STSJ Murcia 499/2013, 17 de Junio de 2013
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 499/2013 |
| Fecha | 17 Junio 2013 |
T.S.J.MURCIA SALA 2 CON/ADMURCIA SENTENCIA: 00499/2013
RECURSO núm. 485/09
SENTENCIA núm. 499/13
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA
compuesta por
D. Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
Dª. Leonor Alonso Díaz Marta
D. Joaquín Moreno Grau
Magistrados
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº. 499/13
En Murcia, a diecisiete de junio de dos mil trece.
En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº. 485/09, tramitado por las normas ordinarias, en cuantía de 63.447,39 euros y referido a: Impuesto sobre el Patrimonio.
Parte demandante:
D. Jose Manuel, representado por el Procurador D. Manuel Sevilla Flores y dirigida por el Abogado
D. Juan M. Orenes Barquero.
Parte demandada:
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado.
Parte codemandada:
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, representada y defendida por un Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Acto administrativo impugnado:
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 27 de febrero de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa número NUM000, presentada contra la resolución del Servicio de Inspección y Valoración Tributaria de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que conforma la base imponible propuesta en el acta de disconformidad A02 NUM001 y practica liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2003 y 2004, determinando una deuda a ingresad de 63.447,39 euros.
Pretensión deducida en la demanda:
Que se dicte en su día sentencia por la que se estime el recurso, acordando la anulación del acto administrativo recurrido.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Abel Ángel Sáez Doménech, quien expresa el parecer de la Sala.
El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 21 de julio de 2009, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
Las partes demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
Ha habido recibimiento del proceso a prueba con el resultado que consta en autos y cuya valoración se hará en los fundamentos jurídicos de la presente resolución.
Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 7 de junio de 2013.
Dirige la actora el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 27 de febrero de 2009 que desestima la reclamación económico-administrativa número NUM000, presentada contra la resolución del Servicio de Inspección y Valoración Tributaria de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que confirma la base imponible propuesta en el acta de disconformidad A02 NUM001 y practica liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2003 y 2004, determinando una deuda a ingresar de 63.447,39 euros.
El actor alegó en vía económico administrativa que la sociedad de responsabilidad limitada no podía ser calificada como sociedad patrimonial ya que desde su constitución se dedicó al arrendamiento de maquinaria, estando de alta en el epígrafe del IAE 859, dándose los requisitos establecidos en el art. 25.2 de la Ley 40/1998 reguladora del IRPF para que el arrendamiento pudiera ser considerado como una actividad económica, ya que contaba con un local destinado a su gestión (aportó el contrato de arrendamiento del mismo) y con un trabajador contratado con contrato laboral a jornada completa para la ordenación de dicha actividad (aporta el contrato de trabajo).
El Tribunal Económico Administrativo cita en primer lugar la normativa que estima aplicable consistente en el art. 4. Ocho. Dos de la Ley 19/1991 de 6 de junio, reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio, redactado por el art. 3 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, que declara exentas las participaciones en las entidades siempre que concurran una serie de requisitos, señalando que dicho aportado fue modificado con efectos del 1-1-2004 por el art. 4 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que extiende la exención al derecho de usufructo vitalicio sobre dichas participaciones. Asimismo cita el art. 77 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, que regula el régimen de transparencia, definiendo a la sociedades transparentes en el apartado 1 letra a), como las de mera tenencia de bienes, circunstancia que se da cuando más de la mitad del activo no esté afecto a actividades empresariales, tal y como señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en concreto el art. 25.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que señala que el arrendamiento solamente es actividad económica cuando concurran las siguientes circunstancias: que cuente al menos con un local donde se lleve a cabo su gestión y que cuente con una persona empleada mediante un contrato laboral.
Seguidamente dice que en este caso la sociedad ANTONIO SÁNCHEZ GARNÉS E HIJOS, S.L., es una sociedad de mera tenencia de bienes ya que la actividad de arrendamiento de bienes no la realiza dicha mercantil sino la COMUNIDAD DE BIENES DIRECCION000, tal y como se desprende del contrato de arrendamiento formalizado en escritura de 10 de septiembre de 1986; así como del hecho de que las liquidaciones de IVA correspondientes a dicho arrendamiento se presentan por...
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