de presunción de inocencia, reconocido en el art. 24.2 de la CE.

En el desarrollo del motivo, el recurrente, al folio 39 vto. del Rollo del Tribunal Supremo, no niega la existencia de una mínima prueba incriminatoria contra la acusada, pero entiende que la misma fue desvirtuada por otros datos fácticos y elementos probatorios que debió de haber tenido en cuenta el Tribunal.

Así concretamente estima el recurrente que las afirmaciones de los policías NUM001y NUM002sobre los movimientos de Fridalos días 19 y 25 de febrero de 1997, presumiblemente dirigidos a llevar droga desde el módulo de Marí Trini, al único, se hallan desvirtuadas por la prueba documental y testifical acreditada de que dichos días se hallaba la acusada en los mercados de Maliaño o de Corrales.

La procedencia lícita del dinero que se le encontró a Fridaen el registro, aparece justificada, a juicio de la recurrente, por las declaraciones de ella y de su madre.

También son datos reveladores exculpatorios los referentes a que no se le encontró droga a la acusada, en el registro y el de que carecía de antecedentes policiales y penales.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso de Frida, por considerar que el Tribunal enjuiciador se basó en indicios desvirtuadores de la presunción de inocencia, según se argumenta de forma razonable en el Fundamento Primero de la sentencia impugnada.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia, citado como infringido, reconocido en los más caracterizados Tratados Internacionales, como la Declaración de Derechos del Hombre de 1948, el Convenio Europeo de 24.11.1950 (art. 6), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19.12.66 (art. 14) y objeto de una detallada elaboración por la Doctrina del TC. (SS. 3/81, 107/83, 17/84, 174/85, 229/88, 138/92, 303/93, 182/94, 86/95, 24/96 y 157/96) y de esta Sala Segunda del TS. (SS. de 31.3 y 19.7.88, 19.1 y 30.6.89, 14.9.90, 15 y 20.1.92, 8.2.93, 30.9.94, 10.3.95, y 203, 727, 754, 821 y 882/96), significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, acreditativa de los hechos motivadores de la acusación y ratificada en el juicio oral, con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad; sin que sea admisible en cambio utilizar la vía de la presunción para pretender un nuevo reexamen y valoración de la prueba por el Tribunal Supremo, con olvido de la norma del art. 741 de la LECrim., que atribuye tal función de ponderación y crítica del material probatorio al Tribunal enjuiciador.

La jurisprudencia de esta Sala (SS. 4.1, 5.2, 15.3, 10.4, y 11.9.91, 7.8.93, 25.4, 4.10.94 y 25.11.96) y del TC (SS. 174 y 175/85, 160 y 229/88 y 111/90) ha admitido el valor de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre que el Tribunal enjuiciador pueda contar con varios hechos base debidamente probados y que de ellos fluya, conforme a las reglas de la experiencia, la concurrencia de la participación del acusado en el hecho deductivo, habiéndose además cumplido de forma satisfactoria el requisito de la explicitación del proceso deductivo del Tribunal, aunque, en su caso, las deficiencias argumentativas podrán ser subsanadas en la misma vía casacional.

Según lo razonado en el fundamento de derecho primero de la sentencia impugnada, son hechos indiciarios de los que se infiere la intervención de Fridaen las operaciones de tráfico de droga que de forma coordinada realizaban todos los acusados, los siguientes:

1. La tenencia por la acusada en el delantal de 223.700 ptas. en el momento del registro; y

2. Los contactos que la acusada mantuvo el día 25 de febrero de 1997 y el 5 de marzo siguiente con Germánprimero, y después con Frida, y nuevamente con Germán, al que le entregaba un envoltorio, con ocasión de la llegada de compradores de droga a la zona de "La Cavaduca" y al módulo único, donde operaban Germány Pedro Enrique; apreciándose que el suministro a los compradores quedaba paralizado, mientras se producían los desplazamientos de Germánal módulo 11 bis de Friday de ésta al módulo 79 de Marí Trini, y al regreso de Fridaal módulo único.

