STSJ Cataluña 814/2010, 15 de Septiembre de 2010
| Ponente | JOAQUIN JOSE ORTIZ BLASCO |
| ECLI | ES:TSJCAT:2010:7907 |
| Número de Recurso | 1100/2008 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 814/2010 |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Rollo de apelación nº 1100/2008
SENTENCIA Nº 814/2010
ILMOS. SRES.:
PRESIDENTE:
DON JOAQUIN JOSÉ ORTIZ BLASCO
MAGISTRADOS:
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
DON JAVIER AGUAYO MEJIA
En la ciudad de Barcelona, a 15 de septiembre de 2010.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCION QUINTA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelación número 1100/2008, interpuesto por DON Agapito, representado por la Procuradora DOÑA MONTSERRAT MARTÍNEZ VARGAS y dirigido por la Letrada DOÑA BEGOÑA CORREDERA CASES, siendo parte apelada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y dirigida por el sr./a ABOGADO/A DEL ESTADO.
En el recurso contencioso-administrativo nº 236/2007, tramitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Barcelona, se dictó sentencia, el 3 de abril de 2008, en la que se acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de 6 de febrero de 2007, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución, de 20 de noviembre de 2006, que acuerda la expulsión del territorio nacional del ciudadano boliviano, don Agapito, prohibiéndole la entrada en España por un periodo de 5 años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto la expulsión.
Contra la referida sentencia se interpuso por don Agapito, recurso de apelación que fue admitido a trámite, elevándose las actuaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Turnado a la Sección 5ª de dicho Tribunal, se acordó, por formar el oportuno rollo, y designar Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. DON JOAQUIN JOSÉ ORTIZ BLASCO, y tras los trámites procesales pertinentes se señaló para votación y fallo.
La Sentencia apelada acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de 6 de febrero de 2007, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución, de 20 de noviembre de 2006, que acuerda la expulsión del territorio nacional del ciudadano boliviano, don Agapito, prohibiéndole la entrada en España por un periodo de 5 años, a contar desde la fecha en que se lleve a efecto la expulsión.
Conviene significar que los hechos que determinan el acuerdo de expulsión y que aparecen así descritos en todas las actuaciones administrativas es que don Agapito, ciudadano de nacionalidad boliviana, fue identificado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía el día 10 de julio de 2006, cuando se encontraba en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat, comprobando que carecía de documentación que habilitara su estancia legal en España, esto es, encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente (artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre ), en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que constituye causa de expulsión de acuerdo con lo previsto en el artículo
57.1 del citado texto legal, constándole una detención como presunto autor de un delito de violencia doméstica.
No le cabe duda al Tribunal que la motivación que se contiene en la resolución que acuerda la expulsión se muestra como suficiente para que el interesado conozca los motivos en virtud de los cuales se sustenta dicha medida. Así pues, sin necesidad de transcribir aquí la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia, de la que son suficientemente conocedoras las partes, puede concluirse que la resolución administrativa impugnada contiene la motivación suficiente para conocer las razones que ha tenido la Administración demandada para dictarla.
Es doctrina del Tribunal Supremo que en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado/a o sus circunstancias, y...
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