STS 123/2024, 26 de Enero de 2024

La representación procesal de don Luis interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dictada en el recurso de reposición núm. 334/2022, interpuesto contra el Acuerdo de 11 de agosto de 2022, también de dicha Comisión Permanente, por el que se resuelve el concurso para provisión de plazas de Magistrado/a suplente y de Juez/a sustituto/a en el año 2022/2023, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, convocado por Acuerdo de 17 de marzo de 2022, formalizando demanda en la que termina suplicando a la Sala que:

"...tenga por INTERPUESTA, en tiempo y forma, DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a substanciar por los trámites del procedimiento ordinario, contra los siguientes actos administrativos:

1. - ACTO PRESUNTO DE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PLANTEADO EN FECHA 13/09/2022 (EXP. NUM000) CONTRA EL ACUERDO DE 11/08/2022, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE RESUELVE EL CONCURSO PARA PROVISIÓN DE PLAZAS DE MAGISTRADO/A SUPLENTE Y DE JUEZ/A SUSTITUTO/A EN EL AÑO 2022/2023, EN EL ÁMBITO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA, ARAGÓN, PRINCIPADO DE ASTURIAS, ILLES BALEARS, CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA-LA MANCHA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA, EXTREMADURA, GALICIA, COMUNIDAD DE MADRID, REGIÓN DE MURCIA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, PAÍS VASCO Y LA RIOJA, CONVOCADO POR ACUERDO DE 17 DE MARZO DE 2022, Y CONTRA ESTA.

2. - ACUERDO DE 11/08/2022, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE RESUELVE EL CONCURSO PARA PROVISIÓN DE PLAZAS DE MAGISTRADO/A SUPLENTE Y DE JUEZ/A SUSTITUTO/A EN EL AÑO 2022/2023, EN EL ÁMBITO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA, ARAGÓN, PRINCIPADO DE ASTURIAS, ILLES BALEARS, CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA-LA MANCHA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA, EXTREMADURA, GALICIA, COMUNIDAD DE MADRID, REGIÓN DE MURCIA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, PAÍS VASCO Y LA RIOJA, CONVOCADO POR ACUERDO DE 17 DE MARZO DE 2022.

3. - EL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE FECHA 6/10/2022, QUE RESUELVE LA PETICIÓN REALIZADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA REFERENTE AL NOMBRAMENTO DE UN JUEZ SUSTITUTO;

Por entender que los actos administrativos enumerados son contrarios a derecho, interesando en consecuencia su anulación.

Se interesa el RECONOCIENDO, asimismo, del derecho de mi poderdante a ser nombrado Juez Sustituto para el año judicial 2022-2023 y los sucesivos años judiciales que vayan sucediendo durante la tramitación del presente procedimiento (tanto en expedientes de renovación como en nuevos nombramientos o eventuales renovaciones que se produjeren) y el derecho a ocupar nuevamente su cargo de Juez sustituto y adscripción en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Como que se reconozca el derecho de mi poderdante a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados, expresados en el hecho NOVENO al no haber podido ejercer como tal durante este tiempo, con base en los días y salarios que proporcionalmente venía ejerciendo hasta la fecha de la exclusión, CONDENANDO AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL al pago de la indemnización cuya cuantía se fijará según la duración del procedimiento, bien en esta misma sentencia, bien en ejecución de sentencia.

Todo ello con imposición de costas a la demandada".

Posteriormente presentó escrito de ampliación de demanda en el que termina suplicando a la Sala que:

"...tenga por INTERPUESTA, en tiempo y forma, DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a substanciar por los trámites del procedimiento ordinario, contra el siguiente acto administrativo: 4.- Acto administrativo consistente en Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 21/12/2022 consistente en la resolución expresa del recurso de reposición número 334/2022 (Exp. NUM000) contra el Acuerdo de 11/08/2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso para provisión de plazas de Magistrado/a suplente y de Juez/a sustituto/a en el año 2022/2023, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y la Rioja, convocado por Acuerdo de 17 de marzo de 2022.

Por entender que el mismo es contrario a derecho, interesando en consecuencia su anulación.

Todo ello con imposición de costas a la demandada".

La representación procesal del CONSEJO GENERAL DEL PODER JDUCIAL formuló contestación a la demanda interpuesta y suplica en su escrito a la Sala que "...dicte sentencia desestimando este recurso con los demás pronunciamientos legales entre los que se incluye la imposición de las costas procesales".

Evacuadas por las partes sus respectivos escritos de conclusiones, por diligencia de ordenación de 13 de julio de 2023, se declararon conclusas las actuaciones y se dispuso que quedaran pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiera.

Mediante providencia de fecha 8 de enero de 2024 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 25 de enero del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.

Sobre el objeto del recurso y el debate.

Por acuerdo de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se convocaron plazas de Magistrado/a suplente y de Juez/a sustituto/a, para el año judicial 2022/2023, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

La base normativa que ha de regir se recoge en la misma convocatoria: artículos 200, 201, 213 y 602.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, y 91 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial y se desarrollan las bases de la misma.

Nos interesa destacar los siguientes artículos del Reglamento:

" Artículo 93.

1. Antes del día uno de mayo de cada año, las Salas de Gobierno remitirán al Consejo General del Poder Judicial las propuestas de nombramiento de magistrados suplentes y jueces sustitutos de su ámbito para el siguiente año judicial.

