STS 116/2024, 31 de Enero de 2024

Tramitación en primera instancia.

1. - La procuradora D.ª Haizea González Barreira, en nombre y representación de D. Leon, interpuso demanda de juicio ordinario contra Millán y Mapfre Seguros en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "por la que se condene al pago a los demandados, más con los intereses del artículo 20 LCS desde la fecha del siniestro, 21 de julio de 2016 en el caso de la aseguradora, y hasta su completo pago; con imposición de las costas de este procedimiento a los demandados".

2. - La demanda fue presentada el 23 de julio de 2018 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vitoria-Gasteiz, se registró con el núm. 781/2018. Una vez admitida a trámite, se emplazó a las partes demandadas.

3. - El procurador D. Jesús María de las Heras Miguel, en representación de D. Millán y Mapfre Seguros S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba la desestimación íntegra de la demanda y la imposición de las costas a la parte actora.

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vitoria-Gasteiz dictó sentencia n.º 68/2019, de 26 de febrero, con la siguiente parte dispositiva:

   " DESESTIMO la demanda de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguida ante este Juzgado, al que por turno de reparto corresponde, a instancia de la Procuradora Sra. González, en representación de D. Leon, asistido por el Letrado Sr. Ortega, con concesión de derecho de asistencia jurídica gratuita, contra D. Millán y "Mapfre, S.A.", representados por el Procurador Sr. De las Heras y asistidos por la Letrada Sra. Ruano, y en consecuencia,

   "ABSUELVO a los demandados de todos los pedimentos formulados en su contra.

   "Todo ello, con expresa condena formal en costas a la parte demandante a los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la LAJG.

   Notifíquese esta resolución a las partes".

Tramitación en segunda instancia.

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Leon.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Álava, que lo tramitó con el número de rollo 622/2019 y tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 18 de octubre de 2019, cuya parte dispositiva establece:

"Que, desestimando el recurso interpuesto por la Procuradora señora González Barreira, en nombre y representación de don Leon, contra la sentencia dictada el 27 de febrero del 2019 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta Ciudad, debemos confirmar, y confirmamos dicha resolución, y condenamos al recurrente al pago de las costas procesales de esta segunda instancia.

Dese al depósito para recurrir el destino legalmente previsto".

.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1. - La procuradora D.ª Haizea González Barreira, en representación de D. Leon, interpuso recurso de casación.

   Los motivos del recurso de casación fueron:

   "Primero.- Al amparo del ordinal 3º del apartado 2 del artículo 477 de la Ley 1/2000, infracción del artículo 1910 del Código Civil así como de la doctrina jurisprudencial que lo reconoce e interpreta, fijando su sentido y alcance. Concretamente, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que consideramos infringida (y que pedimos que así se declare) es la que establece que la expresión "por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma" del artículo 1910 Código Civil, no tiene carácter de numerus clausus y han de incluirse tanto las cosas sólidas como los líquidos que, de una forma u otra, caigan del espacio arquitectónico dotada de individualidad y causen daños a tercero en su persona o en sus cosas. Doctrina jurisprudencial sentada, entre otras muchas, por las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1984 (documento 1), y 20 de abril de 1993 (documento 2).

   "Segundo.- Al amparo del ordinal 3º del apartado 2 del artículo 477 de la Ley 1/2000, infracción del artículo 1910 del Código Civil así como de la doctrina jurisprudencial que lo reconoce e interpreta, fijando su sentido y alcance. Concretamente, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que consideramos infringida (y que pedimos que así se declare) es la que establece que el artículo 1910 Código Civil, instaura la denominada "responsabilidad objetiva" razón por la cual el hecho de mediar o no culpa no impide el deber de resarcir a quien sufrió el daño, sin perjuicio, del derecho a repetir sobre quién pudiere haber sido el causante directo. Doctrina jurisprudencial sentada, entre otras muchas, por las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1984 (documento 1), y 20 de abril de 1993 (documento 2).

   "Tercero.- Al amparo del ordinal 3º del apartado 2 del artículo 477 de la Ley 1/2000, infracción del artículo 1902 del Código Civil así como de la doctrina jurisprudencial que lo reconoce e interpreta, fijando su sentido y alcance. Concretamente, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que consideramos infringida (y que pedimos que así se declare) es la que establece que el artículo 1902 Código Civil, instaura un sistema de responsabilidad crecientemente objetivado, no bastando para exonerarse con cumplir las normas reglamentarias. Doctrina jurisprudencial sentada, entre otras muchas, por las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1992 (documento3), y 24 de enero de 2002 (documento 4)".

