STS, 18 de Marzo de 2011
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:2011:1206 |
| Número de Recurso | 2772/2007 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 18 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Marzo de dos mil once.
Visto el recurso de casación nº 2772/2007, interpuesto por el Procurador Don Fernando Rodríguez-Jurado Saro en representación de la "Agrupación de Interés Urbanístico Salto del Agua de la UE -SSJ-1-0" contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de marzo de 2007 (recurso contencioso- administrativo nº 608/2002 ). Se han personado como partes recurridas el Ayuntamiento de Manises, representado por el Procurador Don Antonio Ramón Rueda López y la mercantil Cota Cero Promociones Mediterráneo S.L., representada por la Procuradora Doña África Martín Rico.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia en fecha 12 de abril de 2007 (recurso contencioso administrativo nº 303/04 ) en cuya parte dispositiva se acuerda:
"1) Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 608 de 2002, interpuesto por la Agrupación de Interés urbanístico "Salto del Agua de la UE -SSJ-1-0", contra el acuerdo, de 27 de diciembre de 2001, del Ayuntamiento de Manises, por el que se aprueba el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico de los sectores de suelo industrial de la modificación nº 8 del PGOU (San Jerónimo-Aeropuerto) y se adjudica el mismo a "Cota Cero Mediterráneo S.L.". 2) No efectuar expresa imposición de costas".
Notificada a las partes la sentencia, la representación de la recurrente presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido definitivamente preparado por providencia de 26 de abril de 2007, en el que se ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo previo emplazamiento de los litigantes.
La representación de la parte recurrente formalizó la interposición del recurso de casación mediante escrito presentado el 13 de junio de 2007 en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, termina solicitando que se declare haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando sentencia en consonancia con los motivos de casación alegados.
Mediante providencia de fecha 21 de noviembre de 2007 se admitió el recurso de casación interpuesto, atribuyéndose su conocimiento a la Sección Quinta de esta Sala. Por providencia de 30 de enero de 2008 se dio traslado a las partes recurridas del escrito de interposición para oposición, formalizándose por escritos de 17 y 26 de marzo de 2008, y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose finalmente al efecto el día 15 de marzo de 2011, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, Magistrado de la Sala.
En las presentes actuaciones se examina el recurso de casación interpuesto por la "Agrupación de Interés Urbanístico Salto del Agua de la UE -SSJ-1-0" contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de marzo de 2007 (recurso contencioso- administrativo nº 608/2002 ), por la que se desestimó la impugnación formulada por la actora contra el Acuerdo de 27 de diciembre de 2001, del Ayuntamiento de Manises, por el que se aprueba el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico de los sectores de suelo industrial de la modificación nº 8 del PGOU (San Jerónimo-Aeropuerto) y se adjudica el mismo a "Cota Cero Mediterráneo S.L."
Tal y como han señalado los recurridos, en sus respectivos escritos de oposición, este recurso de casación es inadmisible.
Señalamos, ante todo, que la posibilidad de apreciar la inadmisión del recurso no debe considerarse precluida aunque se haya alcanzado el momento de dictar sentencia, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Y no es obstáculo para que tal inadmisión se acuerde en la sentencia el hecho de que el recurso de casación haya sido admitido en un momento procesal anterior, al tener esa admisión carácter provisional según jurisprudencia constante (en este sentido, y por todas, STS de 26/11/2010, RC 4636/2006 ). Dicho esto, ya hemos anticipado que el presente recurso de casación debe ser declarado inadmisible. Veamos ahora las razones.
La sentencia recurrida, de fecha 14 de marzo de 2007 , ha sido dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, introducida por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre , de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial .
Con arreglo a dicha reforma corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo conocer " de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico " (artículo 8.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 ); correspondiendo, por tanto, el conocimiento de dichas cuestiones en segunda instancia a las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (artículo 10.2 ).
Pues bien, en el caso que nos ocupa el acto administrativo impugnado en el proceso de instancia queda comprendido en el ámbito de ese artículo 8.1 de la Ley de la Jurisdicción , ya que los Programas de Actuación Integrada valencianos (PAI), cuando, como ocurre en este caso, no modifican la ordenación del ámbito, constituyen, al igual que los proyectos de reparcelación y urbanización, instrumentos de gestión o ejecución urbanística, careciendo de naturaleza reglamentaria y correspondiendo por tanto el conocimiento de su impugnación en primera instancia, tras la referida reforma legal, a los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo. En tal sentido se ha pronunciado esta Sala en numerosas resoluciones, de innecesaria mención específica por su reiteración.
La cuestión a resolver se centra, por tanto, en el tratamiento que a efectos impugnatorios ha de darse a sentencias que, como la aquí recurrida, han sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de aquella Ley Orgánica 19/2003 en procesos pendientes ante ellas que, sin embargo y tras esa reforma, son de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Pues bien, al igual que hemos declarado en las numerosas ocasiones en las que se nos planteaba esta misma cuestión, el presente recurso de casación debe ser declarado inadmisible, ya que, habiendo sido dictada la sentencia recurrida en fecha 14 de marzo de 2007 , le es plenamente aplicable el régimen de recursos establecido en las normas transitorias de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre , de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial , así como las de la Ley Jurisdiccional 29/98, de 13 de Julio , pues es doctrina consolidada y uniforme de esta Sala que debe aplicarse a esas sentencias la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley , lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia, contra las que no cabe recurso de casación pues éste sólo procede contra las recaídas en única instancia (artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales del recurso de casación (artículo 139.2 de la LRJCA ).
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Inadmitimos el recurso de casación nº 2772/2007, interpuesto por la "Agrupación de Interés Urbanístico Salto del Agua de la UE -SSJ-1-0" contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de marzo de 2007 (recurso contencioso- administrativo nº 608/2002 ); con imposición de las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
