La vulneración en el impuesto sobre sucesiones y donaciones del derecho de la unión europea por discriminación de residentes en países terceros

AutorCarlos María Sánchez Galiana
Cargo del AutorUniversidad de Jaén
Páginas187-191
CAPÍTULO 16. LA VULNERACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA POR DISCRIMINACIÓN
DE RESIDENTES EN PAÍSES TERCEROS
Carlos María Sánchez Galiana
Universidad de Jaén
1.PROBLEMÁTICA NORMATIVA DEL ISYD
Conforme regulan los arts. 32 y 48 de la Ley 22/2009 las CC.AA. tienen
atribuidas competencias normativas para regular, reducciones en la base
imponible y deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
en conexión exclusiva con el territorio de esas Comunidades. Esos beneficios
fiscales no resultaban aplicables a los ciudadanos no residentes en España
(comunitarios o no) por cuanto las obligaciones de que los mismos sean
contribuyentes se rigen por la normativa estatal de la Ley 29/1987, reguladora del
ISYD, con benficios fiscales de menor cuantía. Por tanto, con carácter general,
resulta más favorable para los obligados tributarios la aplicación de la normativa
autónomica respecto de la normativa estatal más onerosa; ello implicaba la
discriminación de los contribuyentes no residentes en España.
Como consecuencia de las regulaciones normativas de las CC.AA. en el ISYD, la
sucesión o donación en la que intervenga un causahabiente o un donatario o un
causante que no resida en España o la donación de un inmueble que no este situado
en territorio español no podría beneficarse de esas reducciones o deducciones
fiscales autonómicas ocasionando una discriminación contraria al derecho
comunitario; en particular se podrían vulnerar los arts. 21 (libre circulación de
personas) y 63 (libre circulación de capitales) del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, asi como el art. 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (en el mismo sentido del citado art. 63).
La primacía y efecto directo del derecho comunitario sobre el nacional se
infiere de lo dispuesto en apartado 1.c) del art. 7 de la Ley General Tributaria de
donde se desprende no solo que las normas de la Unión Europea forman parte de
las fuentes del ordenamiento jurídico tributario, sino que incluso tienen
prevalencia sobre las normas de derecho interno, en virtud de los principios de
eficacia y primacía del derecho comunitario. Por tanto las disposiciones nacionales
no deberán constituir ni una discriminación no justificada, ni una restricción a la
libre circulación de personas y capitales como refiere el TFUE. En consecuencia la
normativa del ISYD vulnera, como vermos a continuación, el derecho comunitario
que prohibe la discrimación de cualqiuer ciudadano por razón de la residencia en
un Estado que no sea España. Conforme al Derecho de la Unión el trato ante igual
situación, en aplicación de la normativa fiscal española, debe ser el mismo
resultando indiferente la residencia en territorio Español.

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