También puede ponderarse, para llegar a la conclusión de que Fridahacia llegar a Germány a Pedro Enriquela heroína y cocaína que guardaba Marí Trini, el dato de que a éste se le ocuparon en el registro más de 10 grs. de heroína y cerca de 1 gr. de cocaína, apareciendo por tanto como la principal depositaria de los estupefacientes que eran objeto de tráfico por los acusados.

Los indicados hechos base aparecen suficientemente acreditados.

Los referentes a la tenencia de dinero por Friday de la droga por Marí Trini, aparecen acreditados por las correspondientes actas de registro domiciliario.

Los hechos relativos a los contactos entre Germán, Friday Marí Triniy a la entrega por la segunda de envoltorios a Germán, tras visitar el módulo 79 de la primera, se hallan acreditados por las declaraciones prestadas en el juicio oral de los Policías NUM002, NUM003y NUM004.

De los hechos base indicados, suficientemente probados, se infiere, aplicando las reglas de la experiencia y de la lógica, que Frida, en la pequeña red de traficantes de droga instalada en las casucas de "La Cavaduca", verificaba las funciones de distribudora y porteadora de droga -cocaína y heroína - desde el módulo de Marí Trini, donde se guardaba, hasta el módulo único, donde era expedida a los consumidores y pequeños traficantes.

Apreciando este Tribunal que la prueba indiciaria expuesta cumple las exigencias de integrar una prueba mínima demostrativa de las versiones delictivas imputadas a Frida, no le corresponde a esta Sala entrar en la ponderación de los elementos probatorios desvirtuadores de las pruebas de cargo, alegados por la recurrente, referentes a su estancia en el mercado los días de los imputados contactos con Germány Marí Trini, y relativos a que el dinero que se le ocupó en el registro le había sido entregado por su madre. La Audiencia de Santander no concede credibilidad a tales elementos probatorios, en uso de las atribuciones valorativas de la prueba que le otorga el art. 741 de la LECrim., y esta Sala de casación no tiene facultades revisoras de la ponderación de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador.

En el único motivo del recurso de casación de Alicia, formulado al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., se denuncia la infracción del principio de presunción de inocencia, y del art. 24.2 de la CE., y la indebida aplicación por consiguiente del art. 368 del CP. de 1995.

En el desarrollo del motivo se detalla la inexistencia de prueba, por no haberséle encontrado droga a la acusada, ni habersele visto comerciar con sustancias estupefacientes.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso por entender que los policías del dispositivo de vigilancia instalado en "La Cavaduca" detectaron las transmisiones de droga, desde el módulo ocupado por Aliciay su testimonio tuvo valor desvirtuador de la presunción de inocencia.

El motivo debe desestimarse.

De conformidad con la doctrina jurisprudencial expuesta en el segundo Fundamento y con lo argumentado en el Fundamento primero de la sentencia impugnada, hay que concluir que hubo abundante prueba reveladora de que la acusada se dedicaba al trafico de heroína y cocaína, desde el módulo doce que ocupaba en "La Cavaduca", cuya prueba puede agruparse en tres apartados:

1. El consistente en la visualización por los Policías apostados en el dispositivo de vigilancia de que la acusada hacia entrega de envoltorios, a consumidores de droga que se aproximaban al modulo 12. Esta prueba se concreta en las declaraciones en el juicio oral de los Policías NUM004, NUM002y NUM003.

2. El consistente en la acción de arrojar un paquete a una fogata, por Alicia, con la ayuda de su yerno Alfonso, en el momento de personarse la policía el día 5 de marzo de 1997 en el módulo 12 para practicar un registro, cuya acción no podía obedecer a otro motivo que al de haber desaparecido la droga que contenía el paquete, y eliminar una prueba de cargo contra Alicia; tales acciones aparecen acreditadas por las declaraciones en el juicio oral de los testigos policías NUM004, NUM005y NUM002; y

3. El consistente en el resultado del registro practicado en el módulo 12 el día 5 de marzo de 1997, puesto que en la diligencia se hallaron efectos de los utilizados para la preparación de papelinas -como lo eran los recortes de plástico- y otros presumiblemente procedentes de negocios de permuta de droga, como lo eran las joyas con iniciales que no correspondían a los nombres de las personas residentes en el módulo 12, y como lo fue concretamente una placa de oro con las inscripción "Cristobal", perteneciente a un tal Cristobal, drogadicto y fallecido. Aparecen acreditados tales datos por el acta del registro, obrante al folio 23 de las Diligencias previas, por las declaraciones de la viuda obrante en las actuaciones y por las del Policía NUM004, en el acto del juicio oral.