2. Se incluirá en la propuesta a los concursantes que hubieran sido nombrados en años judiciales precedentes, previa comprobación del número de resoluciones dictadas, del cumplimiento de los plazos procesales, de su adecuación a los índices de rendimiento establecidos y de la observancia de los principios procesales, incluido el trato correcto con abogados, procuradores y ciudadanos, a cuyo efecto habrán de tenerse en cuenta los informes previstos en el artículo 107.2

3. En ningún caso, ni aun cuando sea reiterado en anualidades sucesivas, el nombramiento como magistrado suplente o juez sustituto implicará derecho o mérito de carácter preferente para el ingreso en la Carrera Judicial, sin perjuicio de la consideración como mérito ordinario a valorar para el ingreso, con arreglo a las previsiones legales.

4. Junto con la propuesta, que especificará si el nombramiento se propone por primera vez o si es renovación de un nombramiento anterior, se remitirá una relación de todos los solicitantes, especificando la causa de exclusión, en su caso.

   Artículo 94.

1. Las propuestas de nombramiento que formulen las Salas de Gobierno se efectuarán con observancia de lo dispuesto en los artículos 152.1.5 .º, 200 , 201 y 212.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser motivadas y expresar las circunstancias personales y profesionales de los propuestos, su idoneidad para el ejercicio del cargo y para su actuación en uno o varios órdenes jurisdiccionales, la aptitud demostrada por quienes ya hubiesen ejercido funciones judiciales o de sustitución en la Carrera Fiscal o en el Cuerpo de Secretarios judiciales, las razones de la preferencia de los concursantes propuestos sobre los no propuestos y las causas de exclusión de solicitantes. A tales efectos, las Salas de Gobierno deberán entrevistar a los concursantes, según dispuesto en el artículo 95.

2. Las propuestas de nombramiento que formulen las Salas de Gobierno no se notificarán a los interesados ni tendrán carácter vinculante para el Consejo General del Poder Judicial.

3. Cuando un candidato fuese propuesto por dos o más Salas de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial atenderá, en su caso, en primer lugar al orden de preferencia manifestado por el interesado y, en defecto de tal manifestación, a las necesidades del servicio.

   Artículo 96.

1. El Consejo General del Poder Judicial, con anterioridad al 30 de junio de cada año, efectuará los nombramientos a favor de aquellos candidatos en quienes, respecto de cada orden jurisdiccional, se aprecie la concurrencia de mejores condiciones de preferencia, mérito e idoneidad, estén o no incluidos en la relación de propuestos por la correspondiente Sala de Gobierno. Los nombramientos se harán para el año judicial siguiente y, salvo prórroga, los nombrados cesarán en sus cargos conforme a lo dispuesto en los artículos 201.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103.de este Reglamento.

2. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial declarará vacantes las plazas para las que estime que no concurre candidato idóneo.

3. Serán motivados los acuerdos que se aparten de la propuesta de la Sala de Gobierno".

   En lo que ahora interesa se transcribe de la Convocatoria las siguientes bases:

   "Octava. De conformidad con el art. 201.3 LOPJ y el art. 92.5.5.º del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial , tendrán preferencia para ser nombradas las personas aspirantes que hubieran desempeñado funciones judiciales o de letrados de la administración de justicia o de sustitución en la carrera fiscal, con aptitud demostrada, o ejercido profesiones jurídicas o docentes, siempre que estas circunstancias no resulten desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. No podrá superarse la preferencia de una persona aspirante únicamente con el cómputo de méritos no preferentes de otros/as aspirantes. Quienes aleguen el mérito de ejercicio de funciones judiciales deberán acompañar un informe del Presidente del Tribunal Supremo, del Presidente de la Audiencia Nacional, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o del Presidente de la Audiencia Provincial en cuyo ámbito las hubieran ejercido, que acredite su aptitud. Quienes aleguen el mérito de ejercicio de funciones de sustitución en la carrera fiscal deberán acompañar un informe del correspondiente Fiscal Jefe, que acredite su aptitud. Quienes aleguen el mérito de ejercicio de funciones de secretario judicial deberán acompañar un informe del Secretario de Gobierno.

   La Comisión de Evaluación realizará una primera evaluación provisional, que será comunicada a las personas aspirantes, que podrán hacer alegaciones en un plazo de diez días. A la vista de las mismas, la Comisión de Evaluación elevará a la Sala de Gobierno propuesta motivada de personas candidatas ordenadas según la base décima

   (...)

   Décima. La propuesta motivada de personas candidatas que la Comisión de Evaluación elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia se ordenará de la siguiente manera: - En primer lugar, la personas candidatas preferentes, según el orden de puntuación que hubiesen obtenido. Por candidatos preferentes se entiende, de conformidad con el art. 201.3 LOPJ , los que hubiesen alegado y acreditado méritos a los que se refiere los apartados 1, 2 y 3 de la base novena, sin perjuicio de que su puntuación total sea la que resulte de la totalidad de los méritos alegados y acreditados a que se refiere dicha base. A igualdad de puntuación, tendrán preferencia los/las que tengan mayor antigüedad en el desempeño efectivo de funciones judiciales de sustitución y, entre éstos, los que están nombrados para las mismas plazas de que se trate en el año judicial en curso 2020/2021.

   (...)

   Undécima. Las propuestas de nombramiento que formulen las Salas de Gobierno no se notificarán a los interesados ni tendrán carácter vinculante para el Consejo General del Poder Judicial".

