VII. Economía circular de la justicia civil indisponible
| Páginas | 141-217 |
| Autor | Sonia Calaza López |
VII. ECONOMÍA CIRCULAR DE LA JUSTICIA
CIVIL INDISPONIBLE
La Justicia civil indisponible es la gran olvidada de la reforma: en efecto, toda
la legislación del trípode procesal se ha venido ocupando durante estos años de los
procesos civiles en general, salvo de los que afectan a las personas más vulnerables
de la sociedad, que fueron reformados –curiosamente– por normas distintas a las
procesales.
Antes de entrar a desgranar cada uno de estos procesos, me parece relevante po-
ner una “hoja de reclamaciones” a la Justicia de la vulnerabilidad; concretamente
la siguiente:
El Legislador procesal busca (ya se ha visto) –como aguja en un pajar– las mil
y una fórmulas de lograr la “eficiencia de la Justicia” con los mismos mimbres eco-
nómicos de siempre: conseguirá, a buen seguro, de perfilarse adecuadamente tales
instrumentos procesales, algunos de extraordinaria valía, grandes resultados en los
conflictos de Derecho privado, pero ninguno, me atrevo a preludiar, en materia de
vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad va por otro cauce: tratar de dar respuesta
a los conflictos afectantes a las personas desfavorecidas con técnicas de eficiencia,
de digitalización o de descentralización judicial, tales como la minoración de fases
procedimentales, la intensificación de las TICs o la implementación obligatoria de
los MASC; ya no digamos de universalización de la Justicia, como la unificación de
cauces procedimentales para los conflictos masivos, parece un relato próximo a la
ciencia-ficción161.
Ya no se puede rentabilizar más la Justicia de los colectivos vulnerables: prime-
ro, porque la vulnerabilidad es transversal y, en consecuencia, no admite cauces
universales; segundo, porque la vulnerabilidad precisa siempre una atención tem-
prana: si el respirador de la Justicia no llega a tiempo, la asfixia está asegurada; y al
fin, tercero, porque las nuevas fórmulas mágicas de descentralización de la Justicia
–y derivación de la solución de la controversia a otros profesionales–, de agilización
–y reducción o, incluso, omisión de trámites– o, incluso, de digitalización –e im-
161 Vid., CALAZA LÓPEZ, S., “Retos de una Justicia adaptada a la fragilidad derivada de la
pandemia”, Otrosí nº 8, 7ª época, Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Madrid,
mayo de 2021.
142 Sonia Calaza López
posición de una vía telemática a personas sin la menor alfabetización tecnológica–
resultan, en muchos casos, impensables.
Si a estas nuevas aristas –multiplicidad, heterogeneidad, emergencia, crudeza–
de la vulnerabilidad recién asomada, en nuestro mapa conflictual postmoderno,
añadimos los males endémicos de siempre –la ausencia de medios, la inmisericorde
soledad (falta de asistencia personal: de atención familiar y social; a veces, incluso
médica, de estas personas), la superposición de trámites con un verdadero ensaña-
miento procesal, la escasez de recursos, la carencia de tiempo, la insuficiencia de
talento (por la escasa formación en las técnicas, habilidades y destrezas necesarias
para afrontar este tipo de peculiares conflictos), la escasa visibilidad (incluso, el
ocultamiento social); y el generalizado desprecio, en no pocos casos, por la ver-
dad– entonces muchos episodios de esta dramática litigiosidad pasan del delirio a
la agonía sin solución de continuidad.
Por todo ello, me parece oportuno establecer, telegráficamente, en formato de
atributos, cual es la Justicia de las personas vulnerables, a la que aspiramos, con
toda modestia y austeridad. Y en esta hoja de ruta de una Justicia adaptada a la
vulnerabilidad de siempre me parecen esenciales los siguientes retos:
1º. JUSTICIA DESAHOGADA: Si en tiempos de bonanza, como así acon-
tece, se invierte en el Derecho sustantivo; es de justica, en su justa reci-
procidad, que en tiempos de penuria, dónde los conflictos se multiplican,
deba invertirse en Derecho procesal, siquiera sea porque la litigiosidad es
tanto –o más– cíclica que la economía. Sirva de ejemplo el siguiente: la
calidad de los medios electrónicos de los que disponen nuestros Juzga-
dores, en un tiempo de imprescindible digitalización de las vistas y los
juicios, puede estar íntimamente relacionada con el mayor o menor gra-
do de acierto de su decisión. Siquiera sea por una mínima sensibilidad
–¡y responsabilidad!– democrática, inconciliable con la aceptación de una
Justicia consumida, raquítica y demacrada, debieran financiarse, cuando
menos, equipos técnicos y humanos de la máxima calidad y nivel, respec-
tivamente, para la totalidad de Tribunales españoles.