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 26 de enero de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Leon contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 18 de octubre de 2019, por la Audiencia Provincial de Álava (Sección 1.ª) en el rollo de apelación n.º 622/2019, dimanante del juicio ordinario n.º 781/2018, seguido ante Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Vitoria".

3. - Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. - Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el 25 de enero de 2024, en que tuvo lugar.

Resumen de antecedentes

1. - El 21 de julio de 2016, Leon estaba tomando un café en la puerta del bar Lima, de Vitoria, cuando un cliente que se encontraba en el interior del establecimiento golpeó violentamente el cristal de la puerta de entrada, que resultó hecho añicos.

2. - Un fragmento de cristal impactó en el ojo izquierdo del Sr. Leon, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, estando en situación de incapacidad temporal durante 543 días y quedándole como secuela la pérdida del cristalino (afaquia).

3. - El Sr. Leon formuló una demanda contra el titular del bar Lima y contra su compañía de seguros (Mapfre), en la que solicitó que se les condenara solidariamente a indemnizarlo en la suma de 80.477,84 €, por los días de incapacidad, las secuelas, el perjuicio estético y el daño moral.

   La demanda se basaba en los arts. 1902 y concordantes CC y en el art. 147 TRLCU, por cuanto el cristal del establecimiento que resultó roto y fragmentado no reunía los requisitos técnicos de seguridad legalmente exigibles, en particular los previstos en el Código Técnico de la Edificación.

4. - Previa oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Consideró que las lesiones no se habían producido como consecuencia de un riesgo derivado de la actividad de hostelería desempeñada por el demandado, sino por la acción voluntaria de un tercero -no demandado- ajena al negocio; no existía relación de causalidad entre una conducta u omisión de titular del establecimiento y el resultado dañoso padecido por el demandante.

5. - El recurso de apelación del demandante fue desestimado por la Audiencia Provincial. En lo que ahora importa, el tribunal de segunda instancia consideró que no cabía imputar la responsabilidad objetiva del art. 1910 CC por cuanto ni se arrojó ningún objeto, ni nada cayó del edificio, sino que se rompió un cristal; así como que el daño no fue consecuencia de ningún riesgo derivado de la actividad empresarial realizada, ni podía imputarse al demandado ninguna acción u omisión negligente que tuviera relación causal con las lesiones sufridas por el demandante.

6. - El Sr. Leon interpuso un recurso de casación.

Primer y segundo motivos de casación. Planteamiento. Resolución conjunta

1. - El primer motivo de casación denuncia la infracción del art. 1910 CC y la jurisprudencia representada por las sentencias de 12 de abril de 1984 y 20 de abril de 1993.

   En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que el art. 1910 CC no contiene un numerus clausus y pueden incluirse en su ámbito objetivo tanto los líquidos como las cosas sólidas que, de una forma u otra, caen de un espacio arquitectónico y causan daño a un tercero; entre las que puede incluirse un fragmento de cristal de una puerta de entrada a un establecimiento.

2. - El segundo motivo de casación denuncia la infracción del art. 1910 CC y la jurisprudencia representada por las sentencias de 12 de abril de 1984 y 20 de abril de 1993.

   Al desarrollar el motivo, la parte recurrente aduce, sintéticamente, que el art. 1910 CC establece una responsabilidad objetiva, por lo que resulta indiferente que medie o no culpa para que el titular del establecimiento deba responder por el daño y resarcir al perjudicado; todo ello, con independencia de quien pudiera resultar causante directo, contra el que podría repetir.

3. - Como quiera que ambos motivos denuncian la infracción de un mismo precepto legal y de una idéntica jurisprudencia, se resolverán conjuntamente, para evitar inútiles reiteraciones.

Decisión de la Sala. La responsabilidad civil del art. 1910 CC por daños causados por cosas arrojadas o caídas

1. - Aunque el art. 1910 CC se refiere únicamente a los daños causados a terceros por las cosas que son arrojadas o que caen desde un edificio, la jurisprudencia de esta sala optó ya hace tiempo por una interpretación extensiva, conforme a la que el precepto se aplica no solo a los eventos dañosos originados por las cosas que se arrojen hacia afuera, sino también a aquellos que se arrojen o proyecten dentro de una casa, puesto que el citado artículo no indica hacia dónde deben dirigirse los objetos lanzados. Resulta paradigmática a estos efectos la sentencia 526/2001, de 21 de mayo, que aplicó el art. 1910 CC en un caso de lesiones sufridas por el impacto de un vaso arrojado en el interior de una discoteca.