   Señala la parte recurrente en su demanda y en su escrito de ampliación de la demanda, los actos objeto del presente recurso contencioso administrativo:

   " 1.- Acto administrativo consistente en Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 21/12/2022 consistente en la resolución expresa del recurso de reposición número 334/2022 (Exp. NUM000) contra el Acuerdo de 11/08/2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso para provisión de plazas de Magistrado/a suplente y de Juez/a sustituto/a en el año 2022/2023, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y la Rioja, convocado por Acuerdo de 17 de marzo de 2022, y contra esta.

   (...) concluye que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , procede el dictado de resolución administrativa de pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, por entender que tras la sucesión de acuerdos dictados tras el recurso de reposición se produce una pérdida sobrevenida de objeto toda vez que ha finalizado el expediente disciplinario NUM001 con una propuesta desestimatoria del nombramiento por causa de nota desfavorable" .

2. - ACUERDO DE 11/08/2022, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE RESUELVE EL CONCURSO PARA PROVISIÓN DE PLAZAS DE MAGISTRADO/A SUPLENTE Y DE JUEZ/A SUSTITUTO/A EN EL AÑO 2022/2023, EN EL ÁMBITO DE LOS TRIBUNALES 2 SUPERIORES DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA, ARAGÓN, PRINCIPADO DE ASTURIAS, ILLES BALEARS, CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA-LA MANCHA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA, EXTREMADURA, GALICIA, COMUNIDAD DE MADRID, REGIÓN DE MURCIA, COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, PAÍS VASCO Y LA RIOJA, CONVOCADO POR ACUERDO DE 17 DE MARZO DE 2022.

3. - Acto administrativo consistente en ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE FECHA 6/10/2022: "(...) Acuerda: No acceder a la solicitud de nombramiento solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Luis por considerar que la sanción impuesta al mismo constituye una nota desfavorable para futuros nombramientos del mismo. (...)".

   Nos ilustra la parte recurrente con un relato de lo que a su parecer ha sucedido, en el mismo junto a hechos objetivos acompaña la valoración jurídica que le merece, lo cual empaña la claridad de lo acontecido y aconseja recoger a continuación la realidad despojada de valoración y sus consecuencias a efecto de facilitar el enjuiciamiento de la controversia.

   Conforme a las bases de la convocatoria la Comisión de Evaluación realiza la evaluación provisional y comunica al recurrente una puntuación de 11,75. Con ello se cumplimentó la base de la Convocatoria que preveía que " La Comisión de Evaluación realizará una primera evaluación provisional, que será comunicada a las personas aspirantes, que podrán hacer alegaciones en un plazo de diez días". No consta que alegara nada al respecto la parte recurrente.

   Conforme a la base décima la Sala de Gobierno ordena las personas candidatas y eleva la propuesta al CGPJ en 14 de junio de 2022. Respecto del recurrente no se excluye, sino que se pospone su inclusión, dando cuenta del motivo, "La Comisión de Evaluación designada por la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia eleva para conocimiento de esta Sala de Gobierno una relación de candidatos/as para ocupar plaza como Magistrado/a suplente y de Juez/a sustituto/a, para el año judicial 2022/2023 en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordenada en los términos que se contemplan en la Base Décima del Acuerdo de convocatoria, aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en fecha Acuerdo de 17 de marzo de 2022.

   Examinada la relación propuesta, la Comisión de la Sala de Gobierno verifica y hace suya las propuestas motivadas que en hojas separadas se acompañan, por un lado, de los/as candidatos propuestos que han desempeñado funciones jurisdiccionales en el ámbito de este territorio, los cuales han sido merecedores de su inclusión en dicha propuesta por su trayectoria profesional y aptitud demostrada, una vez acompañados los preceptivos informes favorables para el cargo pretendido. Asimismo, la Sala de Gobierno verifica y hace suya también la relación propuesta de los/as candidatos/as que han superado la entrevista ante la Comisión de Evaluación contemplada en el artículo 95 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial , cuyos méritos aparecen debida y oportunamente acreditados; y dispone la remisión de tales listas con las oportunas propuestas de nombramiento para su consideración por parte del Consejo General del Poder Judicial, quien tiene atribuido los nombramientos correspondientes.

   Al tiempo de decidir dicha remisión y las antedichas propuestas de nombramiento dejamos constancia de los siguientes extremos:

5. Se pospone la inclusión en la lista de candidatos/as para ser nombrados/as a los siguientes jueces/zas sustitutos/as:

   ...

   - Don Luis: Posponer su inclusión en la lista de candidatos para ser nombrados jueces sustitutos en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia para el año judicial 2022/2023 (lista provincial de Girona), hasta la resolución del expediente disciplinario NUM001, que le fue incoado a los efectos del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (...)". Dicha propuesta no es comunicada al recurrente, conforme al artº 94.2 del Reglamento y base undécima de la Convocatoria, " 2. Las propuestas de nombramiento que formulen las Salas de Gobierno no se notificarán a los interesados ni tendrán carácter vinculante para el Consejo General del Poder Judicial".

   En la Propuesta del Servicio de Personal judicial (Calificación) de 13 de julio de 2022, a la vista de la presentada por la Comisión de Evaluación, se recoge en el apartado 4 los candidatos con faltas de aptitud o idoneidad, en los que no aparece el recurrente, que sí se recoge en el apartado 5 siguiente, "Posponer su inclusión en la lista de candidatos para ser nombrados jueces sustitutos en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia para el año judicial 2022/2023(lista provisional de Girona), hasta la resolución del expediente disciplinario NUM001, que le fue incoado a los efectos del artículo 418.5 de la Ley orgánica del Poder Judicial ... Lo aprueba la Sala de Gobierno por unanimidad".

