STSJ Canarias 1950/2009, 28 de Diciembre de 2009
| Ponente | HUMBERTO GUADALUPE HERNANDEZ |
| ECLI | ES:TSJICAN:2009:5627 |
| Número de Recurso | 1387/2007 |
| Número de Resolución | 1950/2009 |
| Fecha de Resolución | 28 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Social |
SENTENCIA
En el recurso de suplicación interpuesto por Perfaler Canarias S.L. y Ayuntamiento De San Bartolome De Tirajana contra la sentencia de fecha 18 de abril de 2007 dictada en los autos de juicio nº 0001113/2006 en proceso sobre DERECHOS , y entablado por Dña. Rocío , contra Perfaler Canarias S.L. y Ayuntamiento De San Bartolome De Tirajana .
El Ponente, el Iltmo. Sr. D. Humberto Guadalupe Hernández , quien expresa el criterio de la Sala.
La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente
La parte actora presta sus servicios como auxiliar administrativo en las instalaciones del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conforme al iter contractual que consta en la vida laboral que se da por reproducida con antigüedad del 8- 10-02.
Perfaler Canarias S.L., empresa de servicios, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tienen suscrito un convenio de contratación centralizada de diversos servicios complementarios para el funcionamiento de la Administración municipal, integrados en diversas áreas de gestión conforme a pliego de condiciones que consta en autos y se da por reproducido.
Las funciones que la actora ha venido realizando para el Ayuntamiento las ha realizado bajo la dirección y supervisión directa del Ayuntamiento, perteneciendo al Ayuntamiento toda la infraestructura y medios materiales con los que trabaja, organizándose también con el mismo las vacaciones y permisos. Consistiendo sus funciones en las propias de auxiliar administrativo, no utilizando uniforme ni distintivo de Perfaler.
Se agotó la vía previa.
La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda interpuesta por Doña Rocío contra Perfaler Canarias S.L y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debo declarar que se ha producido una cesión ilegal de la trabajadora por parte de Perfaler Canarias S.L a el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y habiendo optado, que es trabajadora indefinida delAyuntamiento como auxiliar administrativo con la antigüedad declarada en los hechos probados y salario conforme a los establecido en el convenio, condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración.
Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la empresa Perfaler Canarias S.L., que fue impugnado de contrario.
La sentencia de instancia estima la demanda de la actora y declara la existencia de una cesión ilegal entre las codemandadas, condenando a las consecuencias de la misma.
Contra dicha sentencia se alzan ambas codemandadas, formulando sendos recursos con base en motivos de nulidad, de revisión fáctica y de censura jurídica, procediendo el examen en primer lugar del recurso de Perfaler Canarias S.L. pues el éxito del motivo de nulidad tarea innecesaria el examen del otro recurso.
La citada empresa, con fundamento en el artículo 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral alega infracción de norma procesal que le produce indefensión, citando en concreto el artículo 43.3 y alegando la incongruencia al entender que al aceptar el juez en el fallo la opción del trabajador de pertenecer al Ayuntamiento ha infringido el citado precepto.
El motivo así articulado ha de decaer, pues no existe infracción de norma, y mucho menos indefensión.
El trabajador en su demanda, y para el caso del éxito de la empresa opta por que se le integre en la plantilla del Ayuntamiento, su verdadera empleadora, y la estimación de la demanda por el juez, y, por tanto, de este aspecto del Supremo, ni supone infracción de norma, ni produce indefensión a la recurrente, que pudo oponerse a ello en la instancia y lo hace ahora en el recurso.
Por todo ello el motivo ha de ser desestimado.
En segundo lugar y con amparo en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral pretende las siguientes revisiones fácticas:
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La adición de un nuevo párrafo al hecho 2º con el siguiente texto: "La entidad Perfaler Canarias, S.L., tiene adjudicado el Concurso Abierto en Orden a la Contratación Centralizada de diversos servicios complementarios para el funcionamiento de la administración municipal, integrados en distintas áreas de gestión. En el pliego de condiciones económico-administrativas se establece que, sin perjuicio de la directa vinculación del personal a la empresa adjudicataria, y, al margen de las instrucciones que para la ejecución del servicio le hayan sido dadas por la Dirección de la misma, la Corporación contratante, se reserva la facultad de organizar, dirigir y orientar al trabajador en aquellas tareas cuya peculiaridad o complejidad así lo aconsejen.
La inspección y, en su caso, la organización, dirección y orientación de los servicios, lo efectuará la Corporación Municipal a través de sus técnicos, concejales-delegados de áreas de gestión o funcionarios responsables de servicios, cuyas instrucciones puntuales vincularán al contratista y, en ausencia de éste, al personal dependiente del mismo".
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La adición de un hecho nuevo, ordinal 5º del siguiente tenor: "La Empresa Perfaler Canarias, S.L., tiene un plantilla de 347 trabajadores al mes de julio de 2.006 y un balance al 11-9-06 de más de 9 millones de euros, contando con inmuebles y locales propios, así como con los recursos necesarios para desempeñar su actividad.
Asimismo, Perfaler Canarias, S.L., ejerce el poder de dirección y organización empresarial sobre la totalidad del personal de su plantilla, incluida la fijación del período de disfrute de las vacaciones".
Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes,han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho, la «prueba negativa», consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (STS 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986 ) y STS, 17 de noviembre de 1990 ) «... sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...); c), que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o pericia les que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de la nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.
A la vista de lo expuesto el motivo ha de decaer, pues resultan irrelevantes de cara al fallo por lo que luego se dirá.
Por último y con amparo en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral alega infracción de los artículos 42 del Estatuto de los Trabajadores , en relación con el artículo 5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , entendiendo que se trata de un proceso de descentralización o externalización del proceso productivo que es conforme a derecho, litigando la existencia de cesión ilegal.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencia de 26.10.2006 ha afirmado en relación con la cesión ilegal y la contrata lo que sigue:
"...Llegados a este punto conviene destacar que la descentralización productiva se puede manifestar a través de muy variadas fórmulas jurídicas, las cuales, por lo demás, no siempre están reguladas en un mismo sector del ordenamiento jurídico.
Entre todos los instrumentos que permiten llevar a cabo el objetivo descentralizador destaca por su importancia cuantitativa de las contratas y subcontratas de obras o servicios, entendidas como la operación mediante la cual una empresa (llamada principal o comitente encarga a otra (denominada contratista) que ejecute una parte de la producción o determinados servicios de conformidad con ciertas instrucciones o directrices establecidas o señaladas previamente.
Al delimitarse doctrinal y legalmente la contrata se hace una delimitación positiva y otra negativa del objetivo de la contrata, señalando desde un punto de vista positivo como objeto las obras y los servicios, y al hacer la delimitación negativa se señala que las contratas deben tener por objetivo obras o servicios, ejecutadas con una organización empresarial y asunción del riesgo, lo que impide que los contratos se puedan concertar con el simple objeto de proporcionar mano de obra.
Ello sitúa la cuestión en el ámbito de marcar la frontera entre la contrata y la cesión ilegal, regulada esta última en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores .
La doctrina y la jurisprudencia han señalado como indicios y criterios de interés para...
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STS, 3 de Marzo de 2011
...por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede en las Palmas de Gran Canaria, en recurso de suplicación nº 1387/07 , interpuesto contra la sentencia de fecha 18 de abril de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria , en autos ......