En el primer motivo del recurso de casación de Pedro Enrique, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ., se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que a toda persona reconoce el art. 24.2 de la CE.

En el desarrollo del motivo se alega que ninguno de los testigos policías identificara en el juicio al acusado, que éste no ha reconocido su intervención en los hechos que se le imputan en la sentencia impugnada, la venta de heroína y cocaína, que tampoco le inculpan los otros imputados, que no se hallaba en el módulo único el día del registro del mismo, 5 de marzo de 1997, y que en tal diligencia no se encontraron en el indicado módulo ni estupefacientes, ni dinero, ni efectos o instrumentos que pudieran estar relacionados con el tráfico de drogas, ya que el frasco con lactófilus fue hallado fuera del indicado módulo.

El Fiscal interesó la desestimación del motivo, en atención a que el recurrente no niega que existan pruebas testificales de cargo incriminatorias, sino que las considera insuficientes, no pudiendo prevalecer ante tal planteamiento la presunción de inocencia invocada.

Con apoyo en la doctrina jurisprudencial sobre presunción de inocencia expuesta en el segundo Fundamento de esta resolución, el motivo debe desestimarse, ya que existe una prueba de cargo incriminatoria bastante contra dicho acusado, que se menciona en el Fundamento primero de la resolución impugnada, consistente básicamente en las declaraciones prestadas en el juicio oral, por los Policías que vigilaron el módulo único, donde operaba Pedro Enrique.

Así, el Policía NUM004reconoció que se detectaron entregas hechas por Pedro Enriquelos días 25 y 26 de febrero de 1997, interceptándose a los adquirentes e interviniéndoles la cocaína transmitida.

El Policía NUM002reconoció haber visto hacer entregas a Pedro Enrique, y concretamente que el día 25 de febrero trasmitió algo a un comprador que se aproximó a la zona de "La Cavaduca" en un Mercedes, el que era Ramón, según resulta de las diligencias obrantes a los folios 2 a 9.

El Policía 5814 también confirma que al del "Mercedes" le atendió una vez Pedro Enriquey otra Germán, y manifestó que en el módulo único vendían indistintamente Pedro Enriquey Germán.

El acta del registro del módulo único, en el que operaba Pedro Enrique, también aportó indicios probatorios al constar que en el módulo se encontraron recortes de plástico -de los utilizados para envoltorio de droga- y un frasco de "Lactofilus" -sustancia empleada para cortarla-.

En el segundo motivo del recurso de Pedro Enrique, al amparo del art. 849.2º de la LECrim., se denuncia error en la apreciación de la prueba basado en documentos.

como tales documentos se citan los siguientes:

1. El acta del registro del módulo único, demostrativa, a juicio del recurrente de que se incurrió en error en la sentencia al establecerse que en su interior se hallaba un frasco de "lactofilus", sin indicar que estaba roto, cuando tal dato se refleja en el acta del registro, y también que el objeto fue encontrado en las inmediaciones del módulo, no dentro de él.

   El acta revela error en la sentencia cuando ésta expresa que se encontraron joyas en el módulo único, lo que no refleja el acta.

   Manifiesta también el recurrente que el acta de registro del folio 32 revela que en el módulo único no había no droga, ni dinero, pero tales datos negativos no demuestran ningún error en la sentencia ya que en el relato fáctico de esta no se hace constar que en el registro de módulo cinco se encontraron dinero y drogas.