   Por acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de julio de 2022, se aprueba la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de junio de 2022, donde no aparece el recurrente.

   La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en fecha 11 de agosto de 2022 adopta acuerdo de resolución de concurso sin incluir ni hacer referencia alguna al candidato, habiendo explicado, en email posterior al acuerdo, que el motivo de no haberlo incluido fue porqué la Sala de Gobierno del TSJCAT "no le había otorgado puntuación alguna".

   Consta comunicación de la Letrada de la Sección de Calificación de fecha 23 de agosto de 2022, en la que frente a la afirmación del recurrente de que " "le parece desproporcionado no haber sido incluido en la lista de jueces sustitutos para la provincia de Gerona por el hecho de tener abierto un expediente disciplinario...", se le traslada que " la razón por la que no ha sido incluido en la lista citada se debe a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de su propuesta, no le ha otorgado ninguna valoración, por lo que, no procede la inclusión propuesta, desconociendo por este servicio las razones de esa falta de puntuación. (...)".

   Por la Sala de Gobierno se pone de manifiesto al CGPJ, en referencia a su acuerdo de 14 de junio de 2022 lo siguiente, acuerdo de 13 de septiembre de 2022, "(...) Elevar al Consejo General del Poder Judicial la candidatura de D. Luis para que pueda ser nombrado como Juez sustituto para el año judicial 2022/2023 en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en la circunscripción provincial de Girona, al reunir todos los méritos y criterios de preferencia que se contemplan en el Acuerdo de convocatoria, aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 17/03/2022. (...)"

   La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en fecha 6 de octubre de 2022, acuerda "(...) La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 6 de octubre de 2022, adoptó el acuerdo que por certificación se adjunta al presente, se adjunta igualmente la propuesta del acuerdo, relativo a no acceder a la solicitud de nombramiento de Luis.

   VISTO por la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial Propuesta del Servicio de Personal Judicial (Calificación) relativa al nombramiento de un juez sustituto en el ámbito del Tribunal Superior de justicia de Cataluña.

   Acuerda: No acceder a la solicitud de nombramiento solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Luis por considerar que la sanción impuesta al mismo constituye una nota desfavorable para futuros nombramientos del mismo. (...)".

   Recurrido el acuerdo en reposición, se resuelve mediante acuerdo de 21 de diciembre de 2022 por pérdida sobrevenida del objeto del recurso toda vez que ha finalizado el expediente disciplinario NUM001 con sanción.

Núcleo de la cuestión.

Vista la normativa aplicable y los datos y circunstancias acaecidas, el correcto tratamiento de los motivos de impugnación hechos valer por la parte actora pasa por hacer las siguientes consideraciones.

La parte recurrente opone tanto motivos de forma, que según afirma le han causado indefensión, como de fondo; pues bien, dejando aparte el acuerdo de 21 de diciembre de 2022, declarando pérdida sobrevenida de objeto, es de observa que el procedimiento seguido para resolver el recurso se ha ajustado sustancialmente a las bases de la Convocatoria y normas aplicables, cierto es que ha habido ciertas irregularidades, valga entre ellas que la evaluación y propuesta primera de la Sala de Gobierno se añade el apartado de propuesta la pospuesta afectante al recurrente, que no se contemplaba en las bases, lo que dio lugar que al tiempo de resolverse en primera instancia el concurso no se incluyera al recurrente, pero este defecto fue subsanado posteriormente por la propia Sala de Gobierno al hacer una propuesta expresa favorable.

En definitiva, las irregularidades contempladas fueron a posteriori subsanadas, la propuesta favorable no vinculante fue elevada al CGPJ que resolvió en el legítimo ejercicio de las potestades reconocidas, y si bien no lo hizo en el tiempo previsto normativamente, nada impedía que en un momento posterior resolviera sobre la solicitud del recurrente, teniendo al efecto todos los datos necesarios para pronunciarse, incluido la propuesta favorable, y expresando el motivo de la exclusión -posteriormente se analizará si en relación con el caso concreto la motivación ha de entenderse suficiente--

Por lo dicho, los vicios formales denunciados por la parte recurrente ha de ser valorados conforme a los postulados antes recogidos.

Sobre el Acuerdo de 21 de diciembre de 2022 .

El tenor del acuerdo, ya se ha visto, es el siguiente: " concluye que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , procede el dictado de resolución administrativa de pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, por entender que tras la sucesión de acuerdos dictados tras el recurso de reposición se produce una pérdida sobrevenida de objeto toda vez que ha finalizado el expediente disciplinario NUM001 con una propuesta desestimatoria del nombramiento por causa de nota desfavorable" .

Dispone el citado artículo: "1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración".

La parte recurrente impugna el citado acuerdo resolutorio del recurso de reposición contra el acuerdo de 6 de octubre de 2022, al considerar que ha mediado una errónea apreciación del supuesto contemplado en el citado precepto, puesto que no ha existido pérdida alguna de objeto, lo que es determinante de nulidad radical del artículo 47.1 e), o subsidiariamente, anulabilidad en los términos del artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

