SAP Cáceres 230/2006, 23 de Mayo de 2006
| Ponente | ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO |
| ECLI | ES:APCC:2006:398 |
| Número de Recurso | 256/2006 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 230/2006 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Cáceres, Sección 1ª |
SENTENCIA NÚM. 230/06
Ilmos. Sres.
PRESIDENTE: =
DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA =
MAGISTRADOS: =
DON SALVADOR CASTAÑEDA BOCANEGRA =
DON ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO =
------------------------------------------------------------------------ =
Rollo de Apelación núm. 256/06 =
Autos núm. 338/05 =
Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Trujillo =
================================== =
En la Ciudad de Cáceres a veintitrés de mayo de dos mil seis.
Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principioreferenciado, dimanante de los autos de Juicio Verbal núm. 338/05, del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Trijillo sobre remoción del cargo de Tutora Judicial del incapaz D. Luis Alberto , siendo parte apelante, el demandante, DON Adolfo representado en la primera instancia por el Procurador de los Tribunales Sr. Sánchez Álvarez y en esta alzada por la Proc. Sra. Bueso Sánchez, y defendido por la Letrada Sra. Herrero Pedrero; y como parte apelada, la demandada DOÑA María Inés representada en la primera instancia por la Procuradora de los Tribunales Sra. Morano Masa y en esta alzada por la Procuradora Sra. Simón Acosta; y defendida por el Letrado Sr. Sánchez Cortés; habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL.
Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Trujillo, en los autos de Juicio Verbal núm. 338/05, con fecha 1 de febrero de 2005, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que DESESTIMO la demanda de remoción de la tutela interpuesta por el Procurador D. José María Sánchez Álvarez en nombre y representación de D. Adolfo frente a Dª María Inés representada por la Procuradora Dª Isabel Morano Masa. Con expresa imposición de costas procesales a la parte actora. Así por esta mi sentencia..."
Frente a la anterior resolución y por la parte demandante se solicitó la preparación del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Admitido que fue la preparación del recurso por el Juzgado, se emplazó a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artº 457,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por término veinte días para la formalización del recurso de apelación conforme a las normas prevenidas en los arts. 458 y ss. de la misma Ley procesal .
Formalizado, en tiempo y forma, el recurso de apelación por la representación de la parte demandante, se tuvo por interpuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.
Presentado escrito de oposición al recurso por la representación del apelado y emplazadas las partes para ante este Tribunal según dispone el artículo 463.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reformado por la Disposición Final 3ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio , Concursal; el Juzgado de instancia remitió los autos originales a esta Audiencia Provincial, incoándose el correspondiente Rollo de Sala, liquidándose el término del emplazamiento y turnándose de ponencia.
Personada la parte apelante y la parte apelada, no así el Ministerio Fiscal, y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de las mismas, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para DELIBERACIÓN Y FALLO el día 22 de mayo de 2006 quedando los autos para dictar sentencia en el plazo marcado en el artº 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO.
Frente a la Sentencia de fecha 1 de Febrero de 2.006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de Trujillo en los autos de Juicio Verbal seguidos con el número 338/2.005 , conforme a la cual se desestima la Demanda de remoción de la tutela interpuesta por D. Adolfo contra Dª. María Inés , con imposición de las costas procesales a la parte actora, se alza la parte apelante -demandante, D. Adolfo - alegando, básicamente y en esencia, como único motivo del Recurso, error en la valoración de la prueba testifical practicada en el Procedimiento. En sentido inverso, al parte apelada -demandada, Dª. María Inés - se ha opuesto al Recurso de Apelación interpuesto, interesando la confirmación de la Sentencia recurrida.
Centrado el Recurso en los términos que, de manera sucinta, han quedado expuestos en el Fundamento Jurídico anterior y, examinadas las alegaciones que lo conforman, el único motivo en el que aquél se sustenta denuncia -como se acaba de anticipar- el supuesto error en la valoración de las pruebas (específicamente, de la testifical practicada en el Procedimiento) en el que habría incurrido elJuzgado a quo y que habría conducido a la decisión adoptada en la Sentencia recurrida, por la que se desestima la Demanda y, en consecuencia, la acción ejercitada en la misma de remoción del cargo de tutor. Respecto del indicado motivo, este Tribunal viene estableciendo, de forma constante y en términos generales, que la circunstancia de que, entre las partes contendientes, existan posturas contrapuestas o contradictoras en orden a la cuestión litigiosa que, en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable para que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que, si la prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Ciertamente, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero , la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el Organo Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, mas no debe olvidarse que la actividad valorativa del Organo Jurisdiccional se configura como esencialmente objetiva, lo que no sucede con la de las partes que, por lo general y hasta con una cierta lógica, aparece con tintes parciales y subjetivos.
En realidad y, con el máximo rigor, toda la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae, en todas sus vertientes, el único motivo del Recurso constituye una problemática que afecta única y exclusivamente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que, en sus apartados 2 y 3 , establece...
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