STS, 13 de Febrero de 1988
| Ponente | RAFAEL DE MENDIZABAL ALLENDE |
| ECLI | ES:TS:1988:15147 |
| Fecha de Resolución | 13 de Febrero de 1988 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 104.-Sentencia de 13 febrero de 1988
PONENTE: Excmo. Sr. D. Rafael de Mendizábal Allende.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Tasas y exacciones parafiscales. Tasas sobre juego de suerte, envite o azar. Máquinas
tipo B. Complementaria.
NORMAS APLICADAS: Ley 5/1983 de 29 de junio .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de junio de 1987; sentencia del
Tribunal Constitucional 126/1987 del 16 de julio, sentencia del Tribunal Supremo del 26 de mayo de
1987.
DOCTRINA: Se estima por el sujeto pasivo que el gravamen complementario a dicha tasa
establecida en la Ley 5/1983, de 29 de junio , es inconstitucional, cuestión ajena a éste Tribunal por
aplicación de los artículos 106 Constitución española; 1.° de la Ley Reguladora del 27 de diciembre de 1956 y 24.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 6/1985 de 1 de julio .
En la villa de Madrid, a trece de febrero de mil novecientos ochenta y ocho
En recurso contencioso administrativo que en grado de apelación pende ante la Sala interpuesto por don Luis Enrique , representado por el Procurador don Celso de la Cruz Ortega y bajo dirección Letrada, contra sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid con fecha 21 de enero de 1985, siendo parte apelada la Administración representada y defendida por el Letrado del Estado; sobre tasa fiscal sobre juegos de suerte.
Antecedentes de hecho
Don Luis Enrique , titular de la Empresa Operadora de máquinas recreativas número 4.660, habiendo ejercido su actividad en 1983, satisfizo por tasa de juego, por explotación de nueve máquinas de tipo "B», 40.000 pesetas por cada una. En 30 de junio de 1983 se publica en el "Boletín Oficial del Estado» la Ley 5/1983, de 29 de junio , que establece un gravamen complementario a dicha tasa y es considerada por el recurrente como gravemente injusta e inconstitucional, por lo que antes del 25 de octubre de 1983 dirige escrito a la Delegación de Hacienda de Valladolid, para que la propia Administración formulara la liquidación correspondiente. Realizada ésta, se interpone recurso ante el Tribunal Económico Administrativo de Valladolid, desestimado con fecha 27 de febrero de 1984 declarándolo inadmisible.
Contra dicha resolución se interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, por la representación procesal de don Luis Enrique , en el que seguido por sus trámites legales, recayó sentencia con fecha 21 de enero de 1985 cuya parte dispositiva dice así: "Fallamos: Que desestimando la pretensión deducida por la representación procesal de don Luis Enrique , contra la Administración General del Estado, declaramos que tanto la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Provincial de Valladolid que resolvió la reclamación número NUM000 , como las liquidaciones por el gravamen complementario de 1983 de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar giradas contra el actor y a que aquella se refería son ajustadas al ordenamiento jurídico, y consecuentemente, no ha lugar al reembolso solicitado; sin hacer especial condena de las costas de este proceso.»
Contra dicha sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron su correspondiente escrito de alegaciones, señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 10 de febrero de 1988, en cuya fecha tuvo lugar.
Siendo Ponente el excelentísimo señor don Rafael de Mendizábal Allende, Presidente de la Sala.
Fundamentos de Derecho
El fundamento único de las pretensiones que constituyen el objeto del actual proceso, uno más de los muchos sobre el mismo tema y con idéntico esquema discursivo (véanse nuestras sentencias de 15, 16 y 19 del pasado mes de enero), consiste en la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 5/1983 de 29 de junio , sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria en relación con la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar practicados mediante máquinas o aparatos automáticos (en este caso tipo B). Tan desafortunado esquema, como calificábamos a otro similar en nuestra sentencia de 25 de junio de 1987 , olvida o desconoce que el ámbito propio del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según la cláusula general configurada en el artículo 106 de la Constitución, comprende el control de "la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa». Tal configuración no es sino trasunto de la norma que, un cuarto de siglo atrás, acotaba el espacio reservado a lo contencioso-administrativo en función de su objeto, los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo y las disposiciones de categoría inferior a la Ley (artículo 1, Ley Reguladora de 27 de diciembre de 1956 ). En el mismo sentido se pronuncia el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio , para delimitar el ámbito territorial, pero también material u objetivo, de este orden jurisdiccional.