No podemos compartir la propuesta principal de la parte recurrente, en el caso que nos ocupa, con la resolución de un recurso de reposición, es evidente, que no se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ni se han vulnerado las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Simple y llanamente ha existido una mala calificación jurídica al considerar que se ha producido una pérdida de objeto, cuando evidentemente no era aplicable al caso el citado artículo 21.1, así es, una resolución sancionadora firme en vía administrativa (tampoco de alcanzar la firmeza en sede judicial, como es el caso) conlleva como consecuencia legal asociada, como plus de la sanción impuesta, la imposibilidad de aspirar y participar en un concurso para nombramiento de juez sustituto. Por tanto, la imposición de sanción alguna, por no preverse normativamente, conlleva la perdida del derecho a participar en el concurso, ni es razón, per se, de exclusión para ser nombrado juez sustituto. Fundamentalmente las causas de exclusión para ser nombrado como juez sustituto son la falta de aptitud y la falta de idoneidad, ciertamente la imposición de sanción en cuanto a la conducta constatada puede dar lugar, por trascender de aquella la falta de aptitud o la falta de idoneidad, a la concurrencia de alguna de estas causas, lo cual requiere justificarlo suficiente y motivadamente, como así se exige. La Comisión Permanente debió entrar a resolver el recurso de reposición en atención a los motivos de impugnación invocados, al no hacerlo, aplicando indebidamente el artículo 21.1, debe conllevar la anulabilidad del acto.

Dicho lo anterior, no se resuelve la cuestión de fondo y las pretensiones del recurrente, en tanto que la nulidad de este acto, por las razones apuntadas, no conlleva la nulidad del acto original impugnado, por lo que procede entrar a dilucidar los motivos de impugnación respecto de los actos que excluyeron al recurrente para ser nombrado juez sustituto.

Posición de las partes.

Como anteriormente se ha puesto de manifiesto la parte recurrente aduce tanto motivos formales como de fondo. Sin embargo, ya se adelantó, resulta un ejercicio estéril entrar a dilucidar los vicios de forma denunciados, en tanto que las irregularidades constatadas ni han supuesto un quebranto en la posición jurídica del recurrente, ni le han causado indefensión, y en todo caso fueron subsanados. Así es, respecto de la indefensión que dice producida por desconocer las causas de su no inclusión entre los candidatos propuestos para el nombramiento, ha de significarse que el traslado de la puntuación obtenida, lo que se hizo oportunamente y conforme a la normativa prevista, no tiene otra finalidad que en caso de que la asignada no fuera la correcta poder instar su subsanación, el hecho de que nada alegara no puede tener otra razón que el estar de acuerdo con la misma; por lo demás, ningún traslado para alegaciones se preveía en el curso del procedimiento y los distintos actos de trámite, es más expresamente así se prevé en la normativa aplicable, lo cual responde a la dinámica propia del procedimiento diseñado, en el que la evaluación de la Comisión Evaluadora y la propuesta de la Sala de Gobierno no son vinculantes respecto de la decisión a tomar por el órgano competente para hacer los nombramientos; las irregularidades, como son en lugar de proponer positivamente o excluirlo, proceder a posponer la propuesta respecto del recurrente, y la no decisión dentro del tiempo previsto, fueron subsanadas, primero haciendo la oportuna propuesta, en este caso positivamente por parte de la Sala de Gobierno, y posteriormente decidiendo por la Permanente, en este caso, no nombrando al actor. Corregidas estas irregularidades, ninguna indefensión se produjo al actor, ni estaba previsto un trámite de alegaciones durante el procedimiento, y una vez dictado el acto definitivo nada ha impedido al actor oponerse a este y a los actos de trámites necesarios para la toma de decisión, desprendiéndose del expediente que el actor tuvo pleno conocimiento del motivo del proceder de la Sala de Gobierno, y, evidente es también, que ha tenido pleno y total conocimiento de la causa del no nombramiento, como de forma expresa y suficiente, antes se ha transcrito, se recoge en el acuerdo de 6 de octubre de 2022.

En definitiva, prescindimos de entrar con más detalle sobre los vicios de formas recogidas en la demanda por las razones apuntadas, debiéndonos centrar en los motivos de fondo alegados.

Brevemente. No hubo falta de motivación en la propuesta, sino una incorrecta posposición de la propuesta, luego corregida, se puso primero de manifiesto que se posponía por tener abierto un expediente sancionador, tras su resultado en sede administrativa se subsanó el defecto elevando una propuesta motivada y positiva; ningún traslado para audiencia se preveía, al contrario, en la normativa, ni resultaba necesario hacerlo en esta fase de tramitación. No se vulneró el principio de igualdad, parte la recurrente de un presupuesto equivocado, no se establece en la convocatoria una serie de requisitos para ser nombrados, sino para ser candidato, el nombramiento está sometido a una valoración por parte del órgano competente, en la que además de dichos requisitos de corte objetivo y verificables, están los de la aptitud e idoneidad, luego entraremos sobre este extremo desde el punto de vista material. El actor se sometió a un proceso igual para todos los aspirantes, con las mismas garantías, y las mismas oportunidades de acceso al nombramiento de juez sustituto, cosa distinta es que la decisión del órgano competente considerara que por estar sometido a un expediente disciplinario no era procedente su nombramiento. Resulta inapropiada la comparación con los jueces de carrera, ni lo es el actor, ni la cuestión que nos ocupa tiene que ver con el ejercicio de funciones jurisdiccionales, en el que su régimen estatutario es igual que los jueces de carrera en el ejercicio de la jurisdicción, estamos en un procedimiento selectivo para el nombramiento anual de jueces sustitutos en el ámbito de determinados Tribunales de Justicia, nada más. Tampoco se ha prescindido del procedimiento ni de sus trámites esenciales, hubo las irregularidades vistas subsanadas, y se siguieron los trámites necesarios para la toma de la decisión.