2º. JUSTICIA ORDENADA: La litigiosidad afectante a la dignidad, in-
tegridad y subsistencia de la persona –relacionada con su salud física y
mental, así como con su mínimo vital– no puede esperar. Y por tanto,
una segunda medida de gestión de estos conflictos pasa por una impres-
cindible ordenación y priorización de los más urgentes –así, por ejemplo,
los internamientos involuntarios, la adopción de medidas de superviven-
cia pacífica para menores o la misma provisión de apoyos a personas con
discapacidad– frente a los menos perentorios, en este estado de sobresa-
turación y colapso, donde, como suele decirse, “no puede dejarse a nadie
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atrás” y menos aún, a las personas más frágiles, débiles o necesitadas de la
sociedad.
3º. JUSTICIA ACCESIBLE: Tres son, como se sabe, los momentos cruciales
de acceso a la Justicia: el primero, y acaso más relevante, el iniciático, en
el que la persona vulnerable ha de decantarse, ante su concreto conflic-
to, por acudir o no al proceso: para alcanzar esta relevante decisión tan
sólo contará con su propio empeño y/o con el apoyo, acompañamiento y
aliento de familiares y amigos; pero no, generalmente –y salvo casos muy
dramáticos– con un impulso institucional público: una vez dispuesta, la
persona vulnerable, a acudir al moderno “sistema judicial multi-puertas”,
ha de ofrecérsele, ya desde la institución pública, la posibilidad de optar,
siempre que su equilibrio intelectual se lo permita, entre un MASC –de
entre los varios que integrarán, a partir de ahora, el ingenioso modelo de
Justicia sostenible como “servicio público”: a los clásicos mecanismos au-
tocompositivos, se adicionan, ahora, como se sabe, fórmulas nuevas, crea-
tivas e innovadoras, así como cualesquiera otras que quiera/pueda expe-
rimentar– o un proceso judicial; el segundo momento ha de identificarse
con el transcurso procedimental del MASC o del proceso judicial; sea,
en este último caso, por el cauce de la Jurisdicción voluntaria –a la que
debiera conferirse, por cierto, un mayor valor, tanto respecto del engrosa-
miento de su ámbito objetivo, como del indispensable reconocimiento de
fuerza de cosa juzgada material), sea por el de la contenciosa (no parece,
sin embargo, que deba imponerse un MASC a las personas vulnerables): y
aquí ya debieran potenciarse fórmulas de acompañamiento institucional;
el tercer momento esencial es la culminación del proceso, que en el caso
de personas vulnerables, cuando la solución provenga del MASC, debiera
ser siempre revisado por una instancia judicial.
4º. JUSTICIA COMPRENSIBLE: La Justicia de la vulnerabilidad ha de ser
amigable, confiable, positiva, esperanzadora y, sobre todo, comprensible,
en todas sus fases; muy especialmente, en la final. Si las sentencias han de
ser claras, precisas, motivadas y razonadas con carácter general; tanto más
las dirigidas a las personas vulnerables. Resulta esencial que estas personas
comprendan, perfectamente, las razones que han llevado, al Juez, a adop-
tar, de entre todas las alternativas posibles, esa opción como la óptima
para regir su vida a partir de un determinado momento.
5º. JUSTICIA VIGILANTE: Las personas con extrema vulnerabilidad no
suelen acudir al Tribunal con un asesoramiento previo, un acompaña-
miento y refuerzo profesional, ni una estrategia procesal perfectamente
definida: el evidente desequilibrio que se puede producir entre las partes
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