2. - Más importancia tiene para nuestro caso, dado que aquí sí hubo proyección al exterior (el cristal saltó hecho añicos hacia la calle) el carácter de numerus apertus que otorga nuestra jurisprudencia a las expresiones de arrojar o caer empleadas en el art. 1910 CC, en el sentido de que el daño podrá ser igualmente causado por fluidos que se filtran por el suelo, paredes o techo, o por el desprendimiento de sustancias nocivas, entre otros. E incluso se aplica el artículo tanto en los casos en los que la cosa se desplaza de arriba abajo, como en aquellos en los que el objeto se mueve sin existir un desnivel, o asciende, como sucede en las emanaciones de gas. Como declaró la sentencia 239/1984, de 12 de abril:

   "[l]as expresiones "se arrojaren o cayeren" en él empleadas no constituyen "numerus clausus", razón por la cual pueden ser objeto de interpretación extensiva en cuánto a los supuestos que originados dentro del límite ambiental en él determinado, puedan causar daño o perjuicio, tanto a otros convecinos, copropietarios, etc., por razón en tales casos de aplicación y observancia del principio de salvaguarda de las relaciones de vecindad, como a quienes con ocasión de deambular por las inmediaciones del inmueble reciban daño o sufran perjuicio por las cosas que se arrojaren o cayeren del piso, vivienda o local en cuestión".

3. - También ha hecho esta sala una interpretación amplia del término "cosas", que incluye tanto los objetos sólidos, como los líquidos y las sustancias gaseosas (aparte de las ya citadas, y en lo que se refiere a objetos sólidos, como los del supuesto que nos ocupa, sentencias 535/1989, de 5 de julio -caída a la calle del cristal de una ventana-; 1113/1999, de 22 de diciembre -petardos arrojados en un recinto deportivo cerrado-; y 1243/2007, de 4 de diciembre -caída de una maceta- ). En particular, por su cierta similitud con el presente caso, cabe resaltar la sentencia 535/1989, de 5 de julio, que consideró incluible en la responsabilidad prevista en el art. 1910 CC la caída a la calle de un fragmento de cristal que se desprendió de una de las ventanas de un piso exterior y alcanzó a un peatón que circulaba por la calle.

4. - En cuanto al lugar desde que el cae o se arroja la cosa, el término "casa" al que se refiere el precepto, ha sido interpretado por esta sala (véase la multiplicidad de supuestos tratados en las sentencias ya citadas) como cualquier inmueble habitable en sentido amplio (viviendas, locales comerciales, oficinas, teatros, discotecas, establecimientos hoteleros, etc.). Sin que el "cabeza de familia" tenga que ser necesariamente el propietario, ya que puede serlo también el arrendatario, en cuanto que poseedor directo del inmueble ( sentencia 334/2001, de 6 de abril), o el titular del negocio desarrollado en dicho inmueble. Como declaró la sentencia de pleno 204/2021, de 15 de abril:

   "Cuando se trata de un inmueble de uso no residencial, sedes de empresas, locales comerciales, inmuebles en los que se ejercen profesiones liberales, etc., y existen relaciones de subordinación, el "cabeza de familia" será el titular de dicho negocio o empresa, con independencia de su condición de persona física o jurídica. La exigencia de que el cabeza de familia "habite" el edificio se interpreta de una forma amplia. En efecto, el término habitar se entiende referido a cualquier tipo de uso, residencial o no, del que sea susceptible, desde una perspectiva material, el edificio o construcción de que se trate. Además, la jurisprudencia considera que la casa es habitada por el que posee el título para usar y disfrutar la "casa" en cuestión aun cuando todavía no la utilice, como acontece en el caso de edificios en construcción".

5. - Respecto al autor material de la acción de arrojar o dejar caer, el art. 1910 CC imputa responsabilidad al titular del inmueble desde el que caen o se arrojan las cosas tanto por hecho propio como por hecho ajeno, inclusive los hechos dañosos cometidos por personas de las que dicho titular no está legalmente obligado a responder.

   Ahora bien, cuando se trata de un hecho ilícito causado por un tercero del que el titular no debía responder, como sucedió en el caso enjuiciado, en que un cliente del establecimiento rompió violenta e inopinadamente el cristal de la puerta de acceso al mismo, para que exista el nexo causal que justifique la responsabilidad del titular del establecimiento debería tratarse de un supuesto previsible e incluido en su esfera de control. Es cierto que en los establecimientos abiertos al público existe un derecho de admisión y un deber de controlar lo que pasa en el local, pero el caso enjuiciado excede del posible control que el titular del negocio pudiera ejercer sobre quien decidió romper el cristal, sin que dicho titular pudiera tener ninguna capacidad de reacción (llamar a la policía ante un altercado, expulsar a quien se ve que va a causar un daño, etc.).

