VIII. Economía circular de la justicia en clave de eficiencia: trilogía organizativa, procesal y digital
| Páginas | 219-245 |
| Autor | Sonia Calaza López |
VIII. ECONOMÍA CIRCULAR DE LA JUSTICIA
EN CLAVE DE EFICIENCIA: TRILOGÍA
ORGANIZATIVA, PROCESAL Y DIGITAL
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del
Servicio Público de Justicia es la feliz progresión –el desenlace todavía no ha llegado
(¡nos falta la anhelada Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal!)– de un ambicioso
Plan –el Plan Justicia 2030– que –desde los albores de 2020 (puesto que tenía un
horizonte inicial a diez años vista)– concibió la Justicia –con destacado acierto–
como una palanca de transformación de nuestro país: las reformas se han venido
sucediendo en un formato legislativo deficiente (dos de ellas a través de Real De-
creto Ley: concretamente el 5/2023 y el 6/2023), así como de forma desconectada
y desordenada respecto de la planificación inicial –¡cierto!– pero –al término– la
práctica totalidad de genuinas propuestas –con escasas excepciones– se han hecho
realidad.
Pero esta Ley no es un verso suelto. Como se ha dicho, esta nueva legislación
forma parte de un Plan de Justicia integrado (a pesar de su desacompasada salida
a escena) en el que, bajo la idea fuerza de la eficiencia (o rentabilidad organiza-
tiva, procesal y digital: esa aspiración legislativa a lograr más y mejores resulta-
dos sustantivos con menos medios procesales) se han promocionado reformas tan
estructurales de la Justicia como las siguientes: (i) la instauración de una nueva
casación civil (amparada en el exclusivo interés casacional) con algunas (otras) re-
visiones puntuales en los restantes órdenes de nuestra única Jurisdicción172 –por
obra del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan
determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Gue-
rra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones
de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar
y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento
del Derecho de la Unión Europea; y (ii) la actualización o reformulación; incluso,
la instauración (según cada caso) de muy distintos ejes: (ii.1) la reformulación del
172 Para un análisis detallado, se remite al/a la lector/a a la obra: VV.AA., “La casación Civil”,
Coordinadores: Sonia Calaza López y José Ramón García Vicente, Ed. La IIILALEY, Madrid, 2023.
220 Sonia Calaza López
juicio verbal (amplificación cuantitativa/cualitativa) y coherente adaptación, de los
procesos inmobiliarios, a la nueva legislación de vivienda173; (ii.2) la implementa-
ción del procedimiento testigo civil174; (ii.3) la recreación de la apelación175; (ii.4)
la adopción de un buen número de medidas encauzadas a agilizar (¡y humanizar!)
el proceso judicial; y al fin, (ii.5) la gran estrella de esta reforma: la digitalización
de la Justicia176 –esta vez gracias al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública,
régimen local y mecenazgo–.
Pero la gran reforma de la Justicia 2030 pivota, a su vez, sobre una tercera ac-
ción legislativa, en principio desconectada respecto de esa planificación global,
pero que –indudablemente– procura (¡sin conseguirlo!) colmar una deficiencia de
nuestro sistema procesal. Y es que de forma (casi) acompasada con aquella legisla-
ción de 2023 –los dos Reales Decretos Leyes ómnibus– y con esta novedosa (y cier-
tamente disruptiva) Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del
Servicio Público de Justicia: hace apenas dos meses se aprobó –a modo de puente
normativo entre una y otra– la (en cierto modo, eclipsada) Ley Orgánica 5/2024,
de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa. Esta (escasa y parcelada) regulación del
derecho de defensa (inexplicablemente escindido respecto de “la otra cara de esta
misma moneda”: el de acción) debe incorporarse –como es lógico– al conjunto de
reformas procesales estrenadas en esta legislatura177.
Los pilares legislativos de aquel Plan Justicia 2030 se asentaban –en su génesis
originaria– sobre una cimentación (comprometida con los fondos del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de la UE) estructurada –esencialmente–
en tres hitos (los tres referidos a la eficiencia): (i) la eficiencia procesal, con inser-
ción de mecanismos, herramientas y técnicas de agilización –¡incluso de evitación!
de los procesos (gracias al fomento de fórmulas negociales, tanto intra como extra-
173 Para su detallado análisis, se invita a analizar la obra monográfica: “La vivienda física &
digital de Familia: Claves civiles y procesales”, dirigido por Sonia Calaza López y Fátima Yáñez Vivero,
IIILALEY-DERECHO DE FAMILIA nº 41, marzo 2024.
174 Para su estudio, se recomienda revisar la obra: “El nuevo procedimiento testigo y extensión
de efectos”, Dir. Sonia Calaza López y Mercedes de Prada Rodríguez, Ed. AranzadiLALEY, Madrid,
2024, 631 pp.
175 Se sugiere, en este punto, la lectura de nuestra obra: VV.AA., “El recurso de apelación civil:
Fundamentos, claves y análisis crítico de la reforma”, Dirección Sonia Calaza López e Ixusko Ordeñana
Gezuraga, Ed. AranzadiLALEY, Madrid, 2024, 1046 pp.
176 Vid., VV.AA., “NEXT GENERATION JUSTICE: Digitalización e Inteligencia
Artificial”, Dirección Sonia Calaza López e Ixusko Ordeñana Gezuraga, Ed. AranzadiLALEY,
Madrid, 2024, 1646 pp.
177 Para un análisis crítico de esta legislación, vid., CALAZA LÓPEZ, S., “El árbol de la ciencia
procesal: acción & defensa en clave permanente”, Actualidad Civil nº 12, Ed. La Ley, Madrid, diciembre,
2024.
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