STSJ Andalucía 3144/2003, 30 de Octubre de 2003
| Ponente | PABLO VARGAS CABRERA |
| ECLI | ES:TSJAND:2003:14045 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 3144/2003 |
| Fecha de Resolución | 30 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA -T.S.J.A.-, CON SEDE EN MÁLAGA
Recurso núm. 3505/1998
SENTENCIA NÚM. 3144 DE 2.003
En la ciudad de Málaga, a treinta de octubre de 2.003.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del T.S.J.A. en Málaga, constituida sólo - en virtud de Disposición Transitoria Única.2 de Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial- con el Magistrado D. Pablo Vargas Cabrera, nombrado en comisión de servicio para reforzar dicho Tribunal-por Acuerdo de Comisión Permanente del C.G.P.J. de 2 de abril de 2.002-, ha pronunciado en nombre de S.M. El Rey esta sentencia, en el recurso contencioso-administrativo núm. 3505/98, interpuesto por D. Julián , representado y defendido por la Letrada Dª. Ana Igeño González, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO . MINISTERIO DEL INTERIOR, representado y defendido por el Sr. Abogado del Estado.
Por la Letrada Dª. Ana Igeño González en representación y defensa de D. Julián se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución siendo el objeto la resolución del Subdelegado del Gobierno en Granada, de fecha 25 de noviembre de 1998 ,recaída en el expediente número 18-004-496.596-0 instruido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada ,por el que se le imponía una sanción de 15.000 pesetas , confirmada en vía de recurso ordinario por la Dirección General de Tráfico por resolución de fecha 12 de junio de 1998, registrándose el recurso con el número 3505/98, y de cuantía 15.000 pesetas
Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que se suplicaba se dictase sentencia por la que declare nulo el acto administrativo que se impugna, con expresa imposición de costas a la Administración, interesando el recibimiento del pleito a prueba.
Dado traslado al demandado para contestar la demanda, lo efectuó mediante escrito, que en lo sustancial se da por reproducido en el que suplicaba se dictase sentencia "por la que desestime por ser ajustado a derecho el acto administrativo impugnado".
Recibido el juicio a prueba fueron propuestas y practicadas las que constan en sus respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebración del vista pública, pasaron los autos a conclusiones, que evacuaron las partes en tiempo y forma mediante escritos que obran unidos a autos, señalándose seguidamente día para votación y fallo.
Mediante resolución de 30 de septiembre del corriente año se nombró Ponente a Don Pablo Vargas Cabrera, constituyéndose la Sala exclusivamente con el mismo, en virtud de lo dispuesto en el punto 2 de la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 6/1.998, de 13 de julio.
En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.
Se impugna en el presente Recurso Contencioso-Administrativo la resolución del Subdelegado del Gobierno en Granada, de fecha 25 de noviembre de 1998 ,recaída en el expediente número 18-004-496.596-0 instruido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada ,por el que se le imponía una sanción de 15.000 pesetas . La pretensión que se ejercita es el dictado de Sentencia por la que estimando el recurso interpuesto se anule la resolución recurrida con expresa imposición de costas procesales a la parte contraria.
Por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta de la Administración demandada se solicita el dictado de Sentencia que, desestimando la demanda confirme el acto impugnado por ser ajustado a Derecho.
Articula el demandante en su escrito rector, en apoyo de su pretensión anulatoria, en síntesis ,y ordenadas para su mejor exposición, las siguientes alegaciones:
1) Vulneración de la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, por infracción del artículo 76 del TLSV.
2) Vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes , artículo 80 LRJ y PAC.
3)
Ausencia de notificación de propuesta de la resolución sancionadora con resultado de indefensión.
4) Ausencia de motivación de la resolución sancionadora.
5) Ser órgano manifiestamente incompetente el autor de la resolución sancionadora.
El primer motivo (en el que cabe reconducir la invocación que en su escrito rector efectúa el demandante del artículo 76 TLSV, art 24 CE) se refiere a la presunción de inocencia, en tal sentido conviene recordar que el Tribunal Constitucional (STC 73/1985 y 1/1987 ,76/1990,120/1994 y 89/1995,entre otras) tiene reiteradamente establecido (e igualmente el Tribunal de Derechos Humanos ,sentencias de 8 junio 1976 -asunto Engel y otros-, de 21 febrero 1984 - asunto Oztürk, de 28 junio 1984 -asunto Cambell y Fell-, de 22 mayo 1990 -asunto Weber-, de 27 agosto 1991 -asunto Demicoli-, de 24 febrero 1994 -asunto Bendenoum-) que los principios y garantías constitucionales del orden penal y del proceso penal han de observarse, con ciertos matices, en el procedimiento administrativo sancionador y, así el derecho a la presunción de inocencia (SSTC 13/1982, 36 y 37/1985, 42/1989, 76/1990 y 138/1990), que ha sido incorporado por el legislador a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común (Título IX de la L 30/1992 de 26 noviembre),rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas pues el ejercicio del ius puniendi, en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia, expresamente recogido en la LRJ y PAC, artículo 137, comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba (onus probandi)corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. Efectivamente, la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una "probatio diabólica" de los hechos negativos. Por otra parte, la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola carga de razonar el resultado de dicha operación (STC 76/1990). En definitiva, la existencia de un acervo probatorio suficiente, cuyas piezas particulares han de ser obtenidas sin el deterioro de los derechos fundamentales del inculpado y su libre valoración por el Juez son las ideas básicas para salvaguardar esta presunción constitucional y están explícitas o latentes en la copiosa doctrina del Alto Tribunal al respecto (por todas STC 89/1992)" .Es pues, una verdad interina que puede quedar destruida con la aportación de actividad probatoria contraria que resulte mínima, suficiente e idónea para formar la convicción del juzgador, la estimación en conciencia de las pruebas a que alude para el proceso penal el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que no ha de entenderse ni hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juzgador, sino una apreciación lógica de la prueba no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, fiel a los principios del conocimiento y de la conciencia, a las máximas de experiencia y a las reglas de la sana crítica" -(Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1.989).
En el presente caso cabe decir ,en concordancia con la doctrina legal precedentemente expuesta, que del examen del expediente administrativo y de la prueba documental verificada se acredita que hay mas que suficientes elementos de prueba verificados con todas las garantías para estimar desvirtuado aquel derecho, siendo puntual y convincente el informe del agente denunciante emitido a instancia del hoy recurrente.
Respecto a que se ha vulnerado su derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, cabe precisar que el artículo 24.2 de nuestro texto fundamental, ha venido a consagrar el derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes, como fundamental, y ejercitable en cualquier tipo de proceso-incluído al administrativo sancionador- e insito en el derecho mismo de defensa, que garantiza en todo conflicto jurisdiccional la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses, siempre, claro está, que la misma se halle autorizada o prevista por el ordenamiento legal.
La primera e ineludible consecuencia de la atracción al artículo 24 de la constitución de los derechos de defensa del ciudadano frente al poder coercitivo de la administración, es configurar un completo y blindado estatuto jurídico de garantías que, configuran la posición del administrado, en su relación con la Administración Sancionadora.
La actividad probatoria, aunque esté garantizada por específicos derechos, no deja de estar afectada y protegida dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que se ha incluido la aportación de pruebas entre los medios de defensa cuya obstaculización o privación es susceptible de producir indefensión. Todo ello, presupone que la prueba se ha solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y no obstante ello, la infracción de...
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