AAP Barcelona 222/2012, 29 de Octubre de 2012
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 222/2012 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 14 (civil) |
| Fecha | 29 Octubre 2012 |
AUTO N. 222/2012
Barcelona, veintinueve de octubre dos mil doce
Audiencia Provincial de Barcelona. Sección Decimocuarta
Magistrados:
Francisco Javier Pereda Gámez (Ponente)
Mª Carmen Vidal Martínez
Maria Dolors Montolio Serra
Marta Font Marquina
Rollo n.:586/2010
Proceso monitorio n. 52/2009
Procedencia: Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell
Objeto del juicio: reclamación del saldo de una póliza de préstamo e intereses moratorios
Resolución impugnada: auto de declaración, de oficio y ab limine litis, de la nulidad parcial de una cláusula de intereses moratorios del 29%, con petición de integración al actor del tipo de interés al 19% mediante nueva liquidación, antes de admitir la demanda a trámite
Motivo del recurso: errónea suspensión de la admisión a trámite de la demanda (infracción de la libertad contractual, indebida aplicación del art.19.4 de la Ley de Crédito al Consumo e indebida declaración de nulidad de oficio y de integración de una cláusula contractual)
Apelante: Banco Español de Crédito, S.A.
Abogado: L. Rupérez Campuzano
Procurador: A. Joaniquet Tamburini
Demandado: Jose Pedro
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RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA
El Banco actor presentó, el día 8 de enero de 2009, demanda de juicio monitorio en reclamación de
29.381,95 euros, intereses convencionales (en los Fundamentos de Derecho de la demanda cita los arts. 1101 y 1108 C.c . y 576 LEC ) y costas. Relata que el demandado suscribió una póliza de préstamo el 28 de mayo de 2008 ( sic, realmente, 2007) por importe de 30.000 euros y vencimiento 5 de junio de 2014, que se ha dado por vencida anticipadamente al no cumplirse las amortizaciones periódicas convenidas. Acompaña copia de la póliza, en la que consta que la finalidad del préstamo es la adquisición de un vehículo para "atender las necesidades de la comunidad económica" (de un matrimonio o de una relación de pareja estable), el interés retributivo se fija en el 7,950%, el TAE es del 8,890% y, sin embargo, el interés de demora es del 29% (f.7 y 11). La actora une a la demanda una liquidación por importe de 29.381,95 euros (f.21 y 22) en la que consta que el demandado ha impagado parte de la cuota del mes de marzo y las cuotas de abril a septiembre del año 2008 (7 cuotas en total) y el Banco aplica a las cuotas impagadas el 29% de intereses de demora, acumulado (sumado) al interés retributivo del 7,950% (interés que se liquida por meses anticipados), a lo que suma el capital pendiente. También acompaña documento fehaciente (notarial) de 2 de octubre de 2008 de conformidad con el art. 218 del Reglamento notarial (sic, f. 19), en el que dice el fedatario que a su juicio la liquidación se ha practicado conforme a lo pactado por las partes.
Inadmitida la demanda en un primer momento, por auto de 27 de enero de 2009, por entender la juez que el título acompañado era propio de ejecución de un título no jurisdiccional y no de un juicio monitorio, la Sección 11ª de esta Audiencia Provincial, por auto de 3 de noviembre de 2009, revocó la inadmisión y ordenó tramitar el pleito.
Sin solución de continuidad (no se observa ninguna actuación intermedia), el juez dicta nuevo auto de 21 de enero de 2010, el aquí recurrido, en que declara nula la cláusula contractual que fija el interés moratorio y lo establece en el 19% y requiere a la instante para que aporte nuevo cálculo de intereses para el mismo periodo, sujeto a lo dispuesto en el auto.
En su resolución, el juez califica el contrato como de adhesión (sin posibilidades reales de negociación y con inclusión de condiciones generales impuestas) e invoca los arts. 3.1, 4.1, 6, 7 y 10 bis de la Directiva 93/13/CEE, el art. 10 de la LGDCU 26/1984, de 19 de julio, el art. 8 y D.A. 1.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de Contratación y los art.1, 59, 60, 62, 65, 80, 82 y 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la LGDCU y otras leyes complementarias, con especial referencia al concepto de consumidor, al deber de información pre- contractual, a la nulidad de las cláusulas abusivas y a la integración del contrato (conforme al art. 1258 C.c . y al principio de buena fe objetiva).
Para justificar su argumentación sobre la posibilidad de apreciar de oficio una cláusula abusiva cita jurisprudencia del TJUE (casos Mostaza, Grupo Océano -más conocido como Muciano Quintero- y Cofidis) y recopila los argumentos de dichas sentencias. Dice, en concreto, que la Directiva 93/13/CEE parte de la situación de inferioridad del consumidor en la capacidad de información y negociación y por ello procede la compensación del desequilibrio con la intervención judicial. Añade que dicha jurisprudencia admite la posibilidad de examen de oficio y su efecto disuasorio y apela al efecto no vinculante de las cláusulas abusivas. Invoca los argumentos de las sentencias comunitarias sobre el interés público en que se basa la Directiva y la necesidad de una protección efectiva ante el riesgo de que el consumidor ignore sus derechos, encuentre dificultades para ejercitarlos o los gastos que acarrea su defensa le disuadan de defenderlos.
