SAN, 1 de Marzo de 2000
| Ponente | MARGARITA ROBLES FERNANDEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2000:1333 |
| Número de Recurso | 0235/1999 |
SENTENCIA
Madrid, a uno de marzo de dos mil.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 8/235/99, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª Cayetana de
Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de Agencia Maritima Sanroma, S.A., frente a la
Administración General del Estado, representada por el Sr. Letrado del Estado, contra Resolución
del Ministerio de Fomento de 12 de Febrero de 1.999 desestimando recurso contra liquidación por
Tarifa T-3, (que después se describirá en el primer fundamento de Derecho), siendo Magistrado
Ponente la Ilma. Sra. Dª MARGARITA ROBLES FERNANDEZ.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado el 3 de Marzo de 1999, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Providencia de fecha 28 de Junio de 1999, con publicación en el B.O.E. del anuncio prevenido por la Ley y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó la demanda, mediante escrito presentado el 28 de Septiembre de 1999, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 15 de Noviembre de 1999, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la inadmisibilidad del presente recurso o, en otro caso, la desestimación del presente recurso.
No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 29 de Febrero de 2.000, en el que se deliberó y voto, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Se interpone recurso contencioso-administrativo contra Resolución del Mnisterior de Fomento de 12 de Febrero de 1999 por la que se inadmite el recurso ordinario interpuesto contra cinco liquidaciones por Trifa T-3 practicadas por la Autoridad Portuaria de Tarragona, por importe total de
16.619.496 ptas.Entiende el recurrente que las referidas liquidaciones, así como la Orden de 30 de Enero de 1996, por la que se aprobaron las Tarifas Portuarias,son nulas de pleno derecho al resultar contrarias al Articulo 31.1 de la Constitucional 185/1995, de 14 de Diciembre, estimando que la Tarifa T-3 tendría carácter de Tasa.
El Abogado del Estado aduce en primer lugar la falta de competencia de la Sala para el conocimiento del recurso y alega que según el articulo 70 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Tarifa T-3 tendria el carácter de precio privado, por lo que cualquier impugnación relativa a las mismas, debería llevarse ante la jurisdicción civil, lo que comportaria la inadmisión del presente recurso. Subsidiariamente añade que la Sentencia citada del Tribunal Constitucional no sería aplicable a la Tarifa a la que venimos refiriéndonos.
Toda vez que es objeto de recurso indirecto una Orden Ministerial, a la qiue posteriormente se hará referencia, reguladora de las Tararifas T-3 debe declararse la competencia de esta Sala (Articulos, 11, 13 y 27 de la ley jurisdiccional) debe procederse a continuación a examinar la naturaleza jurídica de la denominada Tarifa T-3, antigua G-3, a la luz de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional nº 185/1995, de 14 de Diciembre, tras la cual el artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de Abril de Tasas y Precios Públicos, queda redactado de la forma siguiente:
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Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por:
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(...)
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(...)
La prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público cuando concurran (...) las circunstancias siguientes:
- Que los servicios o las actividades no sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados.
- Que los servicios o...
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STS, 29 de Septiembre de 2005
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