2. Como demostrativos de error en la sentencia impugnada, por considerarse en ésta procedentes del tráfico de drogas distintos electrodomésticos hallados en el registro del módulo único e intervenidos, se citaron cuatro documentos aportados con el escrito de defensa de Pedro Enrique, consistentes en: 1) un contrato de venta con reserva de dominio fechado en Santander en febrero de 1.996, referente a un televisor marca "Thonson" de color, en que consta como vendedor el establecimiento "Marrlu", y como compradora Rosario, esposa de Pedro Enrique; 2) Una factura fechada en enero de 1997, referente a 2 tapas de pino, en el que aparece como vendedora la empresa Gevigrap 2 SL. y como compradora Rosario; 3) Una factura fechada el 15-3-96, referente a A.R. Pioner, 7 novo., en el que aparece la misma empresa vendedora y la misma persona compradora que en el documento 2; y 4) una propuesta de pedido referente al mismo electrodoméstico a que se refiere el documento anterior.

   El Fiscal impugnó el motivo.

   Conforme a la doctrina de esta Sala, manifestada, entre otras, en sentencias de 8.8.87, 21.8.88m 19.4.89, 20.2.92, 2.2 y 21.5.93, 14.12.93, 21.2.94 y 27.2, 12 y 13.3 y 25.4.95, 22 y 31.1.96, 852/97 de 12.6, 1364/97 de 11.11 y 1418/97 de 13.4.98, el error en la apreciación de la prueba con apoyo en documentos, previsto en el art. 849.2º de la LECrim., exigirá: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental, consistente básicamente en manifestaciones escritas o fijadas por métodos vídeo o audiográficos, de sucesos fácticos o de declaraciones de conocimiento o de la voluntad; siendo característico de los documentos su origen extra procesal; por lo que no podrán considerarse documentos en principio los actos procesales documentados, ni los atestados, ni las pruebas personales, como la de confesión, testifical y pericial; 2º) Que la prueba documental, de sustentarse en escritura o palabras, sea "litero suficiente", y no necesite medios complementarios corroboradores; 3º) Que el documento acredite un dato de hecho incompatible con aquéllos que ha fijado como probados la Audiencia, o que siendo compatible con la narración histórica, no haya sido recogido en ella; 4º) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, y 5º) Que el error de hecho acreditado por el documento sea importante, en cuanto tenga virtualidad para modificar algunos de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar.

   Partiendo de tal doctrina, el motivo debe desestimarse, por las razones que seguidamente se indican:

1. El acta del registro del módulo único no refleja errores relevantes en las conclusiones fácticas de la sentencia, ya que, frente a lo que manifiesta el recurrente, consta en dicha acta que el frasco de lactofilus se hallaba dentro del módulo, según se recoge en la narración histórica.

   La omisión en ésta de que el frasco estaba roto, según refleja el acta del registro, y la afirmación en el relato fáctico de que se encontraron joyas, en contra de lo que consta en la diligencia de registro, son discrepancias irrelevantes.

2. El contrato de compraventa y las factura y la propuesta de pedido, acompañados al escrito de defensa, y citados como documentos demostrativos de error en la sentencia, carecen de valor casacional, por falta de "litero suficiencia", ya que, según la doctrina jurisprudencial antes mencionada, necesitan medios complementarios corroboradores, consistentes en la adveración por parte de las empresas vendedoras de los electrodomésticos y objetos a que se refieren los documentos.

   En fase de ejecución de sentencia cabría tal adveración, lo que determinaría, de ser positiva, que se levantase el comiso sobre los objetos a que se refieren los documentos, por aparecer comprados con anterioridad a los hechos de autos, sin perjuicio de que pudieran quedar embargados para garantizar las responsabilidades pecuniarias dominantes de la condena.

En el primer motivo del recurso de casación de Germán, al amparo del art. 5.4 de la LOPJ. se denuncia la vulneración de la presunción de inocencia, establecida en el art. 24.2 de la CE., en relación a los tres delitos atribuidos al acusado.

