SAP Burgos 374/2011, 21 de Noviembre de 2011
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 374/2011 |
| Fecha | 21 Noviembre 2011 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
BURGOS
ROLLO DE APELACIÓN NÚM. 178/11.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ARANDA DE DUERO
JUICIO DE FALTAS NÚM. 213/11.
S E N T E N C I A NUM.00374/2011
En Burgos, a veintiuno de Noviembre de dos mil once.
Vista en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por el Ilmo. Sr. Magistrado Don Luis Antonio Carballera Simón, la causa procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranda de Duero (Burgos), seguida por una falta de amenazas, en virtud de recurso de apelación interpuesto por D. Eulogio y Dª. Adela, figurando como partes apeladas, el Ministerio Fiscal y D. Humberto .
Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución dictada en la instancia, expuestos en la sentencia recurrida.
El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia, en fecha 5 de Octubre de 2011, en cuyos antecedentes se declaran probados los siguientes hechos:
PROBADOS.-"Apreciando en conciencia las pruebas practicadas, resulta probado y así se declara, que desde que Humberto compró una cochera que linda con la vivienda de Eulogio y Adela, se han producido altercados entre ambos, destacando un episodio acaecido en fecha 26 de junio de 2011, en el que a la altura del número 20 del camino de La Carrera de Fuentelisendo, la Sra. Adela le dijo al Sr. Humberto que si no se marchaba "lo mataría", que no le importaba ir a la cárcel y que el Juzgado "se lo pasaba por los cojones". Inmediatamente después, la Sra. Adela avisó a su esposo el Sr. Eulogio, quien le dijo a Humberto "te voy a rajar con un cuchillo desde el estomago hasta el corazón" y "voy a ir a por la escopeta y te voy a pegar cuatro tiros", todo lo cual fue presenciado por el padre de Humberto, D. Silvio ".
La parte dispositiva de la referida sentencia recaída en primera instancia, acuerda textualmente lo que sigue:
"FALLO: Que debo condenar y CONDE NO a Eulogio, como autor responsable de una Falta de AMENAZAS LEVES, prevista y penada en el artículo 620.2 del Código Penal, a la pena de multa de VEINTE DÍAS, a razón de OCHO EUROS de cuota diaria, que da lugar, salvo error u omisión, a una multa de CIENTO SESENTA EUROS.
Que debo condenar y CONDENO a Adela, como autora responsable de una Falta de AMENAZAS LEVES, prevista y penada en el artículo 620.2 del Código Penal, a la pena de multa de VEINTE DÍAS, a razón de OCHO EUROS de cuota diaria, que da lugar, salvo error u omisión, a una multa total de CIENTO SESENTA EUROS. En caso de impago de la multa por cualquiera de los dos condenados, quedará sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, pudiendo hacerse efectiva mediante localización permanente y, previa audiencia del penado, sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad, a razón de una jornada de trabajo por cada día de privación de libertad
CONDENO a Eulogio y a Adela al pago de las costas procesales, si las hubiere".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por parte de los citados recurrentes, alegando los motivos que a su derecho convino, siendo admitido a trámite en ambos efectos y, previo traslado del mismo a las partes apeladas, fueron remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, turnándose la ponencia y quedando los autos sobre la mesa del ponente para examen.
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HECHOS PROBADOS.
Se aceptan en su totalidad los hechos probados recogidos en la sentencia dictada en primera instancia.
Se aceptan los fundamentos jurídicos y el Fallo recogidos en la sentencia dictada en primera instancia, en cuanto no se opongan a los que siguen.
Una vez emitida sentencia absolutoria con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hechos de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por parte de los referidos recurrentes, fundamentándolo en un supuesto " error en la valoración de la prueba por parte de la Juzgadora de Instancia ", con infracción de la figura típica contemplada en el art. 620.2 del CP ., al entender que la declaración del denunciante no es suficiente como para propiciar una sentencia condenatoria.
En conclusión, vienen a considerar, que no existe prueba de cargo suficiente como para enervar los efectos propios del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución.
En base a todo ello, interesan la revocación de la sentencia recurrida, acordándose la libre absolución de los condenados.
Sentadas de esta manera las bases en las que se fundamenta el recurso de apelación interpuesto, debemos entrar en el análisis del primer motivo de recurso, el cual hace referencia, como se ha dicho, al supuesto " error en la valoración de la prueba", considerando que no existen pruebas suficientes como para condenar a los denunciados por la falta de amenazas objeto de condena.
Por tanto, el contenido básico del este motivo se sostiene en la pretensión de desvirtuar la valoración verificada por la juez de instancia de las declaraciones y testimonios de incriminación efectuados por la denunciante sustituyendo el análisis inmediato, imparcial y fundado de la Juzgadora "a quo", por su propia valoración, alegando que de la prueba practicada, al contrario de lo que concluye la juzgadora de instancia, no se infiere la realidad de la infracción imputada a los denunciados.
En primer lugar y, como consideración previa, debe recordarse que lo que se plantea por el recurrente es que, a través de una nueva valoración de la prueba verificada en el acto del juicio oral -entre la que se incluye la declaración de ambos implicados, así como la prueba documental, se sustituya el pronunciamiento condenatorio dictado en la instancia, por otro absolutorio en esta alzada.
Para ello, conviene destacar la sentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional a este respecto, jurisprudencia introducida por la sentencia 167/2002 del Pleno de este Tribunal, de 18 de septiembre (FFJJ 9 y 10), al establecer que " ha precisado la doctrina en relación con la exigencia de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal, adaptando la interpretación constitucional del derecho a un proceso con todas las garantías a las exigencias del art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas, en la interpretación que de él viene haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En concreto, procede recordar que toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales viene a sostener que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de Instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en Ia actividad probatoria y apreciar personalmente resultado, así como Ia forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.
De ahí, que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987 y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderando examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador a quo de tal...
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