A vueltas con la vivienda: usos residencial y turístico (las leyes autonómicas tras la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda)
| Fecha | 14 Mayo 2024 |
| Autor | F. Javier Fuertes López - Magistrado y Profesor de la Universidad de Navarra |
| Autor |
Hubo quien pensó (e incluso sigue pensando) que con la promulgación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se avanzaba en la resolución del problema de la habitabilidad. Entre los ingenuos que pensaban de tal manera se encuentran quienes promovieron y aprobaron la norma.
Ese escenario está siendo atacado desde (al menos) dos frentes. Por una parte, mediante la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad formulados por las Comunidades Autónomas, en cuanto titulares de la competencia en esa materia, conforme a lo establecido en el artículo 148.1.3 de la Constitución. Por otra, mediante la promulgación de normas autonómicas con rango de ley, haciendo uso, eso sí, del instrumento (excepcional para la Constitución, ordinario para nuestros gobernantes, estatal y autonómicos) del Decreto-ley.
De que ninguna estabilidad existe en esta materia da cuenta el continuo devenir de normas que se van promulgando en este ámbito.
En los últimos meses (medio año), y tomando como punto de partida el Decreto Ley catalán 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico (Decreto-ley sobre que se han realizado diversos comentarios, entre ellos: Análisis del Decreto Ley 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico en Cataluña, se han ido publicando diversas normas entre las que conviene tener en cuenta algunas, como son:
- Decreto-ley Canarias 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda
- Decreto ley Cataluña 6/2024, de 24 de abril, de medidas urgentes en materia de vivienda
- Ley Baleares 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda
Sin que, por otra parte, se pueda obviar la existencia de otras normas menores en materia de despoblación, ayudas a la mejora de la accesibilidad y a las viviendas, movilización de viviendas para el alquiler en ayuntamientos, así como la convocatoria por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de una Conferencia Sectorial para abordar la temática de los pisos turísticos.
Es un hecho que resulta difícil entender Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Pero eso significa que en ella no se contengan previsiones con efectos en la práctica, aunque muchas de ellas resulten incomprensibles, cuando no de dudosa constitucionalidad (lo que ha dado lugar al planteamiento de recursos de inconstitucionalidad por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Grupo parlamentario Popular en el Congreso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vasco).
Pero en esa Ley, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico hace un año, se incluyen previsiones a las que da la impresión que no se ha prestado demasiada atención (desde luego no la que merecen).
Es el caso de la efectuada en el artículo 1.2 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, al establecer, como objeto de la norma, “la regulación del contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social , que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” (previsión que se completa con “en el marco de los instrumentos...
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