En relación al delito de tráfico de drogas, el recurrente censura la ponderación de la prueba testifical hecha en la sentencia, y la atribución de mayor credibilidad a los testigos policías, que a otros que no lo eran, y que a los mismos acusados. Se critica en el recurso que se concediese valor probatorio al dato de la tenencia de una poca cantidad de droga por Germán, cuando tal posesión se explicaba por la drogadicción del acusado, acreditada por el informe del folio 62 de las Diligencias Previas, en el que consta que fue atendido de síndrome de abstinencia a raíz de su detención. También pone de relieve el recurrente que ninguno de los testigos policías reconoció en el acta del juicio a los acusados.

En relación al delito de tenencia ilícita de armas atribuido a Germánse alega en el recurso, con apoyo en la presunción de inocencia, que no se ha probado que Germánsupiera que la pistola marca "Bronnie", que tenía a su disposición, tenía aptitud para disparar proyectiles. Finalmente, en relación al delito de resistencia imputado a Germán, se alega en el primer motivo del recurso del acusado que constaba en las actuaciones que cuando accedió la policía al módulo 12, llevando algunos funcionarios palanquetas, Germánportaba un destornillador en las manos, porque se hallaba haciendo alguna reparación, y que la policía no iba uniformada, por lo que el acusado actuó sin saber que los policías que entraban en el módulo 12 lo eran, habiendo sido su oposición esporádica, y en todo caso subsumible en la falta de desobediencia leve del art. 634 del CP. de 1995.

El Fiscal impugnó el motivo, por entender que en él, más que poner de manifiesto la ausencia de prueba de los hechos en que se sustentaban las imputaciones delictivas vertidas en la sentencia contra Germán, lo que se pretende, es una nueva valoración de las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal.

El motivo debe desestimarse porque, con arreglo a la doctrina jurisprudencial expuesta en el segundo Fundamento de esta sentencia, debe de entenderse que la presunción de inocencia alegada en el motivo quedó desvirtuada por pruebas de cargo contra el acusado, obrantes a las actuaciones:

1. En relación con el delito de tráfico de drogas atribuido al acusado, las pruebas incriminatorias, que se mencionan en el Fundamento primero de la sentencia impugnada son los siguientes:

   1. El porte por Germánen una riñonera, en el momento de la detención, de 8 envoltorios con heroína, y 3 de cocaína, lo que revelaba que estaban preparadas para la venta, y que los estupefacientes no estaban destinados al consumo de Germán, pese a que era toxicómano, como se admite en el Fundamento 3º de la sentencia impugnada.

   2. El hecho de que Germán, al encontrarse con la policía el día 5 de marzo de 1997, arrojase a gran distancia un paquete, que no pudo ser hallado por los funcionarios, según lo declarado por los policías NUM000y NUM005en el acto del juicio.

   3. El hallazgo en el registro del módulo único que él ocupaba, de recortes de plástico, de los utilizados para envoltorio de la droga, y de un frasco de "lactifilus", sustancia utilizada para "el corte" de la misma.

   4. Las declaraciones prestadas en el juicio oral por los policías nacionales NUM002y NUM003, aseverativas de las entregas de droga por Germána consumidores que se acercaban al módulo único y de los contactos de Germáncon la acusada Frida, para que ésta le proveyera de droga que conseguía de la también acusada Marí Trini, según lo ya expuesto en el Fundamento segundo.

2. En relación al delito de tenencia ilícita de armas no es estimable la infracción del derecho a la presunción de inocencia alegada, ya que, según jurisprudencia consolidada no se incurre en tal infracción cuando el Tribunal ha inducido el conocimiento del autor de elementos objetivos de su conducta que permiten afirmar la existencia de tal conocimiento.

   En este sentido, el informe pericial del Inspector nº NUM006, emitido en el acta del juicio, acreditó que el arma funcionaba, aunque tuviese un defecto en el cargador que obligaba a montar las balas una a una, siendo esta deficiencia fácilmente corregible

   Obran, además, en las actuaciones datos indiciarios de los que inferir que Germánsabía que la pistola funcionaba, aunque fuese defectuosamente, como lo es el que Germánfuese hombre experto en mecánica -se dedicaba a la reparación de coches, según sus propias manifestaciones- y como lo es también el hecho mismo de la conservación de la pistola, que no hubiese guardado de tener la seguridad de que no servía para nada.

