ATS, 16 de Enero de 2014
| Ponente | JORGE RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2014:1046A |
| Número de Recurso | 2339/2013 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 16 de Enero de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Enero de dos mil catorce.
PRIMERO .- Por el Letrado de la Junta de Andalucía, en la representación que le es propia, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 20 de mayo 2013 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el recurso nº 2180/2006 , sobre pruebas selectivas.
SEGUNDO .- En virtud de providencia de fecha 21 de octubre de 2013, se dio traslado a las partes, por plazo de diez días, para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso siguiente: manifiesta improsperabilidad del único motivo articulado en el recurso de casación, pues la sentencia aquí cuestionada no desconoce la discrecionalidad técnica del tribunal calificador ni infringe el principio de igualdad en el acceso a la función pública, sino que asegura la correcta interpretación de las bases de la convocatoria, la cual no es tarea que corresponda a la discrecionalidad técnica de la Administración, sino propia de los tribunales de justicia, que tienen atribuido el control de la legalidad de la actuación administrativa; cuestión esta sobre la que existe una consolidada jurisprudencia de este Tribunal [ artículo 93.2.d) LRJCA y, por todas, Sentencias de 29 de octubre de 2012 y 8 de abril de 2013 , recursos de casación nº 3721/2011 y nº 4016/2011 ]; trámite que ha sido evacuado por las partes personadas.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez, Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La sentencia recurrida en casación estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Leocadia contra la Orden de 20 de noviembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la Resolución de 10 de abril de 2006, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados para el ingreso en el Cuerpo facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, en Instituciones de la Junta de Andalucía.
La Sala de instancia anula la referida resolución a los efectos de que se reconozca el derecho de la actora a que se le valoren como servicios homólogos a los propios del Cuerpo al que aspira los prestados en la Universidad de Córdoba, así como a que se le reconozca la puntuación derivada de la consideración como curso organizado por una Administración Pública el denominado "Fruticultura Tropical", impartido por la Consejería de Agricultura, así como a que se le valoren como cursos organizados por entidades privadas los impartidos por el sindicato CSI-CSIF.
SEGUNDO .- La causa de inadmisión del recurso apreciada por esta Sala en la citada providencia de 21 de octubre de 2013, ponía de manifiesto, en relación con el único motivo del escrito de interposición del recurso de casación, la improsperabilidad de la pretensión por manifiesta carencia de fundamento. A tal efecto, hemos de reiterarnos en la inadmisión de dicho motivo por las razones que seguidamente se expresan.
Dicho motivo casacional está articulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LJCA , y en su argumentación se plantea la infracción del artículo 19 de la Ley 30/1984 y del artículo 23.2 de la Constitución relativo al principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que, a juicio de la Administración recurrente, el Tribunal sentenciador sustituyó a la Comisión de Valoración al valorar como homólogo del trabajo desarrollado por la recurrente en la instancia en la Universidad de Córdoba, así como al valorar unos cursos que no están relacionados con el temario.
Es claro, en consecuencia, que la cuestión a dilucidar es si la revisión efectuada por la sentencia de la que efectuó la Comisión de Valoración del concurso invade el ámbito de la discrecionalidad técnica de ésta, o se trata de un juicio estrictamente jurídico del órgano jurisdiccional, referido a la adecuación de la evaluación de la Comisión a las bases del concurso.
Pues bien, sobre este particular nos hemos pronunciado de forma reiterada, debiendo señalar de nuevo que la sentencia se limita a analizar la motivación del juicio de la Comisión para no evaluar los cuestionados méritos; y eso es algo que, conforme a esa misma jurisprudencia, no es componente del núcleo técnico inaccesible al examen jurídico, sino que es propio del control jurisdiccional, como hemos puesto de manifiesto, entre otras muchas, en las sentencias de esta Sala de 29 de octubre de 2012 (recurso de casación nº 3721/2011 ) y 25 de febrero de 2013 (recurso de casación nº 6099/2011 ).
El razonamiento de la sentencia sobre el particular no ha sido objeto, cual sería preciso, de una crítica individualizada que, en su caso, evidenciase su error, sino que el recurso en realidad se limita a oponer al de la sentencia el propio criterio de defensa de la evaluación negativa del curso en cuestión, y a insistir en que la sentencia no puede revisar esa valoración, razón por la cual no concurren las infracciones que se le imputan en el único motivo casacional, que debe inadmitirse por improsperabilidad de la pretensión y manifiesta falta de fundamento, al amparo del art. 93.2.d) de la LRJCA .
A lo anterior no obstan las alegaciones efectuadas por la Administración recurrente en el trámite de audiencia, en las que se limita a reiterar de forma más resumida los argumentos deducidos en la demanda, ya que no desvirtúan cuanto acaba de decirse y son incompatibles con la doctrina expuesta.
TERCERO .- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139.3 de la citada Ley , fija en 1.000 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.
En su virtud,
Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Junta de Andalucía contra la sentencia de 20 de mayo 2013 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el recurso nº 2180/2006 ; resolución que se declara firme, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos la de 1.000 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
