STSJ Andalucía 772/2003, 17 de Marzo de 2003
| Ponente | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS |
| ECLI | ES:TSJAND:2003:4353 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 772/2003 |
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RECURSO 3369/97
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA
SECCIÓN SEGUNDA
SENTENCIA NÚM. 772
DE 2.003
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Ilmo. Sr. Presidente:
Don José Antonio Santandreu Montero
Ilmos. Sres. Magistrados
Don Federico Lázaro Guil
Doña María Torres Donaire
Doña Inmaculada Montalbán Huertas
______________________________________
En la ciudad de Granada, a diecisiete de marzo del dos mil tres. Ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 3369/97,seguido a instancia de la Procuradora D ª Encarnación Ceres Hidalgo, en nombre y representación de D. Paulino . Siendo parte demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en cuya representación y defensa interviene el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de indeterminada.
El recurso se interpuso el día 28-07-97, contra la Resolución 29-04-97de la Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; dictada en expediente núm. 21752/91, Acta núm. 352/91. En ella se desestima el recurso ordinario interpuesto por el actor contra la resolución del Director Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Granada, de fecha 30-03-94 - dictada en el mencionado expediente - por la que se le impuso sanción de extinción del derecho a las prestaciones por subsidio del régimen especial agrario reconocido para 1989 en base a jornadas declaradas y no trabajadas durante 1988 y con devolución de las cantidades indebidamente percibidas que determine el Instituto Nacional de Empleo. Admitido a trámite el recurso se acordó reclamar los expedientes administrativos, que ha sido aportado.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso y anulando la resolución recurrida.
En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó se dictase sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada.
Recibido el pleito a prueba y practicadas las admitidas, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en que reiteraron las peticiones contenidas en los de demanda y contestación. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso. Visto, habiendo actuado como Magistrada Ponente la Ilma Sra. Dª Inmaculada Montalbán Huertas.
El recurso contencioso administrativo se dirige contra la resolución identificada en el primer antecedente de hecho, por la que se impuso sanción de extinción del derecho a las prestaciones por subsidio del régimen especial agrario reconocido para 1989 en base a jornadas declaradas y no trabajadas durante 1988 , con devolución de las cantidades indebidamente percibidas que determine el Instituto Nacional de Empleo. La resolución del recurso de alzada mantuvo la resolución sancionadora en cuanto concierne al trabajador sancionado, hoy actor. .
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social que suscribe las actas de infracción constató, mediante los correspondientes documentos de cotización al Régimen Especial Agrario - cuyo detalle se contiene el acta de infracción de referencia núm 352/91- que el Ayuntamiento de Padul había cotizado por el particular destinatario del acta, las jornadas especificadas en dichos documentos; asimismo se hace constar que, requerida la Institución municipal por la Inspección de Trabajo para justificar el gasto correspondiente a los salarios relativos a las aludidas jornadas, manifestó no poder hacerlo por no existir los correspondientes mandamientos de pago, ya que no ha habido remuneración de dichos presuntos trabajos. De ello concluía la Inspección de Trabajo, la simulación negocial tendente a obtener el subsidio por desempleo para eventuales del campo, ya que las jornadas que se expresan en la referida acta como cotizadas pese a no existir prestación de servicio alguno a la empresa cotizante, han configurado el período de carencia para obtener la citada prestación. Esta conducta, se califica como infracción de lo establecido en el art. 2º, apartado d) del Real Decreto 2278/84, falta administrativa tipificada, con el carácter de muy grave, en el art. 28, c) de la Ley 31/84, de 2 de agosto, para las infracciones cometidas con anterioridad al 16 de abril de 1.988, y en el art. 30.3.3 de la ley 8/88, de 7 de abril de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para las conductas posteriores a 16/abril/1988. En atención a dichos fundamentos legales, el acta propone sancionar al particular con la extinción del derecho a las prestaciones por subsidio del régimen especial agrario de la Seguridad Social, con devolución de las cantidades indebidamente percibidas, que cuantificó en determinado importe. En cuanto al Ayuntamiento, se propuso declarar la responsabilidad subsidiaría del mismo, para el supuesto de que el particular destinatario del acta resultara insolvente para la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, y ello con base en lo dispuesto en el art. 33, apdo 3, del Real Decreto 625/85, de 2 de abril, y en el art. 45, apdo. 3º de la Ley 8/88, de 7 de abril.
La resolución de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada confirma en lo sustancial el acta de infracción, sin más modificación que sustituir la cuantifi- cación del importe de las prestaciones indebidamente percibidas por el particular y a devolver por el mismo, remitiendo esta cuantificación a la posterior determinación a cargo de la Entidad Gestora correspondiente, por ser la competente para ello. Finalmente las resoluciones del recurso de alzada mantienen las resoluciones sancionadoras en cuanto concierne a los hoy actores. y deja sin efecto la declaración de responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento.
Concluyamos el resumen del curso del expediente administrativo señalando que, una vez incoado el procedimiento sancionador por el acta de infracción y concedido traslado para alegaciones al interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 51, 1 b) de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se acordó por el Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Granada la suspensión por prejudicialidad penal de los procedimientos sancionadores incoados por los hechos a que hace referenciael acta, por estimar que los mismos pudieran ser constitutivos de delito, dando lugar al procedimiento abreviado número 79/92 del Juzgado de Instrucción número seis de Granada, que concluyó con sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 04-03-94 en la que no consta que el hoy recurrente fuera acusado.
Las cuestiones que procede entrar a examinar y que, en efecto, aparecen concretadas en la fundamentación jurídica del escrito de demanda de la parte actora, son los referentes a: 1º si está acreditada la realización de la conducta infractora y si, en conexión con ello, las actas de referencia reúnen o no los requisitos legales para gozar de presunción de certeza; 2º la existencia o no de prescripción de la infracción imputada, y de la correcta aplicación del principio non bis in ídem y, en conexión con el mismo, de la regla de prioridad en el enjuiciamiento por los Tribunales Penales.
El análisis de la invocación de prescripción se basa en que, a juicio de las actoras, ha transcurrido con exceso el plazo de prescripción de las infracciones en el orden social, plazo que el art. 4 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social fija en cinco años cuando se trata de infracciones en materia de protección por desempleo, como es la imputada en el presente litigio.
Consta en el expediente que el acta de infracción núm.354/91 se notificó al interesado el 21-04-94. En estas fechas quedaron incoados los procedimientos sancionadores e interrumpida la prescripción, conforme al art. 51 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en relación al art. 132, 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de procedimiento administrativo común ( en adelante LPAC ) aplicable supletoriamente en virtud de la disposición adicional séptima de la LPAC.
De cada acta de infracción se dio trámite de alegaciones por quince días al trabajador afectado y se ordenó la suspensión de la tramitación del procedimiento sancionador - según se relata en los antecedentes de hecho de la resolución sancionadora - por haber sido comunicados los hechos objeto del acta de infracción al Ministerio Fiscal, al estimar que pudieran se constitutivos de delito. El procedimiento se reanudó con la resolución sancionadora una vez dictada sentencia en el procedimiento penal, en el que no consta que el recurrente hubiera sido acusado.
A tenor del curso del expediente administrativo, no puede admitirse que haya prescrito la infracción administrativa. De conformidad con el art. 3 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el procedimiento sancionador, oportunamente incoado antes de consumarse la prescripción, debió quedar paralizado - como en efecto se acordó - por la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal de los hechos presuntamente delictivos. El art. 3º de la ley 8/88, de 7 de abril de Infracciones y...
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