   Ni siquiera cohonestando esta responsabilidad con las previsiones del art. 147 TRLCU, en el que se basó coordinadamente con el art. 1910 CC la pretensión ejercitada en la demanda, puede hacerse responsable al titular del establecimiento público de la actuación imprevisible de un tercero. Y esta situación es la que hace diferente este caso de otros en los que la sala sí apreció responsabilidad, como el enjuiciado en la sentencia 526/2001, de 21 de mayo, por cuanto en ese caso el titular del establecimiento sí que pudo ejercer su capacidad de control no permitiendo que hubiera vasos usados sin recoger; o la sentencia 535/1989, de 5 de julio, en la que precisamente la razón decisoria de la condena fue que el arrendatario tenía el dominio de lo sucedido.

6. - En conclusión, por más que, como regla general, el art. 1910 CC esté previsto para proteger a las víctimas y convierta al cabeza de familia (aquí, titular del establecimiento) en una especie de garante de los daños antijurídicamente ocasionados por el tercero, no puede ampliarse dicha responsabilidad a casos como el presente en que el titular carecía completamente de cualquier capacidad de dirección o control sobre lo sucedido. A cuyo efecto debe tenerse presente que, conforme a lo declarado probado en la instancia, la causa del siniestro no fue que el cristal fuera inadecuado o un defecto de mantenimiento de la puerta, sino su rotura por la actuación inopinada y violenta de una tercera persona no demandada.

   Esta conclusión no queda afectada por el hecho de que el cristal que rompió el tercero no reuniera determinadas características técnicas, porque, en primer lugar, la normativa invocada por el demandante es posterior a la licencia de apertura del establecimiento; y en segundo lugar, porque conforme a la base fáctica fijada en la instancia, incólume en casación, la norma técnica en cuestión únicamente recoge una clasificación de vidrios en cuanto al riesgo de corte del usuario, sin que conste que el instalado en el local fuera inadecuado para su función.

7. - Como consecuencia de lo expuesto, los dos primeros motivos de casación deben ser desestimados.

Tercer motivo de casación. Responsabilidad por culpa

Planteamiento:

1. - El tercer motivo de casación denuncia la infracción del art. 1902 CC, en relación las sentencias de esta sala de 19 de diciembre de 1992 y 24 de enero de 2002.

2. - En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la jurisprudencia de la sala ha tendido a objetivar la responsabilidad extracontractual y que en este caso que el bar cumpliera con la normativa reglamentaria para su apertura no justifica la negligencia de no tener instalado en la puerta un cristal antirrotura, que no se hubiera astillado al ser golpeado.

   Decisión de la Sala:

1. - La jurisprudencia más reciente de esta sala sobre responsabilidad civil (entre otras muchas, sentencias 462/2006, de 10 de mayo; 645/2007, de 30 de mayo; 1070/2007, de 16 de octubre; 788/2008, de 24 de julio; 791/2008, de 28 de julio; 1200/2008, de 16 de diciembre; 149/2010, de 25 de marzo; 385/2011, de 31 de mayo; 979/2011, de 27 de diciembre; 816/2011, de 6 de febrero de 2012; 566/2015, de 23 de octubre; 639/2015, de 3 de diciembre; y 185/2016, de 18 de marzo) puede resumirse en los siguientes aspectos:

   (i) La creación de un riesgo, del que el resultado dañoso sea realización, no es elemento suficiente para imponer responsabilidad (objetiva o por riesgo), ni siquiera cuando la actividad generadora del riesgo sea fuente de lucro o beneficio para quien la desempeña. Se requiere, además, la concurrencia del elemento de la culpa (responsabilidad subjetiva), que sigue siendo básico en nuestro Derecho positivo a tenor de lo preceptuado en el art. 1902 CC, que no admite otras excepciones que aquellas que se hallen previstas en la Ley. El mero hecho de que se haya producido el resultado dañoso, realización del riesgo creado, no puede considerarse prueba de la culpa -demostración de que "faltaba algo por prevenir"-, puesto que ello equivaldría a establecer una responsabilidad objetiva o por el resultado, que no tiene encaje en el mencionado art. 1902 CC.