Es obvio, por tanto, que de tal ámbito, así definido, se excluyen las normas emanadas de los Cuerpos Colegisladores, Congreso y Senado, como órganos donde se residencian constitucionalmente la soberanía popular y el Poder legislativo. Aquéllas sólo pueden ser impugnadas en función de su eventual inconstitucionalidad (como aquí se hace) pero ante el Tribunal "ad hoc» (artículo 161 de la Constitución), cuyo enjuiciamiento es el único sector jurisdiccional desgajado del común tronco judicial y al margen de la autoridad de este Tribunal Supremo (artículo 123 ). En definitiva, si el fundamento exclusivo de las pretensiones que se vienen ejercitando no es otro sino el ya reseñado, resulta evidente que el actual proceso carece de objeto.
Ahora bien, el tema principal y sus variaciones han sido analizadas y resueltas por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 26/1987, de 16 de julio , que en sus líneas maestras coincide con la argumentación contenida en las decisiones muy numerosas de la Audiencia Territorial de Valladolid dos años antes. En una síntesis casi auténtica, extraída de la publicación oficial, se nos dice que la Ley 5/1983, de 29 de junio (medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria) es compleja, y contiene normas relativas a las operaciones financieras del sector público, otras sobre la contratación y no pocas de naturaleza tributaria. La circunstancia de que algunas de ellas, especialmente las primeramente mencionadas, tengan un contenido sustantivamente presupuestario no convierte a dicha Ley en una Ley de Presupuestos en la acepción que ofrece el artículo 134 de la Constitución en todos sus párrafos. Esta es la que, como núcleo fundamental, contiene los Presupuestos Generales del Estado, así como la declaración de voluntad política en que consiste su aprobación. Es habitual, por otra parte, que dentro de esa Ley en sentido más formal que material, se incluyan preceptos que sin ser estrictamente presupuestarios, incidan en la regulación de los ingresos y gastos del sector público o la condicionen. Tal inclusión sólo puede efectuarse dentro de ciertos limites y por otra parte carece de eficacia para desvirtuar el contenido primordial que caracteriza a dicha Ley, ni finalmente tales materias han de formar parte de ella necesariamente y pueden ser reguladas por Ley Ordinaria.
El principio de legalidad que recoge el artículo 31 del la Constitución acota, a la vez, un ámbitoreservado a la Ley en sentido estricto, a cuyas exigencias se acomoda plenamente la que ahora nos ocupa, reseñada al principio de este discurso. En efecto, para observar la exigencia a la cual se reconduce la "reserva de Ley», no es necesario que ésta tenga rango y talante orgánico o "especial» para el establecimiento de tributos ni que exista una previa delegación o habilitación de otra con tales características para ellos. Es suficiente una Ley ordinaria.
En nuestra sentencia de 28 de mayo de 1987 explicábamos que la sedicente tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, creadas por el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero , que legalizó los juegos de suerte, envite o azar contiene en su artículo 3 la íntegra estructura de esta figura tributaria, como exigía la Ley Reguladora de estos tributos que lleva fecha 26 de diciembre de 1958, dentro también del ámbito de Ja reserva legal con un arraigo multisecular. En tal aspecto, el hecho imponible, según se define allí, aparece constituido por la "autorización, celebración u organización» de aquellos juegos y, en consecuencia, ese talante permanente y continuo, sin la equivalente y simétrica prestación de un servicio o la realización de una actividad por la Administración, le separa del concepto estricto de tasa, como contraprestación, para aproximarlo a una exacción más parecida a un impuesto (artículo 26.2 de la Ley General Tributaria ).