3. En relación al delito de resistencia, obran pruebas en las actuaciones, consistentes en las declaraciones en el juicio oral de los policías NUM004, NUM000, y NUM005, demostrativas de que los policías al acceder a los módulos de "La Cavaduca" que pretendía registrar, se identificaron verbalmente como policías, y de que Germánatacó con el destornillador a los funcionarios policiales que entraban, deduciéndose del conjunto de las actuaciones que la oposición del acusado tenía la finalidad de retrasar la intervención de la policía, para dar tiempo a que los implicados en el trafico se deshicieran de la droga.

El motivo segundo del recurso de casación de Germánse formuló al amparo del nº 1º y del nº 2º del art. 849 de la LECrim.. Se alega en primer lugar, la indebida inaplicación del art. 21.1º, o alternativamente del nº 2º o del nº 6º del mismo artículo del CP. de 1995, en favor del acusado respecto a todos los delitos, que se le imputan, teniendo en cuenta la toxifrenia que sufre, acreditada documentalmente.

Se alega en segundo lugar la indebida inaplicación del art. 14 del CP. de 1995, al no haberse apreciado error en Germánconsistente en su idea equivocada de que la pistola no funcionaba.

Y finalmente, se alegó la indebida inaplicación del art. 634 del CP. de 1995, en cuanto a los hechos consistentes en el no acatamiento a los policías por parte de Germán.

Procederá examinar separadamente cada una de estas infracciones.

En relación a la toxifrenia, cita el recurrente como demostrativa de la misma, al amparo del art. 849.2º de la LECrim., los siguientes documentos:

1. El informe emitido por la Médico Forense en el acto del juicio referente a la toxifrenia de Germán. En el mismo, tras hacerse constar las referencias del acusado a que consumía cocaína desde hacia diez años, esnifándola y a que después había fumado heroína, constan las apreciaciones de la perito de que no ha apreciado ni deterioro mental, ni físico -en el tabique nasal- en Germán, y unas consideraciones generadas de la Médico Forense sobre las secuelas que originan las drogas.

2. El informe del Médico del Centro Penitenciario de Santander de fecha ilegible del año 1997, al folio 62 del Rollo, en el que consta que a su ingreso en el indicado establecimiento, Germánpresentó un síndrome de abstinencia a opiáceos ligero; y

3. El informe de RETO de 21 de octubre de 1997 (al folio 22 del Rollo), referente a los tratamientos de rehabilitación y desintoxicación de drogas, a que se había sometido Germánconstando que estuvo en dicho Centro en periodos comprendidos del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1995 y del 27 de abril al 7 de mayo de 1996.

En el escrito de calificación provisional del acusado, aun afirmándose que el mismo sufrió una severa adicción a las drogas heroína y cocaína, que afectaba a sus facultades volitivas, no se pedía la aplicación de eximente incompleta o atenuante de toxifrenia, ya que se negaba la intervención de Germánen los hechos delictivos imputados por el Ministerio Fiscal.

Sin hacerse ninguna mención de la drogodependencia de Germánen la narración histórica de la sentencia impugnada, si se hace referencia a la misma en el Fundamento tercero de la resolución, razonándose que no procede la aplicación de la atenuante de drogadicción 2ª del art. 21 del CP. de 1995, en beneficio de Germán, ya que, aunque se acreditó que era toxicómano, no se probó que su adicción a las drogas fuese grave, y que los delitos a el atribuidos se hubiesen cometido a causa de la drogodependencia.

