STS 297/1981, 15 de Abril de 1981

JurisdicciónEspaña
Número de resolución297/1981
Fecha15 Abril 1981

SENTENCIA Nº 297

TRIBUNAL SUPREMO - SALA QUINTA

Excmos. Sres.

Presidente:

Don Luis Vacas Medina

Magistrados:

Don Antonio Agúndez Fernández

Don Miguel de Páramo Cánovas

Don Luis Cabrerizo Botija

Don Fernando de Mateo Lage

En Madrid, a quince de abril de mil novecientos ochenta y uno.

En el recurso contencioso-administrativo que, en única instancia pende ante esta Sala, interpuesto por DOÑA Guadalupe , funcionario de Carrera del Cuerpo General Administrativo y Mutualista de la Mutualidad de Previsión de Funcionaríos del Ministerio de Información y Turismo, que comparece y se defiende por sí misma; contra la Administración General del Esta do, defendida y representada por el Abogado del Estado, contra el Real Decreto 3065/1978, de 29 de diciembre , por el que se prorroga el plazo previsto en el Real Decreto 356/1978, hasta el 30 de junio de 1979 .

RESULTANDO

RESULTANDO: Que por Doña Guadalupe , se interpuso el presente recurso contencioso-administrativo, al que se dio trámite, publicándose el preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y reclamándose el expediente, que una vez recibido se puso de manifiesto a la actora para deducir la demanda en el plazo de quince días.

RESULTANDO: Que formalizada la demanda se expusieron como hechos lo siguiente: Que pertenece como asociada a la Mutualidad de Previsión de Funcionarios del Ministerio de Información y Turismo, habiéndose acordado la integración de la misma en la de Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado, lo que se notificó a MUFACE en 25 de octubre de 1976, siendo admitida esta integración en 21de junio de 1977, con el derecho a las prestaciones incluidas en el artículo 5º de su Reglamento de 30 de junio de 1967 salvo las prestaciones sanitarias y los auxilios por nupcialidad y natalidad, y quedando fijada la cuota en el 7 por 100 del sueldo regulador; con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 22/1977 y Ley 1/1978 , la Mutualidad modifica las bases de cotización; el Decreto 3065/78 , lesiona los derechos de la recurrente, al fijar las nuevas bases de cotización y congelar la cuantía de las prestaciones, y no sido las de los mutualistas que devengan una determinada prestación. Citó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando se dicte sentencia por la que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 3065/78, de 29 de diciembre , se declare la nulidad de dicho Real Decreto, por haber sido dictada sin el cumplimiento del preceptivo dictamen del Consejo de Estado y, subsidiariamente, se derogue y quede sin efecto su artículo 2º que vulnera retroactivamente derechos subjetivos adquiridos por la recurrente y por todos los asociados a la Mutualidad de Previsión de Funcionarios del Ministerio de Información y Turismo y que arbitraria e injustificadamente ha congelado la actualización periódica de la base o sueldo regulador a efectos del devengo de pensiones y demás prestaciones reconocidas por el Reglamento de dicha Mutualidad, cuya actualización periódica debe ser reconocida y expresamente declarada por esa Sala.

RESULTANDO: Que el Abogado del Estado contestó a la demanda, remitiéndose en los hechos del expediente administrativo, en especial a la disposición impugnada, citando los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando se dicte sentencia que declare la inadmisibilidad del recurso o en su defecto lo desestime confirmando el Decreto impugnado por estar plenamente ajustado a Derecho.

RESULTANDO: Que por providencia de dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y uno, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día ocho de abril de dicho año, a las diez y media de su mañana, en cuyo día y hora tuvo lugar tal diligencia.

RESULTANDO: Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTO: Siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado Don Miguel de Páramo Cánovas.

VISTOS: Los preceptos citados por las partes y demás aplicables al caso.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO: Que alegada por el representante de la Administración la inadmisibilidad del recurso, dado su carácter preclusivo habrá de examinarse en primer término, ya que de ser apreciada impediría entrar a conocer del fondo del asunto; y de su estudio aparece que el presente recurso contencioso-administrativo es idéntico a otros ya presentados ante esta Sala por diversos funcionarios, contra el artículo 2º del Real Decreto número 3065/1978, de 29 de diciembre , y que han sido resueltos, a partir de la sentencia de 28 de marzo de 1980 en el sentido de declarar tal inadmisibilidad, fundada en la falta de legitimación del accionante, conforme a lo dispuesto en el artículo 82-b) en relación con el 39.3, ambos de la Ley/ Jurisdiccional , y conforme se razonaba en la referida Sentencia de 28 de marzo de 1980 y las que en ella se citan, porque la disposición impugnada es de carácter general sólo impugnable directamente por las entidades, Instituciones o Corporaciones de Derecho Publico que actúen defendiendo intereses de carácter general o corporativo;, quedando limitada la legitimación activa de los particulares, para su impugnación directa, única mente a aquellos casos en que hubiera de ser cumplida directamente por los administrados sin necesidad de un acto previo de requerimiento o sujeción individual, y de no concurrir esta específica circunstancia solo puede utilizar -al amparo del párrafo 4º del artículo 39 - el recurso denominado indirecto o deferido a la producción del acto de aplicación individual de aquella disposición de carácter general fundada en no hallarse la misma ajustada a Derecho; y como en el presente caso no concurre tal circunstancia ni se ha esperado al acto de aplicación individual, es claro que falta la legitimación denunciada por el Abogado del Estado determinante de la inadmisibilidad, sin que proceda, por tanto, entrar en el fondo del asunto, y sin hacer expresa imposición de costas al no apreciarse en la conducta procesal de las partes las circunstancias de temeridad o mala fe a que se refiere el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción .

FALLAMOS

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por DOÑA Guadalupe , contra el Real Decreto número 3065/1978, de 29 de diciembre , sin entrar, en consecuencia, en el fondo del asunto, ni hacer expresa imposición de costas.Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente Don Miguel de Páramo Cánovas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha. Certifico.

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