Igual suerte debe correr el motivo de oposición formulado por el Sr. Abogado del Estado sobre la corrección del acuerdo de 12 de diciembre de 2022, declarando la pérdida de objeto, por las razones recogidas en el anterior fundamento.

Respecto de los motivos de fondo.

La parte recurrente alega la vulneración de los artículos 35 y 88 de la Ley 39/2015, en relación con el artículo 152.1.5º de la LOPJ, determinante de la nulidad del acto combatido. Afirma que reunía los requisitos previstos para ser nombrado, sin que el sometimiento a un expediente disciplinario en curso, sin resolución firme, sea causa de exclusión, por cuanto no tiene amparo legal alguno que lo justifique, además, el no tener conocimiento de tal extremo sino con posterioridad a la resolución del concurso, supone una infracción de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, relativo a la exigencia de motivación.

Para la parte recurrida no cabe hablar de falta de motivación cuando el acuerdo de 6 de octubre de 2022 lo dice claramente la causa fue la sanción impuesta que constituye una nota desfavorable que impide el nombramiento; habiendo redactado la recurrente la demanda como si no existiera dicho acuerdo, " que rechaza expresamente el nombramiento del actor como Juez sustituto por falta de idoneidad".

J uicio de la Sala.

De lo dicho se desprende que el conflicto resulta bien simple. Al recurrente no se le nombra juez sustituto por haber sido sancionado por resolución firme en vía administrativa (con posterioridad también en sede judicial) por cometer una infracción disciplinaria. La cuestión se limita, pues, a discernir si es causa suficiente y justificada para ser excluido.

A las alegaciones de la parte recurrente que reunía todos los requisitos, en concreto la aptitud y la idoneidad necesaria, como lo avala los anteriores nombramientos y ejercicio de la función judicial como sustituto sin tacha alguna, cabe responder que el hecho de que con anterioridad a la Convocatoria fuera evaluado positivamente y nombrado por reunir dichos requisitos nada indica en cuanto a la toma de decisión en el concurso que nos ocupa, en tanto que la aptitud e idoneidad pueden venir referidas a una trayectoria, pero también a un acto aislado que indique la pérdida de una u otra. Así se ha reconocido por este Tribunal Supremo respecto de casos semejantes en los que incluso se produce el cese del ya nombrado. Así recordemos que en la sentencia de 1 de marzo de 2022, rc. 358/2020, se dijo:

" TERCERO: Sobre la declaración de inidoneidad.

Como señalan las sentencias de este Tribunal Supremo de 16 de junio de 2016 (Rec. ordinario 350/2011 ) y de 3 de octubre de 2016 (recurso 245/2016 ) en asuntos referidos también al cese de un Juez sustituto, «la falta de aptitud e idoneidad a que se refiere el artículo 201.5.d) de la LOPJ puede venir dada por la contemplación panorámica del desempeño profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero también por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente transcendencia y gravedad como para fluir de ellos un déficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese», esto es, la idoneidad puede ser enjuiciada con independencia del desempeño anterior de su labor sin antecedente o nota desfavorable alguna.

Por otra parte como señala la citada sentencia de este Tribunal de 3 de octubre de 2016: «no existe razón para entender configurado el precepto ahora en cuestión como delimitador de unos tipos sancionadores, con sus consiguientes consecuencias de rigurosidad en la determinación de los tipos, por aplicación de los principios del Derecho penal, visto que como ha declarado este Tribunal la información sumaria que el artículo 201.5.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635) , exige para el cese de los Jueces sustitutos, cargos eminentemente temporales y de ejercicio eventual, no constituye un expediente disciplinario, ni el cese constituye una sanción. El cese de un Juez sustituto consiste simplemente en dejar sin efecto el nombramiento cuya subsistencia ha de entenderse condicionada al mantenimiento de las circunstancias, de aptitud, capacidad, compatibilidad, no incurrir en prohibición, o acreditación de la efectiva diligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo"."

En definitiva, la actitud e idoneidad demostrada en convocatoria anteriores, que dieron lugar al nombramiento del recurrente como juez sustituto, en cuanto estamos ante un hecho puntual, determinante o no, como ahora veremos, de la aptitud o idoneidad del mismo, nada empecé respecto de la decisión a adoptar para el nombramiento de la concreta convocatoria que nos ocupa, puesto que el incumplimiento de un deber propio del régimen jurídico aplicable en el marco de la relación profesional una vez nombrado juez sustituto y sometido al régimen disciplinario de jueces y magistrados, en concreto haber sido sancionado por falta grave, podría conformar un supuesto de inidoneidad

Dicho esto, sí sirve para analizar la razón del rechazo para el nombramiento del actor su trayectoria como juez sustituto. No es posible obviar, porque está en la esencia del proceso selectivo, que tanto los artículos 201 de la LOPJ y 94 del Reglamento, como las bases de la Convocatoria, existe una clara vocación continuista, otorgando preferencia, en primer lugar, a quienes ya viniesen ejerciendo funciones judiciales sin nota alguna en su expediente que pudiera tomarse en consideración a efectos de valoración de idoneidad, siendo bien significativo que la Sala de Gobierno propusiera el nombramiento de la parte recurrente cuando ya era conocedora de la sanción impuesta y valora el hecho en relación con el conjunto de circunstancias concurrentes, lo que da a entender que superaba la estándares de aptitud e idoneidad para ser nombrado juez sustituto.