La jurisprudencia (SS. de 4.10.90, 12 y 27.9.97, 14.7 y 20.11.92, 24.11.93, 8.4.95, 1/97 de 12.3, 583/97 de 29.4, 603/97 de 31.3, 616/97 de 6.4, 1517/97 de 5.12, 1539/97 de 17.12, 37/98 de 24.1 y 102(98 de 3.2), ha exigido para la apreciación de la eximente incompleta derivada de la toxifrenia, que origine una profunda perturbación en las facultades psíquicas con deterioro de la personalidad y disminución notoria de la capacidad de autorregulación, o que aparezca asociada con otras deficiencias o trastornos psíquicos -oligofrenias leves, psicopatías- o que determine un síndrome de abstinencia intenso, con compulsión difícilmente resistible al apoderamiento de dinero con el que adquirir la droga. Con arreglo al CP. de 1995, la eximente incompleta de toxifrenia, basado en el art. 21.1º, en relación con el 20.2º de dicho Cuerpo Legal, exigiría la concurrencia de una intoxicación no plena, pero importante, por drogas, o de un síndrome de abstinencia a las mismas que tendrá que tener una gravedad especial -ya que la gravedad ordinaria se exige para la atenuante- y que deberá determinar una intensa disminución de la capacidad para comprender la ilicitud del hecho delictivo cometido bajo la influencia de las drogas, o para actuar conforme a tal comprensión.

Respecto a la atenuante de nueva creación, 2ª del art. 21 del CP. de 1995, de haber actuado el culpable a causa de una grave adicción a las sustancias estupefaciente o psicotrópicas, la jurisprudencia ha manifestado (SS. 1539/97 de 17.2, 603/97 de 31.3, 276/98 de 27.2 y 312/98 de 5.3), que será aplicable a los supuestos en que el sujeto comete el delito movido por su grave adicción a las drogas, y cuando su imputabilidad esté disminuida de forma no muy intensa; siendo exigible además que exista una relación entre el delito cometido y la carencia de droga que padece el agente, de forma que la finalidad de aquél sea aliviar el síndrome padecido a causa de la drogodependencia.

Con arreglo a la indicada doctrina jurisprudencial, no cabe estimar el motivo segundo del recurso de Germán, en cuanto pide que la toxicomania del acusado, reflejada en los documentos que cita, se traduzca en una eximente incompleta o una atenuante ordinaria de toxifrenia, porque no se han acreditado los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar tales causas disminuidoras de la imputabilidad, ya que no consta ni la afectación de la toxifrenia en la esfera psíquica del acusado, ni gravedad de la adicción, ni gravedad del síndrome de abstinencia.

Tampoco cabe apreciar el motivo segundo del recurso de Germán, en cuanta denuncia la infracción del art. 14, por inaplicación del mismo, por entender que el acusado incurrió en error de tipo, al creer que la pistola por el detentada no funcionaba.

Partiendo de los hechos declarados probados, puesto que el motivo se apoya en el art. 849.1º de la LECrim., no hay base fáctica en que sustentar la infracción alegada del art. 14 del CP. de 1995, ya que ni en el relato fáctico, ni en la Fundamentación Jurídica de la sentencia impugnada, se reconoce que Germánse hallase en la idea equivocada de que la pistola "Bronnie" no funcionaba.

Finalmente es rechazable también el motivo segundo del recurso de Germán, en cuento en él se alega la infracción por inaplicación indebida del art. 634 del CP. de 1995, a los hechos referentes al enfrentamiento del acusado con los funcionarios de policía, cuando éstos acudían a practicar un registro domiciliario al módulo 12 de "La Cavaduca".

Dados los hechos declarados probados, vinculantes para este Tribunal de casación y en los que se afirma que Germáninterpuso un destornillador entre él y el Policía NUM000, para evitar su detención, es claro que no cabe la subsunción de los hechos en la falta de desobediencia leve descrita en el art. 634 del CP. de 1995, inaplicable en los casos en que medie fuerza para oponerse al agente de la autoridad, según se apreció en la sentencia de esta Sala de 17.2.93, referente al nº 5º del art. 570 del CP. de 1973, idéntico al 634 del actual Código, entendiendo la indicada sentencia que era claramente aplicable el art. 237 del CP. de 1973, idéntico al 556 del actual, a la ación de quien para evitar su detención por un presunto delito de trafico de drogas forcejeó y trató de zafarse de la policíaIII.