El juez califica de nula de pleno derecho la cláusula de intereses moratorios, por abusiva, y dice que puede apreciar dicha nulidad de oficio porque todas las normativas analizadas son de naturaleza imperativa. Sostiene que mientras en los procesos declarativos este juicio se puede hacer en sentencia, en el monitorio y en la ejecución de título no judicial solo cabe un pronunciamiento judicial al admitir la demanda o despachar la ejecución.
La resolución trascribe, sin citarla, doctrina de esta Sala sobre la necesidad de suficiencia del título o documento o de las explicaciones sobre el alcance de la deuda en el proceso monitorio (FD 7º) para concluir que la deuda de intereses no es exigible por contradecir la normativa imperativa, acude al carácter orientativo del art. 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo y reitera la abusividad con referencia a los intereses Euroibor y del Banco Central Europeo. Recoge los tipos de interés legal del dinero y legal moratorio en las leyes de presupuestos, de 1990 a 2008 y fija el interés moratorio en el 19% atendiendo a lo dicho y al art. 576 LEC (aunque sin especificación de cómo realiza el cálculo, ni de los porcentajes aplicados).
El juez no aplica el art. 19.4 de la Ley del Crédito al Consumo (no fija el interés de demora en 2,5 veces el interés nominal), sino que transcribe los tipos de interés legal del dinero y legal moratorio en las leyes de presupuestos generales del Estado de los años 1990 a 2008 y fija el interés moratorio en el 19% en un cálculo que sigue un proceso ignoto y arcano, que no responde ni a una media, ni a incrementar en dos puntos ninguno de los intereses manejados (argumento ex. art. 576 LEC ), ni a incrementar hasta 2,5 veces el interés legal del dinero (argumento ex art. 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 marzo, de Crédito al Consumo, ni sobre el interés legal de 2007, ni sobre el de 2008), ni a cálculos conocidos sobre el interés retributivo pactado (interés retributivo del 7,950%, TAE de 8,890%).
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CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN El recurrente mantiene que no es aplicable analógicamente el art. 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo y sí el art. 576 LEC, que remite a los intereses moratorios pactados (en el caso, del 29%). Niega la posibilidad de analizar de oficio la legalidad del interés del 29% ab limine litis y sostiene que debe reservarse el análisis al momento de una eventual oposición del demandado. Invoca el art. 24 CE y el 1255 C.c . y los de interpretación de los contratos.
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TRÁMITES EN APELACIÓN
3.1 No se ha celebrado vista, ni se ha practicado prueba. La deliberación inicial de la Sala se ha iniciado el día 22 de julio de 2010 y ha ocupado sucesivas sesiones. La deliberación final y votación se ha producido el 14 de septiembre de 2012. Esta resolución no se ha dictado en el término previsto en el art. 465.1 LEC debido a causas estructurales, lo que se hace constar a los efectos del art. 211.2 LEC .
3.2 En trance de dictar resolución, se dio dado traslado por 10 días a la parte recurrente, a los efectos de ilustrar al Tribunal sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al amparo del art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .
El recurrente presentó escrito en el que alegaba y reiteraba que existe un pacto entre las partes sobre el 29% de intereses moratorios. Añadía que, a su criterio, no existe contradicción entre los arts. 1255 C.c ., 8b, 29 y del 80 a l89 del RDL 1/2007 y 112, 123, 251 y 331 de la Llei 22/2010 y los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, art. 2 de la Directiva 2009/22/CE y arts. 4 a 6 de la Directiva 2008/48/CE . Concluía que no es posible analizar de oficio y ab limine litis el tipo de interés moratorio pactado e invoca su derecho a la tutela judicial efectiva.
Por auto de 29 de noviembre de 2010, la Sala acordó plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, al amparo del art. 234 del Tratado de la Comunidad Europea, en relación con las siguientes cuestiones:
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¿Es contrario al Derecho comunitario, en especial respecto al Derecho de los consumidores y usuarios, que un órgano judicial nacional eluda pronunciarse de oficio y ab limine litis y en cualquier fase del proceso, sobre la nulidad o no y la integración o no de una cláusula de intereses moratorios (en este caso del 29%), en un contrato de préstamo al consumo? ¿Puede el tribunal optar, sin alterar los Derechos del consumidor de la legislación comunitaria, por deferir el posible análisis de tal cláusula a la iniciativa de la parte deudora (mediante la oportuna oposición procesal)?
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