El Sr. Abogado del Estado nos dice que el acuerdo de 6 de octubre de 2022, "rechaza expresamente el nombramiento del actor como Juez sustituto por falta de idoneidad", lo cual no se corresponde con el tenor literal del acuerdo que rechaza expresamente el nombramiento " por considerar que la sanción impuesta al mismo constituye una nota desfavorable para futuros nombramientos del mismo". Lo cierto es que el acuerdo se remite al informe de sus servicios técnicos, en el mismo lo que se pone de manifiesto son dos antecedentes en los que a la sanción del juez sustituto ha seguido el decaimiento en su nombramiento, sólo en uno de ellos se habla expresamente de falta de idoneidad. De todo lo cual se deduce, así parece entenderlo el Sr. Abogado del Estado, en ausencia de un acuerdo más explícito y expresivo, que la sanción impuesta por falta disciplinaria a un juez sustituto determina sin más su falta de idoneidad y le inhabilita para ser nombrado juez sustituto.

Como se ha indicado, la sanción disciplinaria a juez sustituto no puede llevar como consecuencia legal su inhabilitación para su nombramiento como tal, pues no hay previsión legal que así lo disponga. De haberlo querido el legislador así lo habría contemplado en norma con rango adecuado, lo que no es el caso.

Descartado que a la sanción disciplinaria siga la inhabilitación, desde luego, sí es posible que la conducta sancionada además de conformar un tipo disciplinario sancionable, acredite o derive que el juez sustituto carece de aptitud suficiente o de idoneidad, pero ya en un ámbito ajeno al sancionador, sino en el propio de posible acceso al desempeño de funciones jurisdiccionales que pasa necesariamente por el previo nombramiento como juez sustituto.

Llegados a este punto cabe recordar que la idoneidad para el desempeño de la función jurisdiccional como juez sustituto requiere reunir unas determinadas condiciones de idoneidad, art. 96 del Reglamento, siendo este un concepto jurídico indeterminado, que como hemos dicho en ocasiones anteriores, debe ponerse en relación con la importancia constitucional de la función de garantía de tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, de la responsabilidad que reviste el ejercicio de la jurisdicción, y como una constante jurisprudencia, "viene afirmando, la aplicabilidad de los postulados constitucionales de igualdad, mérito, capacidad e interdicción de la arbitrariedad ( artículos 9.3 ; 23.2 y 103 CE (RCL 1978, 2836) ) a los procedimientos de nombramiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, por tratarse del acceso a funciones públicas; así como que la derivación de tales postulados impone que la exclusión que en tales nombramientos se haga de cualquier persona que haya desempeñado con anterioridad las funciones de Juez sustituto ha de estar claramente apoyada en datos objetivos y ha de justificar debidamente que ha estado regida por pautas rigurosas de imparcialidad y objetividad". Por tanto, no contemplándose legalmente como causa de exclusión ser sancionado disciplinariamente, resulta exigible que el acuerdo que excluya el nombramiento, más cuando se trata de un aspirante que ha desempeñado correctamente la función jurisdiccional en nombramientos anteriores, con una propuesta favorable de la Sala de Gobierno, el órgano quizás que mejor conoce las circunstancias a ponderar, que conoce la sanción impuesta, exigía una motivación y justificación suficientes y adecuadas que despejara en el caso concreto el concepto jurídico indeterminado de idoneidad, lo que evidentemente no se cumple cuando el acuerdo impugnado se limita a exponer que " por considerar que la sanción impuesta al mismo constituye una nota desfavorable para futuros nombramientos del mismo", lo que sin apoyo normativo ni más justificación resulta arbitrario, más cuando estamos ante una materia reglada ajena a la potestad discrecional en la viene obligada la Administración a despejar en cada caso el concepto jurídico indeterminado previsto para desencadenar las consecuencias jurídicas derivadas. Decaída la causa del no nombramiento, visto los antecedentes y atendiendo fundamentalmente a la propuesta de la Sala de Gobierno, perfecta conocedora de la trayectoria del aspirante y de la sanción impuesta, ha de convenirse que el actor reunía los requisitos necesarios, y en particularidad la idoneidad requerida, para ser nombrado juez sustituto.

Sobre el reconocimiento de las pretensiones actuadas.

Además de la nulidad de los acuerdos impugnados, lo que ha de acogerse por las razones vistas, la parte recurrente solicita en el suplico de su demanda que se le reconozca el derecho a ser nombrado Juez Sustituto para el año judicial 2022-2023 y los sucesivos años judiciales que dure la tramitación del presente recurso y el derecho a ocupar nuevamente su cargo de Juez sustituto y adscripción en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; así como a que se reconozca el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados, por la falta de nombramiento y no haber podido ejercer como Juez sustituto durante este tiempo, a contar de la convocatoria para el 2022/2023 y sucesivas, respecto de los llamamientos que tal nombramiento le hubieran propiciado, habiendo cesado en fecha 31 de agosto de 2022 en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Figueres, donde se encontraba prestando funciones jurisdiccionales para posteriormente inscribirse en el Servicio Público de Empleo, sin ejercer actividad laboral alguna. Sobre este particular no ha habido oposición por parte del Sr. Abogado del Estado.

Ha de convenirse que el alcance de la declaración que ahora hacemos, dado el alcance temporal de la Convocatoria, sólo puede referirse a la anualidad referenciada. Se desconocen otros datos que pudieran extender los efectos de la declaración que se hace a otros períodos, y ello sin perjuicio, en su caso, de las acciones que pudieran corresponderle al actor.