   (ii) La apreciación de la culpa es una valoración jurídica resultante de una comparación entre el comportamiento causante del daño y el requerido por el ordenamiento. Constituye culpa un comportamiento que no es conforme a los cánones o estándares de pericia y diligencia exigibles según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El mero cumplimiento de las normas reglamentarias de cuidado no excluye, por sí solo, el denominado "reproche culpabilístico".

   (iii) El riesgo no es un concepto unitario, sino graduable, que puede presentarse con diversa entidad; y ello tiene relevancia para la ponderación del nivel de diligencia requerido. No cabe considerar exigible una pericia extrema y una diligencia exquisita, cuando sea normal el riesgo creado por la conducta causante del daño. La creación de un riesgo superior al normal -el desempeño de una actividad peligrosa- reclama, empero, una elevación proporcionada de los estándares de pericia y diligencia. La falta de adopción o "agotamiento" de las más exigentes medidas de cuidado en su caso requeridas justifica atribuir responsabilidad (por culpa o subjetiva) por los resultados dañosos que sean realización del mayor riesgo así creado: que sean objetivamente imputables a esa culpa en el desempeño de la actividad peligrosa.

   (iv) El carácter anormalmente peligroso de la actividad causante del daño -el que la misma genere un riesgo extraordinario de causar daño a otro- puede justificar la imposición, a quien la desempeña, de la carga de probar su falta de culpa; mientras que para las actividades que no quepa calificar de anormalmente peligrosas, regirán las normas generales del art. 217 LEC. Del tenor del art. 1902 CC, en relación con el art. 217.2 LEC, se desprende que corresponde al dañado demandante la carga de la prueba de la culpa del causante del daño demandado. No será así, cuando "una disposición legal expresa" ( art. 217.6 LEC) imponga al demandado la carga de probar que hizo cuanto le era exigible para prevenir el daño; o cuando tal inversión de la carga de la prueba venga reclamada por los principios de "disponibilidad y facilidad probatoria" a los que se refiere el art. 217.7 LEC.

   (v) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 386 LEC, el tribunal podrá imputar a la culpa del demandado el resultado dañoso acaecido, cuando, por las especiales características de éste y conforme a una máxima de la experiencia, pertenezca a una categoría de resultados que típicamente se produzcan (sean realización de un riesgo creado) por impericia o negligencia, y no proporcione el demandado al tribunal una explicación causal de ese resultado dañoso que, como excepción a aquella máxima, excluya la culpa por su parte.

2. - En la sentencia 185/2016, de 18 de marzo, en un supuesto de daño producido en un establecimiento abierto al público (corte en un pie por unos cristales esparcidos en el suelo de una discoteca), al interpretar conjuntamente el art. 1902 CC y el art. 147 TRLCU, afirmamos que en los establecimientos públicos dedicados a hostelería y espectáculos resulta exigible que el riesgo propio de la actividad se reduzca mediante medidas específicamente dirigidas al efecto: a falta de normas reglamentarias que las precisen, aquellas cuyo coste de adopción no supere claramente el beneficio que, para el público asistente, comporte la correlativa disminución de los resultados lesivos de que se trata. Así como que deberá ponderarse si el evento dañoso acaecido evidencia, o no, un defecto -un déficit de la seguridad que legítimamente cabía esperar- del servicio prestado. Y si dicho evento tiene lugar dentro de un ámbito que se halle bajo el control del empresario prestador del servicio; que es quien cuenta con la información sobre las medidas de cuidado exigibles, y en su caso adoptadas, a fin de reducir el riesgo.

3. - Pues bien, conforme a estos parámetros y entroncando con lo expuesto al resolver los dos motivos precedentes, no cabe considerar que concurran los requisitos para poder atribuir al demandado -titular del establecimiento- la responsabilidad civil prevista en el art. 1902 CC, puesto que la rotura repentina y violenta por un tercero de la puerta de acceso al local no tiene relación con la naturaleza y desempeño normal del servicio prestado; ni dicha actuación tuvo lugar en la esfera de control del empresario; ni cabe, en suma, apreciar relación de causalidad entre la acción u omisión del demandado, en cuanto que titular del establecimiento, y el daño sufrido por el demandante.

4. - Por lo que el tercer motivo de casación también debe ser desestimado.

Costas y depósitos

1. - Al haberse desestimado el recurso de casación deben imponerse al recurrente las costas causadas por el mismo, según previene el art. 398.1 LEC.

2. - Asimismo, debe ordenarse la pérdida del depósito constituido para su formulación, de conformidad con la disposición adicional 15ª , apartado 9, LOPJ.