En tal línea argumental o discursiva el Tribunal Constitucional distingue los hechos imponibles instantáneos, cuyo devengo coincide con la existencia del elemento material del mismo y los duraderos, donde tal devengo puede situarse al comienzo o al final, según las conveniencias, de un período impositivo legalmente determinado. En la tasa analizada el hecho imponible no se agota en el acto de autorización, sino que comprende también el mantenimiento de la autorización a lo largo del tiempo, con la posibilidad de explotación de las máquinas o aparatos durante el mismo. Ello explica y justifica que en este supuesto las cuotas sean exigibles por años naturales (artículo 1, Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre ) o que se configure con carácter sancionador la suspensión de la autorización administrativa» en los casos de falta de pago o de ocultación de la base imponible (Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, artículo 3, 6 ). Tal tasa, en suma, es un tributo periódico, cuyo hecho imponible no es instantáneo sino duradero o, como decíamos nosotros, permanente y continuo.
El último aspecto de esta constelación de cuestiones tiene como eje la seguridad jurídica contemplada en el artículo 9 de la Constitución en una aceptación no subsumible en el derecho cuya garantía contiene el artículo 17 del mismo texto, donde se recoge una tradición ya de dos siglos con origen en Montesquieu como fundamento teórico y en las Declaraciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 1793 (artículo 8 ) como expresión legislativa. Se trata de la seguridad personal y consiste en la tranquilidad de espíritu producida por la eliminación del miedo, seguridad que a su vez es el soporte de la libertad. Así lo explica nuestra sentencia de 7 de octubre de 1986 y así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional desde la suya de 30 de enero de 1981 hasta la número 126/1987, de 16 de julio, que sirve de respaldo a la presente.
Aun cuando las normas tributarias fueran clasificadas en otras épocas como "odiosas» no pueden ser encuadradas, sin embargo, en ninguno de los tipos que enumera el párrafo 3 del artículo 9 disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, para las cuales predica la irretroactividad más absoluta. Las Leyes fiscales tienen un fundamento autónomo, porque son la consecuencia ineludible del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que para todos los ciudadanos establece el artículo 31 del texto constitucional . En consecuencia, es posible la eficacia retroactiva de las normas tributarias, siempre que no entre en colisión con otros principios constitucionales.
En definitiva, la seguridad jurídica no puede erigirse en valor absoluto, porque ello daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico existente, siendo así que éste, cuya función consiste en regular relaciones de convivencia humana, debe responder a la realidad social de cada día cómo instrumentos de perfeccionamiento y de progreso. La interdicción radical de cualquier tipo de retroactividad entrañaría, pues, consecuencias contrarias a la concepción que fluye precisamente de la misma norma en su párrafo anterior, el segundo, que marca una meta -la autenticidad de la libertad y de la igualdad- a la cual ha de encaminarse la actividad de los poderes públicos, promoviendo las condiciones y removiendo los obstáculos, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, en un planteamiento dinámico vertido al futuro más que al pasado. Por ello, el principio que venimos analizando no puede ser entendido como el derecho al mantenimiento de un determinado régimen fiscal, como por otra parte y desde la perspectiva de las exenciones, había ya advertido el propio Tribunal Constitucional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanado del pueblo español nos confiere la Constitución,
Desestimar la apelación formulada por don Luis Enrique contra la sentencia que el 21 de enero de 1985 dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid , sentencia cuyos pronunciamientos confirmamos íntegramente sin hacer ninguno respecto del pago de las costas procesales en esta segunda instancia.
ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Rafael de Mendizábal Allende.-José Luis Martín.-José María Ruiz Jarabo.-Emilio Pujalte.-Julio Fernández.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado-Ponente excelentísimo señor don Rafael de Mendizábal Allende, celebrando audiencia pública en el día de hoy la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico. Madrid, a 13 de febrero de 1988.
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STSJ Castilla y León 183/2007, 1 de Febrero de 2007
...jurisprudencia reiterada, que define el marco jurídico del debate contradictorio de la apelación (por todas, las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1988, 30 de octubre de 1990, 2 de marzo de 1993 y 3 de noviembre de 1995 ), el recurso de este tipo no está concebido como una......