Sobre pretensiones similares se ha pronunciado este Tribunal en ocasiones precedentes sentando los criterios a tener en cuenta para calcular la indemnización que le debe corresponder, sentencia de 8 de febrero de 2021, rec. 404/2018, y otras:

"En cuanto a estos, el debate procesal nos obliga a detenernos en particular en el que se refiere al derecho de la recurrente a percibir una indemnización. Ahí, son varias las afirmaciones que debemos hacer:

1. No cabe acoger las alegaciones de la Abogacía del Estado en las que, de un lado, niega que la lesión económica consistente en la no percepción de las retribuciones que hubieran correspondido a la recurrente afecte a un derecho consolidado, sino, a lo sumo, a una mera expectativa, por lo que, a su juicio, no concurre el requisito de la efectividad del daño; y, de otro, con carácter subsidiario, que de reconocer algún derecho a la indemnización, ésta debería fijarse en un porcentaje de las retribuciones que le hubieran correspondido, que en ningún caso debería ser superior al 15%.

   Es así, es decir, no las acogemos, porque iguales alegaciones ya fueron rechazadas en el FD 2º, párrafos sexto y séptimo, de la sentencia de este Tribunal 1607/2019, de 20 noviembre, dictada en el recurso núm. 12/2018, a cuyos razonamientos nos remitimos.

2. La cuantía de la indemnización que reconocemos es la del importe equivalente al promedio de las retribuciones -incluidas las devengadas en los periodos de vacaciones- percibidas por quienes efectivamente desempeñaron el cargo de Juez/a sustituto/a en los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, calculado en el modo que es de ver, por todas, en las SSTS 1660/2016, de 6 de julio, y 1798/2018, de 18 de diciembre, dictadas, respectivamente, en los recursos números 3723/2015 y 203/2018.

3. Ese cálculo debe tomar en consideración, desde luego, todo el año judicial 2018/2019, pues no hay alegación ninguna de que en ese tiempo hubiera acaecido alguna circunstancia impeditiva del ejercicio de la función judicial; pero también, en su caso, el siguiente o siguientes hasta el día en que se hubiera hecho efectiva una causa que determinara el cese de la recurrente en el cargo de Jueza sustituta.

4. A la cantidad así calculada, habrán de descontarse las percepciones económicas que durante ese mismo tiempo hubiera obtenido la recurrente por el ejercicio de actividades incompatibles con la función judicial, recayendo la carga de la prueba de esta última circunstancia en la parte recurrida.

5. La cantidad resultante devengara el interés legal del dinero, computado desde el día en que la recurrente debiera haber sido llamada por vez primera para ejercer el cargo que le correspondía, y en caso de que el mismo no pueda ser fijado fundadamente, desde el día de inicio del año judicial 2018/2019, esto es, desde el día 1 de septiembre de 2018.

6. Junto a esa indemnización de capital más intereses legales, deberá la Comisión Permanente del CGPJ, mediante la gestión oportuna, hacer efectivo el alta de la recurrente en el régimen general de la Seguridad Social, requiriendo el ingreso del importe de las cotizaciones correspondientes.

7. Igualmente, deberá dejar constancia de los trienios alcanzados en el total del ejercicio de su función judicial".

   Por tanto, el recurrente debió ser nombrado juez sustituto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, demarcación de Girona, para el período 2022/23. Siendo la Convocatoria para el citado periodo no puede reconocérsele más derechos que los derivados de la misma, no corresponde pues extender los efectos de esta sentencia a períodos posteriores. Ante la imposibilidad natural de reponer al actor en el derecho que le correspondía, ha de acogerse la solitud de indemnización solicitada, así como los derechos profesionales y prestacionales derivados de haber obtenido dicho nombramiento, conforme a los criterios antes recogidos por referencia y en relación con el caso concreto que nos ocupa; tiene pues derecho al importe equivalente al promedio de las retribuciones -incluidas las devengadas en los periodos de vacaciones- percibidas por quienes efectivamente desempeñaron el cargo de Juez/a sustituto/a en los Juzgados de Girona tomando en consideración todo el año judicial 2022/2023.

   El importe anterior debe fijarse atendiendo al número de llamamientos y consiguiente retribución de jueces sustitutos producidos durante ese periodo en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia para el que debió ser nombrado el recurrente, que se dividirá por el número de jueces sustitutos nombrados más el actor, de manera que con ello devengue lo que por término medio correspondería percibir a un Juez sustituto para la demarcación de Girona.

   A la cantidad resultante se descontará las percepciones económicas que durante ese mismo tiempo hubiera obtenido el recurrente por el ejercicio de actividades incompatibles con la función judicial, recayendo la carga de la prueba de esta última circunstancia en la parte recurrida.

   La cantidad así determinada devengará el interés legal del dinero, computado desde el día en que el recurrente debiera haber sido llamado por vez primera para ejercer el cargo que le correspondía, y en caso de que el mismo no pueda ser fijado fundadamente, desde el día de inicio del año judicial 2022/2023, esto es, desde el día 1 de septiembre de 2022.

   Junto a esa indemnización de capital más intereses legales, deberá la Comisión Permanente del CGPJ, mediante la gestión oportuna, hacer efectivo el alta del recurrente en el régimen general de la Seguridad Social, requiriendo el ingreso del importe de las cotizaciones correspondientes.

   Igualmente, deberá dejar constancia de los trienios alcanzados en el total del ejercicio de su función judicial.

Sobre las costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1, párrafo primero, de la LJCA, las costas deben ser impuestas al órgano demandado; no obstante, esa imposición lo es hasta la cifra máxima de 4.000 €, dada la facultad que confiere el núm. 4 de ese mismo artículo.